DS(P) nº 63/5 del 7/3/2002

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Buenos días, señoras y señores Procuradores. Se reanuda la sesión con el duodécimo punto del Orden del Día, que ruego al señor Letrado dé lectura.

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL-LETRADO MAYOR (SEÑOR DE MARÍA PEÑA):

Duodécimo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a reconsideración de la evaluación de Programas Leader realizada por la Comisión de Selección de programas de desarrollo local".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para presentar la Proposición No de Ley, don Fernando Benito tiene la palabra.

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ:

Gracias, señor Presidente. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista vamos a defender la Proposición No de Ley sobre uno de los temas seguramente más trascendentales que pueden ocurrir en la Comunidad de Castilla y León en los próximos años, cual es el desarrollo rural, ligado por lo tanto al medio rural, por varias razones: en primer lugar, por el alto número de municipios y núcleos rurales que componen la... que configuran la Comunidad de Castilla y León, por su dispersión, por el grado de envejecimiento y del descenso poblacional, y especialmente la pérdida de empleo y la falta de empleo femenino, por la evolución de la agricultura tradicional con la consiguiente pérdida de la economía rural derivada del sector primario, y, evidentemente, por la cuantía de las ayudas. Esas son razones fundamentales para que sea uno de los temas, como digo, más relevantes que pueden ocurrirnos en estos próximos años.

Llevamos diez años de desarrollo rural, de desarrollo de programas de desarrollo rural en la Comunidad de Castilla y León. Yo diría que ha habido dos etapas, desde el Leader I -como digo- en el año mil novecientos noventa y dos hasta la actualidad, una etapa de desarrollo de Gobiernos Socialistas en la Administración Central, y ahora con el Gobierno Popular en la propia Administración Central.

Nosotros hemos defendido en múltiples ocasiones en este Parlamento Regional los principios que deben requerir un desarrollo rural absolutamente homogéneo, como son, en primer lugar, el respeto al pluralismo político, no al clientelismo que se pueda intentar hacer en los programas de desarrollo rural, aprovechar todas las energías y las sinergias que acompañan a los núcleos rurales actualmente -como digo- con una pérdida de población importante, la planificación desde los propios núcleos donde se van a desarrollar estos programas, y el respeto y la necesidad de una planificación organizada desde los ámbitos públicos.

¿Dónde estamos actualmente? Con la reforma de la PAC y la Agenda 2000, el desarrollo rural se convierte en el pilar básico del desarrollo de la política agraria comunitaria, la necesidad de diversificar el tejido productivo y la creación de empleo estable es una de las necesidades que tienen nuestros núcleos rurales. Revitalizar, por tanto, el mundo rural es uno de los compromisos de este pilar básico del desarrollo rural... (Murmullos). (Están un poco alborotados).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señorías, les ruego guarden silencio, por favor.

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ: ...

. que es lo que desea y quiere la Unión Europea. La Comunicación 139 del año dos mil establece dos premisas claras: en primer lugar, criterios y procedimientos claros y, en segundo lugar, transparencia y competencia claras y satisfactorias entre los grupos. Pone fondos la Unión Europea para desarrollo rural, pero quiere que se haga bien, quiere que se gestione bien y que produzca los efectos de creación de empleo.

¿Qué es lo que se está haciendo desde la Comunidad de Castilla y León? Yo creo que está muy claro que se han hecho una serie de acciones políticas y de acciones normativas que están dificultando -como digo- el desarrollo de estos programas. En primer lugar, una planificación política para ocupar zonas y municipios propios y ajenos, y una planificación, también política, para eliminar competencias del mundo rural. Se han realizado reuniones de los Consejeros sucesivos de Presidencia con Presidentes de Diputación y con Delegados Territoriales para actuar desde los ámbitos de las Diputaciones Provinciales. Tenemos ejemplos clarísimos en la Diputación de Palencia, en municipios de Valladolid, creando programas, en Salamanca, en Zamora, en Burgos, etcétera. En segundo lugar, la creación de un Comité de Valoración -que más adelante me referiré en exclusiva-. Y en tercer lugar, también de los ámbitos públicos, se ha actuado subvencionando desde diferentes Consejerías a asociaciones que son afines al Partido Popular.

En segundo lugar, normas que han desarrollado todo lo anterior. Si decíamos que la Comunicación Europea preveía un procedimiento abierto y transparente, lo que se ha hecho es absolutamente lo contrario. Desde el porcentaje de ocupación de los entes privados y públicos, que se ha cambiado absolutamente, de ser como mínimo el 50% a pasar a ser... que no se debe de sobrepasar ese 50%, con lo que ello significa, hacia la propia Comisión de Valoración que se ha creado, derivada de la Orden de la Consejería.

La composición de la Comisión de Valoración tiene tres componentes: la Administración Central, la Administración Autonómica y la Federación de Municipios y Provincias.

Pues bien, los baremos aplicados, derivados del Anexo número 15 de la Comunicación Europea, los ha aplicado -desde nuestro punto de vista- con extrema escrupulosidad la Federación de Municipios y Provincias, poniendo por delante el baremo que se va a aplicar a los diferentes programas. Las dos otras Administraciones se han dedicado, durante... en fechas posteriores, a conocer la puntuación de la Federación, a contraponer puntuaciones para llevar a su... a sus grupos alguna valoración superior.

Así tenemos dos ejemplos clarísimos, que voy a poner, para no extenderme. En primer lugar, el colectivo Tierra de Campos y el colectivo Valladolid Norte -por cierto, donde reside o donde nace el Consejero de Agricultura y el Delegado del Gobierno-, compensan las puntuaciones del Ministerio y de la Junta, sin tener una baremación previa, compensan las puntuaciones de la Federación Regional de Municipios y Provincias hecha por técnicos ecuánimes de ambos grupos.

Por todo ello, desde nuestro punto de vista, se deben de hacer dos cosas en esta situación. En primer lugar, la reconsideración de la valoración que se ha hecho de los proyectos Leader Plus en base a los resultados y al procedimiento, y la inclusión para su baremación definitiva con criterios... desde nuestro punto de vista, los criterios aprobados por la Federación de Municipios y Provincias -como digo-, que son claros, conocidos, públicos y absolutamente objetivos. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. ¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra de esta Propuesta? Señor De Miguel, por el Grupo Popular, tiene la palabra.

EL SEÑOR DE MIGUEL NIETO:

Sí. Gracias, señor Presidente. El Grupo Popular va a votar en contra de esta Proposición No de Ley, porque en ningún momento nuestro Grupo coincide ni en los antecedentes que ustedes exponen en esta Proposición No de Ley, ni desde luego en las Propuestas de Resolución que ustedes proponen.

Hemos de empezar diciendo que ustedes piden o solicitan que, de alguna manera, vuelvan todos los proyectos de los planes de desarrollo endógeno locales a la Comisión de Selección. Y diremos que esta Comisión de Selección todavía no ha emitido un informe favorable, o un informe, una Resolución, todavía no está elevada al Consejero de Agricultura; con lo cual, siguen todavía los trámites y sigue en esa Comisión de Selección todos los programas y todos los grupos de acción local.

Dentro de esta Comisión de Selección, que -como usted muy bien ha dicho- la componen paritariamente... -se ha olvidado de otros organismos-, pero que en ningún momento yo creo que aquí pueden prevalecer ni prevalecen en ningún momento los criterios políticos, porque hemos de decir que no es una Comisión de Selección que en ningún momento esté nombrada por el Partido Popular o por ningún Partido Político. Es una Comisión de Selección formada por tres componentes del Ministerio de Agricultura, de la Dirección General de Desarrollo Rural, tres componentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería y tres componentes que designa la Federación Regional de Municipios y Provincias, entre los cuales también tiene representación el Grupo Proponente.

Yo creo que aparte también hay otros tres componentes que no tienen... no tienen voto, pero sí tienen voz, como es un representante de la Dirección General de Trabajo, un representante de la Dirección General de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y un representante de la Consejería de Medio Ambiente. No tienen voto, pero sí tienen voz para cuantas cosas se les quieran consultar en aspectos referentes a los programas presentados que tengan implicación con estas áreas.

Por lo tanto, todavía la Comisión de Selección hasta el día de la fecha no ha formulado ninguna propuesta de resolución definitiva, que es lo primero que hay que hacer, para que después el Consejero, y previa aprobación y posterior publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, lo eleve a Bruselas vía siempre Ministerio de Agricultura.

Después, en cuanto a sus Propuestas de Resolución, yo creo que las valoraciones llevadas a cabo por los organismos y Administraciones que constituyen esta Comisión de Selección han realizado y han tenido en cuenta los planteamientos y criterios que figuran en la convocatoria por la Orden del cinco de septiembre, y que son, ni más ni menos, que los que ustedes dicen: en primer lugar, el territorio; en segundo lugar, el programa presentado; y, en tercer lugar, el grupo de acción local. Obteniéndose de todos estos baremos la puntuación de cada grupo en cada uno de los apartados mencionados como media de las valoraciones otorgadas al mismo por cada una de las instituciones, teniendo en cuenta en el apartado de grupo no solo el grado de implicación y experiencia del mismo, sino también los demás aspectos que figuran en la Orden del cinco de septiembre.

Y aparte de los generales que aquí se han expuesto, pues son muchos más; y se han tenido en cuenta, por ejemplo, la valoración que en cada programa se hace de los procedimientos de gestión. Y los procedimientos de gestión, pues, cuentan con dieciséis puntos... muy importantes, y que esta Comisión de Valoración ha tenido en cuenta, y que le enumeraré alguno de ellos. Por ejemplo, hay que tener en cuenta los mecanismos de funcionamiento de cada grupo, la toma de decisiones en compatibilidades previas en cada grupo de acción local, los sistemas de divulgación y aplicación del programa, la selección de proyectos y baremos para la determinación de la intensidad de la ayuda, sistemas de elaboración de informes técnicos-económicos, motivación de las decisiones, orden de pago de las ayudas, mecanismos de control posterior hasta la prescripción de las obligaciones contractuales, etcétera.

Aparte de estos baremos, también hay que tener muy en cuenta los estatutos de cada programa y el reglamento del régimen interior, así como la composición, el equipo técnico y los medios materiales, y el plan financiero.

Usted ha hecho referencia aquí -y, de alguna manera, desmonta todos sus argumentos- que, precisamente ahora, en esta nueva convocatoria del Leader Plus quizá sea cuando menos politizada pueden estar estos grupos, menos politizados pueden estar estos grupos, porque las propias directrices de la Unión Europea y en la propia Orden del... del cinco de septiembre se establece que las instituciones públicas no pueden llegar nunca a tener el 50% de la representación en los órganos de gestión, correspondiendo siempre más del 50% al resto de sectores que componen las juntas directivas, como son los agentes económicos y todo el resto de agentes sociales.

Con todos estos factores, yo creo que... con los que se ha hecho una primera valoración...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoría, el tiempo...

EL SEÑOR DE MIGUEL NIETO: ...

. por parte de la (Ya termino, señor Presidente). ... por parte de la Comisión de Selección que todavía no tiene -repito- carácter de propuesta definitiva, con criterios en todo momento -a la forma de ver de nuestro Grupo- serios, imparciales, no excluyentes y en ningún momento atendiendo a razones políticas, como ustedes parecen... o parece que esta mañana nos quieren acusar. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Señor Benito, para el turno de réplica.

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ:

Gracias, señor Presidente. Hombre, yo sé que es un día difícil, que ayer hubo un partido de fútbol, que la gente pudo incluso trasnochar, pero a estas alturas le puedo garantizar que yo sé leer. O sea, que a las diez y media de la mañana me venga usted a leer los Anexos, pues resulta bastante aburrido, porque, además, como no me puede leer los Anexos enteros, porque son veinte hojas, pues está... me parece que es una intervención que no aporta nada nuevo. El Anexo de la Circular 139 de la Unión Europea, pues es la que tengo aquí encima, la sé leer; por lo tanto, no me lea lo que debe de contemplar la baremación.

Lo que yo le digo es que esto pone los límites a cada uno de los epígrafes, por ejemplo, densidad de población. Y lo que ha hecho la Federación de Municipios y Provincias, con técnicos de los dos lados, es hacer esto, que es poner dentro de ese epígrafe una escala que codifica, de alguna manera, según la densidad de población y según el resto de los epígrafes, qué es lo que se tiene que aplicar. Esto es lo que se dice un baremo conocido previamente a establecer una valoración definitiva de los proyectos. Y esto es lo que la Administración Autonómica y la Administración Central no han hecho.

Y, en base a este Anexo, lo que ha hecho la Federación es puntuar todos los programas y sacar unos puntos, una baremación programa por programa para ver cuál es la puntuación final. Y eso es lo que no ha hecho la Administración Central y la Administración Autonómica. Que, además, conociendo... que, además, conociendo la puntuación final que ha hecho la Federación Regional de Municipios y Provincias -porque la hizo pública antes de la reunión-, lo que ha hecho es precisamente lo contrario: sin hacer nada de una baremación definitiva, ha cogido la puntuación final y ha ido compensando con sus puntos para que caigan los proyectos que no les interesaba.

Por lo tanto, si lee, lea todo; le damos media hora, perdemos el Pleno. Pero no me cuente nada de la baremación, porque claro que lo sé.

Segunda consideración. Hombre, yo pienso... ya no me sorprende nada a mí en esta Comunidad, y al Grupo nuestro, casi nada. Pero le tengo que decir que lo que no se puede gobernar es por anuncios en prensa. Todo el mundo sabe -incluidos los programas- cuáles son los aprobados y cuáles son los no aprobados. ¿Que falta expedir el certificado por la Administración? Pues faltará, pero está en los medios de comunicación. Es más, se ha dicho los que tienen que negociar, los que no tienen que negociar, los que están dentro... Luego, evidentemente, es público y notorio el resultado final del Leader Plus. Y, seguramente, es de las pocas cosas que oportunamente vamos a hablar aquí.

¿Que no existen criterios políticos? Mire, no existen criterios políticos cuando, de antemano, se establecen que cinco técnicos propuestos por el Grupo Socialista de la Federación y cinco técnicos del Grupo Popular sean los que baremen. Si no se sabe quién es en la composición, pues, evidentemente, yo puedo decirle con más criterio... (Murmullos). ¡Bah! es imposible...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señorías, les ruego guarden silencio, por favor.

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ: ...

Yo le puedo decir, entonces, que, desde luego, lo que no hay es criterios políticos en la valoración únicamente de la Federación, y, por eso, la Proposición nuestra lo que pide es que ese baremo sea el que se establezca con carácter definitivo.

Y le tengo que decir, por último, yo creo, seguramente, que la conclusión del resultado de los Leader Plus ustedes dicen que es la vez que es menos politizada. Mire, nunca ha habido tanta protesta como ha habido ahora. En la asignación anterior de programas -y le digo que ha habido dos etapas, la etapa socialista y la etapa del Partido Popular- se dieron los Programas Leader I, Leader II. Yo le puedo garantizar que sé de qué estoy hablando, y le puedo decir que no hubo ningún Grupo que se planteara ni siquiera recurrir la orden de adjudicación.

Ahora estamos en un proceso bastante diferente, entre otras cosas, porque yo le podría dar... y, seguramente, por falta de tiempo no le pueda dar muchos datos, pero existen en todas las provincias actuaciones desde el Partido Popular a través de Diputaciones, con grupos de Diputados -le he dicho Salamanca, le he dicho Zamora, le estoy diciendo Valladolid, le estoy diciendo Burgos, le estoy diciendo Segovia-, donde Ayuntamientos, Diputados conocidos, han ido creando asociaciones donde había asociaciones.

Y, mire, no estamos para jugar en el desarrollo rural. En esta Comunidad la situación del mundo rural es dramática: o se aprovechan -y lo hemos dicho nosotros- todas las sinergias, todas las energías en el mundo rural o nos cargamos el desarrollo rural. Y si nos cargamos el desarrollo rural, parte del mundo rural va a quedar hipotecado en los próximos años. Y lo que ustedes están haciendo es capitalizar los grupos incluso cuando funcionaban bien, incluso cuando el territorio estaba definido, incluso sobreponiendo programas artificiales por encima de los existentes creando confusión a la gente que está pidiendo proyectos, que no sabe lo que está pasando, e hipotecando el futuro de esos programas.

Y nosotros lo que decimos y estamos defendiendo es que se haga entre todos, que la baremación sea objetiva, que la baremación que se ha llegado con un trabajo costoso por parte de la Federación sea la que prime. Y lo que salga de aquí, sean grupos suyos, sean grupos de quien sea, si tienen que caer que caigan; si tienen que salir que salgan. Defendemos eso porque estamos convencidos de que el desarrollo del mundo rural se basa también en la gente progresista del mundo rural; y, por lo tanto, estamos convencidos que los programas son los mejores los de los progresistas en el mundo rural. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para el turno de dúplica, señor De Miguel Nieto.

EL SEÑOR DE MIGUEL NIETO:

Sí. Gracias, señor Presidente. Señor Benito, yo creo que usted está basando todo su debate nada más en el criterio de uno de los componentes de la Comisión de Selección. Basa su discurso solamente en el criterio de la valoración que ha hecho la Federación Regional de Municipios y Provincias.

Hemos explicado aquí, en la anterior intervención, que hay más componentes de esa Comisión, y que se han valorado muchos más criterios de los que usted está exponiendo aquí, no solamente la densidad de población. Se han tenido en cuenta muchísimos más, muchísimos; como treinta o cuarenta criterios más, que vienen todos reflejados en la Orden del cinco de septiembre.

Usted dice que tiene noticia... aunque la propuesta no sea ya una resolución que esté aprobada, tiene noticia por la prensa. Ha habido modificaciones de las primeras noticias que han salido a la prensa, ha habido negociaciones posteriores, ha habido acuerdos entre los propios grupos de acción local. Concretamente, en Zamora había dos grupos que se presentaban para la misma zona, la Voz de Sanabria y Adisac, que, al final, han llegado a un acuerdo y va a haber un programa conjunto de los dos grupos.

Pero, en definitiva, usted argumenta también que ha habido más protestas que nunca. Yo estoy en contra de este argumento; no creemos que ha habido más protestas que nunca. Ha habido muchísimas propuestas, pero casi unilateralmente por parte del Grupo Socialista o de personas afines a su partido político, no del resto de los sectores. No creo que haya tantas protestas como usted dice.

"Que en todas las provincias han entrado las Diputaciones a hacer un papel político". Eso es mentira, eso es mentira. Mire, yo también sé de qué hablo, y en mi Ayuntamiento... yo pertenezco a un Ayuntamiento que también pertenece a un grupo de acción local. Y en mi provincia no ha habido ningún tipo de problemas; hemos hablado con todos los sectores sociales, hemos hablado con los partidos políticos y, para toda la provincia -incluso también con parte de la provincia de Burgos-, pues se ha llegado a un acuerdo de presentar dos programas Leader, dos programas Proder, que son los que prácticamente se van a aprobar, y está toda la provincia tranquila. No me hable de todas las provincias. Hay provincias, como Soria, en las que por... afortunadamente, el Partido Popular gobierna en la mayoría de los municipios y no tenemos ningún tipo de problema; se han hecho las cosas bien.

Pero yo creo que lo más importante es que, en definitiva, entre los tres Leader Plus interregionales que ya están aprobados por el Ministerio, dos de Castilla y León con Galicia y uno de Castilla León con Cantabria, más los diecisiete Leader Plus que posiblemente se van a aprobar y los veinticinco Proder que casi con toda seguridad se van a aprobar también en la próxima reunión... (Murmullos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señorías, guarden silencio, por favor.

EL SEÑOR DE MIGUEL NIETO: ...

. que tendrá lugar el veinte de marzo. En definitiva, y lo que nos interesa a nosotros como grupo político, pero mirando en el interés general, no en el interés político, es que nadie, nadie, ningún territorio de la Comunidad de Castilla y León quede excluido de algún programa. Todos los municipios de Castilla y León están incluidos en algún territorio Leader o Proder. Y eso, en definitiva, a nosotros es lo que más nos interesa.

Se conseguirá también que los programas que se aprueben comprendan territorios -a pesar de lo que usted dice- homogéneos y compactos. Por encima de todo, nosotros intentamos -y lo vamos a hacer- mantener el respeto a los pactos y a los acuerdos de los municipios para integrarse en los diversos programas; pactos surgidos en todo momento desde abajo a arriba, tal y como dice la propia filosofía de estos programas de desarrollo rural, que tienen que surgir de abajo a arriba. Y nosotros somos muy respetuosos con todos esos pactos que han surgido a nivel local, y en absoluto y en ningún momento estamos de acuerdo con los pactos que se quieran hacer desde arriba a abajo.

Y, señor Benito, he de decirle que intentos ha habido de que esos pactos se hicieran a nivel político, a altas instancias, con el Consejero y algún representante de su partido, muy cualificado -digo en cuanto al rango del partido-, que precisamente no está aquí sentado, en estas Cortes, y con alguno que está sentado, y se ha intentado hacer negociaciones políticas, como un cambio de cromos: "aprobarme estos tres Leader, que son míos". Pues no, no estamos de acuerdo con eso. Nos gustan los pactos y respetamos los pactos que se hacen desde abajo a arriba, los que surgen desde las propias bases y desde los propios municipios y desde los propios agentes sociales, no los que ustedes han intentado hacer desde arriba a abajo, intentando hacer acuerdos políticos a otros niveles más altos.

También hemos de tener en cuenta otro factor para rechazarle su Proposición No de Ley, que es un factor de... de plazos. Los programas tienen que estar presentados en la Unión Europea a principios de mayo; en caso contrario, correríamos el riesgo de perder todos estos dineros.

Y, por último, quiero decir que pensar que los grupos de acción local tienen carácter político definido de antemano es poner en entredicho -a mi manera de ver- los propios principios democráticos. Cada grupo de acción local tiene sus procesos asamblearios, en los cuales se eligen democráticamente a todos sus representantes... (Murmullos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Silencio, Señorías.

EL SEÑOR DE MIGUEL NIETO:

En estas asambleas es donde democráticamente hay que presentar candidatos; intentar, de alguna manera, que esos candidatos que los grupos presenten salgan elegidos. Y, por encima de todo, eso es lo que prevalece: la democracia en las asambleas posteriores que cada grupo de acción local tendrá que tener para ver quién dirige esos programas. No queramos de antemano decir que están politizados, que van a gobernar unos partidos o que van a gobernar otros, porque, de alguna manera, entonces le haríamos un flaco favor a la democracia. Nada más, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. ¿Algún miembro del Grupo Mixto desea fijar posiciones? El Proponente cierra el debate. Señor Benito, tiene de nuevo la palabra.

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ:

Gracias, señor Presidente. Mire, señor Procurador, a falta de argumentos, usted tiene que recurrir, primero, a las falsedades y a los tópicos. Y se lo voy a decir... y, además... No, no. Bueno, no. Y, además, estoy bastante indignado de que una persona que no ha estado presente en ninguna de las reuniones... Yo... pongo por testigo al señor Consejero, yo he estado en todas las reuniones que hemos mantenido.

Y eso de que estamos nosotros proponiendo cambiar cromos es absolutamente falso. Hemos propuesto que la puntuación... -no se ría, si no estaba-, la puntuación que se ha hecho por la Federación fuera la que primase, que fueran criterios objetivos. Le he dado las razones por qué.

Mire, el esquema de mi argumentación es bastante sencillo: el desarrollo rural es importante para la Comunidad, sí; tenemos que hacerla entre todos, también; vamos a un método objetivo, sí. Y el resultado el que sea, el grupo que sea. No me venga con el tópico que se ha vendido de que estamos nosotros propiciando un acuerdo político para cambiar cromos de un proyecto por otro, porque es absolutamente falso. Es una falsedad propia del partido que se dedica al espionaje y a la falsedad como método de debate político, y eso es lo que usted ha intentado hacer aquí ahora, eso es lo que usted ha intentado. Y puede hacer los gestos que le dé la gana... (Murmullos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señorías, guarden silencio, por favor.

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ: ...

. porque usted no ha estado en ninguna de las reuniones, y pongo por testigo al que quiera.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Guarden silencio, por favor.

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ:

No se ha ofrecido un pacto político de cambiar cromos; se ha ofrecido que la baremación fuera objetiva y que asumiéramos esa situación, porque el desarrollo se tiene que hacer entre todos. Y ese es el resultado, el que diera. Y no nos importa el resultado. Nosotros estamos bastante convencidos que quien ha llevado el desarrollo rural en los núcleos rurales está preparado. Y son proyectos que llevan funcionando tiempo y, por lo tanto, que se pudieran mantener los que están desarrollando una labor importante. Pero si la baremación sale mal, pues que salga mal. Esa ha sido nuestra... nuestra apuesta.

De hecho, hemos apoyado desde la Ejecutiva del Partido Socialista, en su conjunto, la actuación de la Federación con dos grupos de técnicos que eran nombrados por ambos partidos y que saliera la baremación. Y la baremación es la que le he enseñado, que desarrolla la Circular 139 y, por lo tanto, desarrolla lo que... las premisas que establece la... la reglamentación comunitaria.

Respecto a lo que usted ha dicho... poco más, poco más ha dicho; no tenía ningún argumento. Pero es evidente la diferencia de lo que yo digo con lo que ustedes no han hecho. Hay un... hay tres componentes en la... en la Comisión de Selección: uno ha dado el baremo por delante y luego ha baremado proyectos, los otros dos no han dado el baremo y conociendo la puntuación han compensado. Y le he dado ejemplos en los proyectos donde, de repente, resulta sorprendente que el territorio valga cincuenta puntos y en otro valga ochenta; es un abanico demasiado amplio. Si uno se conoce de antemano y el otro no se sabe, el beneficio de la duda tiene que ser al que no ha establecido la baremación.

Y, sinceramente, no hay ningún argumento para... usted ha dicho que no van a apoyar la Proposición. No hay ningún argumento objetivo. ¿Qué estamos proponiendo en la Proposición? Primero, que nosotros defendemos que no se ha hecho bien; ustedes puede que también, que digan que se ha hecho muy bien. Nosotros decimos que hay un baremo objetivo, y lo que pedimos es que se reconsidere esa valoración, pero aportando todos el baremo. Si están tan convencidos de que se ha hecho bien, ¿qué problema hay en hacerlo? ¿Qué problema hay para que se puntúe con un baremo claro todos los proyectos? ¿Qué problema hay? Sencillamente, que ustedes lo que han hecho es compensar en beneficio propio.

Y, además, eso es una... esto es una iniciativa que lleva dos años coleando. No están otros Consejeros anteriores, pero ha habido reuniones de Consejeros de Presidencia anteriores con Delegados Territoriales y con Presidentes de Diputación. Y de ahí ha irradiado la constitución de una trama de grupos que están afines a las Diputaciones y a los Diputados del Partido Popular. Y eso es lo que ha empezado a envenenar todo este asunto.

Yo, por lo tanto, le digo que si están ustedes tan convencidos de que hay un baremo objetivo, apoyen la Proposición; no lo van a hacer. Y, a falta de argumentos, lo único que se les ocurre es atacar con posibles pactos y posibles cuestiones, que, desde luego, yo tengo que desmentir rotundamente aquí mismo.

Y otra novedad: ha dicho que la propuesta suya era cubrir todo el territorio. Pero hombre, por Dios, si eso lo hemos dicho todos los Grupos hace años; si es una propuesta absolutamente lógica. Pero no porque ustedes hayan hecho una caridad con todas las zonas que... es que ninguna zona tiene el derecho a no tener un programa de desarrollo rural; no pueden quedar zonas vacías porque hayan llegado tarde en la primera Leader, o tarde en el segundo Leader, o en el Proder I. Lo lógico es cubrir todo lo que es mundo rural y dar la oportunidad de desarrollo. Otra cosa es que la planificación venga de esas mismas zonas, o se haga desde las capitales o desde las Diputaciones.

Por lo tanto, no... desmiento rotundamente las afirmaciones que usted ha hecho. Y les pediría que lo que queda aún de desarrollo de Leader Plus, reconsideraran la situación, y lo que viene de Proder, de Proder II, por lo menos intenten hacerlo de una manera más disimulada. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Se somete a votación la Proposición No de Ley defendida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y cinco. Veinticinco a favor. Y cuarenta en contra. Queda, por lo tanto, rechazada.

A propuesta de los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios, se somete a la consideración del Pleno la alteración del Orden del Día, a fin de debatir a continuación el que figuraba como punto decimoséptimo, antes que el Dictamen de los respectivos Consejos Consultivo y de Cuentas. ¿Se aprueba esta alteración del Orden del Día? Señor Secretario, le ruego dé lectura al decimoséptimo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR CRESPO LORENZO):

Decimoséptimo punto del Orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Educación y Cultura en el Proyecto de Ley de Educación y Formación de Personas Adultas".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para el debate de las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Socialista, señor González, don Cipriano, tiene la palabra.

EL SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ:

Buenos días, señor Presidente. Señorías. Vamos a dar por concluido el último tramo de lo que queda aún pendiente de una Ley que el Grupo Parlamentario Socialista considera básica para esta Comunidad: la Ley de Educación de Personas Adultas.

Y consideramos que esta Ley es una ley básica para esta Comunidad, por varias razones; las expusimos ya el día que hicimos la Enmienda a la Totalidad, pero no podemos sustraernos hoy a hacer una reflexión tendente, básicamente, a encontrar... a ver si somos capaces de encontrar eco en el Grupo Parlamentario Popular, de manera que una gran parte de las enmiendas que aún quedan vivas pudieran ser susceptibles de ser transaccionadas, al objeto de hacer una buena ley, que no nos obligue a los socialistas a decir que el día que gane en esta Comunidad una de las primeras cosa que haría sería cambiarla.

Nosotros se lo decimos con absoluto respeto y con absoluta tranquilidad: nos gustaría hacer una ley que valiera para todos; nos gustaría hacer una ley que valiera, fundamentalmente, para los ciudadanos; que fuera, básicamente, el reflejo de una realidad, que es esta Comunidad y las necesidades que tiene. Y nosotros... nuestras enmiendas se lo ponen de manifiesto, consideramos que la que ustedes han presentado no lo es; y, por lo tanto, reclamamos la suficiente flexibilidad, la suficiente tolerancia del equipo de Gobierno, para poder entender que se puede ver la educación de personas adultas desde una óptica distinta a la que la ve el Grupo de Gobierno, y que deberíamos de ser lo suficientemente generosos todos como para encontrar los puntos de acuerdo suficientes que permitieran hacer una ley que valiera para ustedes ahora, para nosotros después -cuando toque a cada cual-, porque eso sería sinónimo de que hemos sido capaces de hacer algo en beneficio de la sociedad y no en beneficio del equipo que gobierna, porque tenga la posibilidad numérica de hacerlo.

Es importante esta Ley, a nuestro juicio, por tres razones: uno, por la amplitud de sus destinatarios. Todos los ciudadanos de Castilla y León somos potenciales destinatarios de una Ley de Educación de Personas Adultas. Ya no estamos hablando de aquella Ley de Educación Adultos de los analfabetos; afortunadamente, estamos en otro momento histórico, y esta Ley tiene... tiene como potenciales usuarios a todos los ciudadanos, independientemente de sus conocimientos.

Además, porque... es importante, porque va a permitir adecuar, por primera vez en esta Comunidad, una normativa a nuestra realidad, que eso es muy importante. Esta Ley no deber de ser una ley generalista que valga para toda España, sino tiene que ser una ley que dé respuesta a nuestro territorio y, sobre todo, a las personas que viven en nuestro territorio.

Y, además, porque tiene que dar respuesta a la población más desfavorecida, que es aquella a la que en principio tiene que dedicarle mayor preocupación.

Y éstas son, básicamente, el contenido de nuestras enmiendas. ¿Cuáles son las líneas en las que el Grupo Socialista ha enmendado? Primero: no garantiza el derecho a la educación de personas adultas, no lo garantiza en la Ley. Todos los demás subsistemas, como puede ser la Ley... el subsistema de educación infantil, de educación secundaria, de universidad, está recogido, de alguna manera, explícitamente, que es un derecho ciudadano.

Mire usted, esto, que puede parecer una tontería y que el Portavoz del Grupo Popular ya lo ha discutido, lo hemos discutido, y no parece que esté muy dispuesto a entenderlo, es algo tan sencillo como que en la Ley diga que es un derecho. Porque si la Ley dice que es un derecho, todas las consecuencias que emanen de ese derecho se tendrán que poner en práctica.

Y yo le voy a decir una cosa: mire usted, los centros de educación de personas adultas hoy día son los centros que sobran de otras... de otros subsistemas. No hay un plan de centros, ni de construcción de centros de educación de personas adultas; hay planes que van en la línea de adaptar o adecuar otros centros.

Nosotros reclamamos un derecho y que esté explícitamente representado en la Ley.

No responde -al menos no lo creemos nosotros- a las necesidades de educación de personas adultas de esta tierra. Y no lo hace porque en todas las leyes de... en todas las leyes, lo primero que tenemos que tener es quiénes son los destinatarios y dónde van... a quiénes va dirigido, cuál es la realidad; es decir, una especie de fotografía de la situación actual sobre la que queremos incidir. Tampoco lo reconoce.

No reconoce la historia de este sector, especialmente lo que a las Administraciones Locales y a las entidades sin ánimo de lucro se refiere. No identifica los problemas a los que pretende dar respuesta. No reconoce y, por ello, no responde a problemas nuevos, a elementos como la inmigración, la ruralidad, las minorías, necesidades reales de la población, no sólo de las sentidas. No aportaba ni medios ni recursos, tanto humanos como físicos; y ni siquiera mira a Europa.

Perdida la batalla de la totalidad -por el único elemento numérico, no por el convencimiento, que, posiblemente, el Grupo Popular tenía que haber hecho el esfuerzo de habernos convencido-, hemos pasado ya también por el peregrinaje inútil y frustrante de la Ponencia y de la Comisión. Eso sí, ganamos el nombre; pero perdimos la batalla: ganamos el título, que ya no se llamará "Ley de Educación y Formación de Personas Adultas", ahora se llamará "Ley de Educación de Personas Adultas", pero perdimos la batalla; una victoria pírrica en un debate como es éste, que yo creía que los que tenían que ganar eran los ciudadanos.

Hoy, por lo tanto, empezamos el trámite... el trámite último antes de que esto llegue al... al Boletín. Y, desde luego, a partir de este momento, ya sabemos que tenemos perdido todo el resto de los trámites, como son los Decretos y las Órdenes que han de... de desarrollarla en el próximo futuro.

En esa dirección, voy a enumerar... quede claro que doy por defendidas todas las enmiendas, señor Portavoz, que no pueda en este tiempo explicar, porque, obviamente, son muchas. Y me voy a centrar en aquellas que considero que son más esenciales.

La primera es una a la Exposición de Motivos; la Exposición de Motivos, la enmienda número 3. Nosotros hemos pretendido fijar, como si fuera una fotografía de realidad, cuál es la situación de esta Comunidad en cuanto a su territorio, en cuanto a su población y en cuanto a sus necesidades educativas. Pues bien, es una enmienda que está recogida literalmente del Informe del CES del año dos mil, que nos parece independiente y nos parece suficientemente interesante.

La Enmienda número 5, el reconocimiento de un derecho: la Ley de Educación de Personas Adultas.

Las Enmiendas 8, 9... 8, 9, 10 y 11 es un intento de ordenar de forma diferente conceptos como finalidad, objetivos y ámbitos de actuación. Dense cuenta que estamos hablando de una Ley que va a ser dirigida a los docentes... también a los docentes. Y los docentes tenemos unos esquemas de funcionamiento bastante razonables, que son fruto no de la... de la vehemencia de un momento, sino que son fruto del estudio y del trabajo a lo largo de muchos años; y sabemos perfectamente lo que son objetivos, lo que son finalidades, lo que son ámbitos de actuación. Y lo menos que pedimos a quienes nos gobiernan es que adecúen... a las leyes que vayan destinadas a este campo lo adecúen a esos conceptos que están ya perfectamente asumidos en el profesorado y en los usuarios.

La Enmienda número 12 la pasamos a la Enmienda número 11, es decir, está recogida... y suprimimos lo que dice... se dice en esta Enmienda, porque la hemos recogido en la 11.

La Enmienda número 13 es muy importante, es la que habla de la semipresencia. El Portavoz del Grupo Popular -y con él la Junta- nunca han entendido este concepto. Le voy a ofrecer una nueva variación, por si acaso a usted le puede servir.

Mire usted, lo que nosotros decimos con la "semipresencia" es que, en la educación de personas adultas, que es una educación básica, tenemos personas que no pueden acceder a la educación a través de la distancia, porque requieren o requerirían unas habilidades y unos conocimientos que no los tienen, porque estamos hablando de educación básica. No pueden estar en presencia, porque, o bien están en municipios rurales, o bien están en situaciones laborales que van alternando sus trabajos; o bien porque son amas de casa, o bien porque son personas que tienen durante algunos días a la semana que trabajar, y no pueden ir con esa normalidad que requiere la presencia.

¿Qué decimos nosotros? Habilitemos un nuevo concepto, y nosotros le decíamos: semipresencia. Usted decía: eso no es posible. Mire, será... no será posible jurídicamente, como usted dice, pero eso es lo que se está haciendo en la realidad. Entonces, lo que nosotros queremos es que eso se recoja. Y yo le digo: estoy dispuesto a reconocer que se puede expresar, en vez de como "semipresencia", "flexibilizando la presencia", flexibilizándola.

Pero tiene que quedar claro que se puede hacer una educación de adultos para este tipo de personas distinta a la presencia lineal o a la distancia lineal, que eso no se les puede aplicar. Yo le ofrezco el que hablemos de cómo lo podemos hacer.

La Enmienda 15, la Cooperación institucional. Mire, la educación de personas adultas... y ahora están ustedes hablando mucho -está aquí el Consejero de Presidencia- del Pacto Local. Si hay algo en la educación donde los Ayuntamientos pueden tener un elemento importante, ésa es la educación de personas adultas, porque es una realidad muy apegada al terreno, porque es una realidad muy variada, porque es una realidad muy distante. Recojamos... recojamos esa realidad.

Un elemento importante, la Enmienda 21: las prisiones. Hemos asumido la competencia en educación en las prisiones. Por favor, convirtamos las prisiones en un ámbito educativo; contribuyamos, desde nuestro ámbito, a la educación y a la formación básica de los reclusos que están allí.

Otras... -que ya veo que se me acaba el tiempo y, por lo tanto, será difícil de entender- los centros. Los centros, para nosotros es muy importante, señor Portavoz, importantísima la Enmienda 33, la 34 y la 35, que dicen "que tienen prioridad los centros específicos". Precisamente, en esta prioridad de centros específicos en educación de adultos está una de las vías de la supervivencia.

Mire, la LOGSE contempla un nivel básico en el... en el Graduado de Secundaria. El Graduado de Secundaria tiene ya unos componentes lo suficientemente importantes como para que en el medio rural no sea posible, en todos los lugares, llevar la educación de personas adultas en presencia. Bueno, pues vamos a ver cómo articulamos el que en esos centros del medio rural pueda estar la educación de personas adultas con la suficiente garantía y calidad.

No hemos visto nada relativo al tema de financiación; lo dejan ustedes a los... a los presupuestos de cada año.

Y, desde luego -y quiero terminar con ella-, dos elementos importantes: una, la creación del Consejo de Educación de Personas Adultas, el Consejo Regional. No se puede decir en una Ley que se crea el Consejo y que todo lo demás va... va a los reglamentos. Ustedes tendrán derecho a decir quiénes son los que están, pero tendremos que poner en la Ley, genéricamente, como está en el Consejo Escolar y como está en todos los Consejos, quiénes participan, qué funciones tienen, y, desde luego, dejar que los reglamentos ya perfilen cuántos de cada grupo... Pero la base, la base tiene que estar definida en la Ley.

Y la última e importante: los convenios. Mire usted, los convenios con instituciones sin ánimo de lucro, los convenios con Ayuntamientos, son básicos, básicos para que esta Ley tenga un... un... digamos, un cierre, una armonía en su conjunto. Si ustedes siguen empeñados en ir a conciertos anuales de partidas sin garantizar, y que salen cada año en los presupuestos y que hay que empezar por que todos los Ayuntamientos convoquen concursos año a año, yo le estoy diciendo que no hemos mejorado para nada la educación de personas adultas.

Termino, señor Presidente, agradeciéndole el que me haya dejado este pequeño margen. Termino diciéndole: si ustedes se empecinan en hacer una Ley que solo responda a intereses particulares o a intereses del equipo de Gobierno, este Grupo, el día que pueda, la va a cambiar. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Para consumir un turno en contra de estas enmiendas, por el Grupo Parlamentario Popular, don Raúl de la Hoz tiene la palabra.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Muchas gracias. Y, efectivamente, para mostrar nuestra oposición a las enmiendas que quedan vivas en esta fase de último debate, de debate para aprobar la Ley de Educación de Personas Adultas. Efectivamente, en fase de Ponencia, en fase, después, de Comisión y previamente también al debate de enmienda a la totalidad, creo que hemos tenido tiempo más que suficiente para debatir y para exponer nuestros puntos de vista, nuestros diferentes puntos de vista al respecto de este Proyecto de Ley.

Ya poco más cabe añadir hoy. Las explicaciones del Procurador Socialista no aportan nada nuevo, igual que las mías tampoco aportarán nada nuevo respecto a lo que hemos debatido ya en las anteriores fases de tramitación. Sí decir que se han aprobado catorce enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, de las sesenta en total que presentaban; y que, desde luego, nosotros para rechazar las enmiendas las hemos dividido -y así lo hemos expuesto- en tres tipos de enmienda: enmiendas de redacción, enmiendas de estructura y enmiendas de contenido. Las de redacción, prácticamente todas han sido admitidas, y las de estructura y, sobre todo, las de fondo son las cuales planteaban más problemas.

Y por ir ordenadamente, y respecto a algunas calificaciones que se han hecho. Yo lamento profundamente que por parte del Grupo Socialista se diga aquí que una de las primeras cosas que harán, si gobiernan algún día, será cambiar esta Ley. Porque eso significa, no ir en contra de la Junta, no ir en contra del Grupo Popular, significa ir en contra de la comunidad educativa. Usted sabe que este Proyecto de Ley tiene el apoyo unánime, unánime, del Consejo Escolar de Castilla y León. Léase usted el informe que está incorporado a la documentación que se ha adjuntado a este Proyecto de Ley, y verá usted cómo reza la conclusión del Dictamen de la Comisión: el Consejo Escolar emite informe unánimemente favorable a este Proyecto de Ley.

Por lo tanto, si usted está en contra de este Proyecto de Ley, si está en contra de la voluntad pactada, dialogada y negociada de todos los agentes sociales, está usted en contra también de esa propia comunidad educativa. Y lamento profundamente -y explique usted también eso mismo a los agentes sociales- que usted, contrariamente a lo que es voluntad de la Junta, contrariamente a lo que es voluntad de los agentes sociales, se encargará individualmente de cambiar ese Proyecto de Ley en el caso de que gobierne. Afortunadamente, estamos absolutamente seguros de que ello no va a ser así.

Y para entrar a fondo en las cuestiones, y sin casi hacer apreciación respecto a las calificaciones gratuitas que usted, al respecto de este Proyecto de Ley, y muy de pasada, ha hecho. Fíjate si será... si será mala -como usted ha dicho-, si será poco ajustada a la realidad de Castilla y León que todos los agentes sociales piensan lo contrario que piensa usted.

Creo sinceramente -y se lo dije ya a la Comisión- que una vez más el Grupo Socialista se ha vuelto a quedar solo en el ámbito educativo, y se ha vuelto a mostrar su oposición única y exclusiva a un Proyecto que nos sentimos muy orgullosos de decir que no es el Proyecto de la Junta de Castilla y León, no es el Proyecto de Ley de la Junta de Castilla y León, no es el Proyecto de Ley del Grupo Popular; sino que, una vez más, este Proyecto de Ley ahora, pero otros proyectos también normativos lo son, y acuerdos también lo son, son proyectos de toda la comunidad educativa, representada por todos los agentes sociales que en ella participan.

Y una vez más -repito- el Grupo Socialista, y desgraciadamente, se vuelve a quedar al margen de eso, se vuelve a quedar en contra de eso y vuelve a demostrar que, desde luego, le importa mucho más mostrar la oposición por oposición, hacer oposición por oposición, que pactar, que negociar, que, desde luego, tener en cuenta cuáles son las preocupaciones, cuáles son las inquietudes de la comunidad educativa de Castilla y León.

Y para ello, o en base a ello, se establecen una serie de enmiendas por parte del Grupo Socialista, que son muy claras. Unas son copiadas literalmente de otras leyes vigentes en España, cuatro leyes en concreto: Valencia, Galicia, Andalucía y Cataluña, las cuatro leyes vigentes, calcan algunos preceptos de estos proyectos... de estas Leyes, y otras son de su puño y letra. Se nota perfectamente cuáles son las calcadas y cuáles son de su puño y letra.

Y una cosa que no le dije en la Comisión, y le digo yo ahora. Mire, en muchos sistemas parlamentarios no se permite que una persona que sea de la profesión a la que afecta un Proyecto de Ley sea Ponente de ese Proyecto de Ley. Pasa, en concreto, en Estados Unidos; es decir, un abogado no puede llevar un Proyecto de Ley, no puede ser Ponente de un Proyecto de Ley que afecte a su profesión. Y en este caso le ocurre a usted, en este caso le ocurre a usted. Usted pretende ser juez y parte, y eso, realmente -y se lo digo con todo el cariño del mundo, no se lo digo con ningún ánimo crítico-, eso afecta al contenido de sus enmiendas. Y luego le explicaré, muy concretamente, por qué algunas de sus enmiendas, lejos de favorecer a la educación de personas adultas, favorecen a un sector afectado por la educación de personas adultas, casualmente el profesorado, casualmente usted también es profesor de educación de personas adultas. Y eso, le digo, es muy peligroso, es muy peligroso, y algunas de sus enmiendas ponen... o hacen especial hincapié en eso; y luego, si quiere, hablamos de ellas. Y luego, si quiere, le expongo cómo alguna de las cuestiones que usted plantea no favorecen en nada a la educación de personas adultas y sí favorecen en mucho a un determinado sector del profesorado de esta Comunidad Autónoma de Castilla y León, a la cual usted pertenece. Y eso -le digo- es muy peligroso.

Y entrando ya en los contenidos, una de las cosas sobre las que se ha hecho guerra es al respecto de si es o no es un derecho. Vamos a ver, yo le quiero recordar al señor Portavoz del Grupo Socialista que hay una norma que se llama Constitución Española, y que hay una norma que se llama LOGSE; y en la Constitución Española se reconoce el derecho a la educación para todos, para todos, y en la LOGSE se reconoce el derecho a la educación de las personas adultas, para todas las personas adultas. Y esta... este Proyecto de Ley, cuya Exposición de Motivos lo expone además claramente, y usted quiere también enmendarlo y cambiarlo radicalmente, dice que este Proyecto de Ley -que hoy se convertirá en Ley- desarrolla el Título III de la LOGSE; el Título III que, precisamente, nos indica que la educación de personas adultas es un derecho.

Desde luego, tenga usted en cuenta -y claramente- una cosa. Esta es la primera Ley que desde la asunción de competencias va a aprobar la Junta de Castilla y León; casualmente, la Ley de Educación de Personas Adultas. Hay muchas más materias. ¿Significa esto algo? Significa, ni más ni menos, que la Junta de Castilla y León, que el Gobierno del Partido Popular tiene muy claro que todo el retraso -que, efectivamente, reconocemos y estamos absolutamente de acuerdo en reconocer que desde el año mil novecientos noventa, año en que se aprobó la LOGSE, lleva la educación de personas adultas- debe ser subsanado.

Y usted me ha puesto algunos ejemplos además muy claros. Y me habla de las cárceles. La Disposición Adicional Décima de la LOGSE, año mil novecientos noventa, establece ya, habla de la educación de personas adultas en los centros penitenciarios. ¿Me puede decir usted qué se ha hecho -y ya para no ser partidista- desde el año mil novecientos noventa hasta el año mil novecientos noventa y seis, y desde el año mil novecientos noventa y seis -y por eso digo que no voy a ser partidista- hasta el año dos mil? ¿Qué se ha hecho por la educación de personas adultas en los centros penitenciarios? Nada. Absolutamente nada. Y en eso está usted de acuerdo también. Pero es que ahora, casualmente, desde la asunción de competencias, que es cuando nos preocupamos, primero, por asumir el profesorado, primero, por aplicar claramente el Decreto de Integración, es cuando nos viene usted a decir que no se está haciendo nada. Hombre, dígalo usted, o díganoslo usted, durante esos diez años, alguno de los cuales ustedes estuvieron gobernando en esta Comunidad Autónoma, en este... perdón, en este país, y, desde luego, donde nada se hizo. Y también le digo lo mismo. También, del noventa y seis al dos mil tampoco se ha hecho nada. Y se lo reconozco. Pero, por favor, no nos trate de achacar ahora que la Junta de Castilla y León, que es precisamente ahora cuando se está moviendo en este ámbito, es cuando no hace absolutamente nada.

Y no pretenda usted plantearnos enmiendas que, rompiendo la estructura propia de cualquier norma, se salta la Exposición de Motivos, y pretende calcar -y además lo reconoce usted- el informe del CES. Hombre, yo creo que una norma, una ley de Castilla y León es algo más, o se merece algo más, sin desprestigiar ni muchísimo menos al CES o a los informes del CES, que la Exposición de Motivos de una Ley autonómica sea literalmente el informe del CES. Pues sencillamente, nosotros no estamos de acuerdo. A lo mejor usted sí lo haría. Desde luego, yo creo que una Exposición de Motivos de una Ley debe ser mucho más que calcar cómo está, cómo es... las diferencias, o cuáles son las diferencias entre el medio rural y el medio urbano, basados en el informe del CES -según usted mismo reconoce- y acepta literalmente -según dice en su enmienda- el informe del CES.

Por lo tanto, yo, sinceramente, creo que tampoco es esa la cuestión. Yo creo que este Proyecto de Ley está perfectamente articulado; perfectamente articulado, recogiendo, en primer lugar, cuáles son los fundamentos de la Ley, cuáles son los objetivos, la definición, qué se pretende, qué... cómo se pretende conseguir los objetivos, cuáles son las actuaciones para llevar a cabo esos objetivos, cuáles son los medios que utilizan para la ejecución de las acciones, y cuáles son los destinatarios; y regulando también el Consejo... el Consejo de la Educación de Personas Adultas. Que, por cierto, le digo, salvo el Consejo Escolar, y eso es en todas las Comunidades Autónomas, salvo el Consejo Escolar de las Comunidades Autónomas, que, efectivamente, se hace por ley, el resto de Consejos se hacen por decreto. En Castilla y León se va a hacer y en todas las Comunidades Autónomas se ha hecho así, se ha hecho así.

Y lo que se hace simplemente en todas las leyes, no solo en la de Castilla y León, en todas las leyes, es decir: existirá el Consejo Regional o el Consejo..., o como -admitida la enmienda de Izquierda Unida- va a quedar, el Consejo de Educación de Personas Adultas de Castilla y León. Y eso es lo que se va hacer. Y eso es lo que se va a hacer, Señoría.

Y ya por entrar en algunas otras cuestiones que usted ha planteado, respecto a la cuestión de la semipresencialidad. Mire, sabe usted perfectamente que ese un debate del año ochenta, del año ochenta. La semipresencialidad es algo que está absolutamente pasado ya. Es decir..., y usted mismo nos lo reconoce. No vamos a eliminar, efectivamente, un carácter o un tipo de asistencia que no es la presencial y que no es tampoco la distancia; y efectivamente existe, y usted reconocerá conmigo que, a día de hoy, hay un tipo de educación que no se está dando con carácter presencial y tampoco exclusivamente con carácter a distancia. Pero es que el reconocer la semipresencialidad, que no la reconoce absolutamente nadie a día de hoy, y que es un concepto absolutamente desfasado a día de hoy -como han puesto de manifiesto todos y cada uno de los agentes sociales-, desde luego, se contempla también. Y se contempla la posibilidad de que haya una educación a distancia con mayor o menor carga de presencialidad, y una educación presencial con mayor o menor carga de educación a distancia. Y eso es el desarrollo, desde luego, de la... de los distintos tipos de educación.

Sobre los centros específicos, centros ordinarios -y voy terminando, Presidente-, centros específicos y centros ordinarios. Nosotros tenemos clara una cosa, y es que hay que atender a la sociedad, hay que atender a las personas adultas y hay que ofrecer la educación de personas adultas a todas las personas adultas. Desde luego, habrá centros específicos -y así lo establece la Ley- cuando se requieran centros específicos, y habrá centros ordinarios cuando, no habiendo suficiencia de alumnos, se deba exponer, o se deba impartir la educación de personas adultas.

Pero, sencillamente y sinceramente, todo centros específicos no puede ser; todo centros ordinarios no puede ser tampoco. Es un modelo compartido el de centros específicos y centros ordinarios; y, por lo tanto, sobre eso construyamos el modelo. Y reconozcamos también cuántos centros específicos se han hecho desde el año dos mil, y qué crecimiento ha habido respecto a los centros de educación de personas adultas en el medio rural y en el medio urbano desde la asunción de competencias.

Yo creo que todas esas cuestiones nos llevan -y termino, Presidente- a decir que este Proyecto de Ley, que -repito- no es nuestro Proyecto de Ley, sino es el Proyecto de Ley de la comunidad educativa de Castilla y León, es un Proyecto de Ley absolutamente cercano, absolutamente real, y absolutamente realista respecto a los problemas de nuestra Comunidad Autónoma, y respecto, sobre todo, también al futuro de la educación de personas adultas, ya no solo en Castilla y León, sino, sobre todo, también en el medio rural de nuestra comunidad educativa. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Señor González, para su turno de réplica, tiene la palabra.

EL SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ:

Gracias, señor Presidente. Son ustedes -vamos a decirlo- políticamente malignos. Sí. Sí, sí. Porque está usted utilizando un argumento que para mí es sinónimo de no tener otro argumento. Ha venido usted aquí a descalificar la crítica que el Grupo Socialista ha hecho en mi condición de Procurador y además profesor de educación de personas adultas. Le reto yo a usted y a su Grupo a que anulen todas las Leyes y Órdenes que se han discutido aquí donde hayan participado algunos de su Grupo que tengan que ver profesionalmente con lo que se está haciendo aquí. ¿Cuántos médicos están hablando aquí de transferencias? ¿Cuántos médicos están hablando aquí de transferencias? ¿Y por eso se tiene... es mala la... el debate? ¿Esta pervertido el debate porque los médicos hablen de las transferencias de Sanidad? Un agricultor... aquí lo hemos tenido y tenemos, al que le quiero mandar un grato recuerdo personal a don Vicente Jiménez Dávila, que está pasando por momentos complicados, y es un agricultor que es, además, Presidente de los remolacheros, y aquí ha formado parte de las leyes de la remolacha y de todo lo demás. Y cinco minutos hace aquí que ha hablado otra persona en estas Cortes que tiene intereses personales en lo que ha estado hablando aquí. Ustedes hablen del contenido de lo que nosotros hablamos. Y déjese en paz de buscar elementos, regates cortos y malignos. Por una parte.

Pero hay otra que me parece y me duele más. Ustedes confunden la parte con el todo. Y ustedes dicen: "Somos... traemos una ley aquí que es de toda la comunidad educativa, menos de los Socialistas", porque el Consejo Escolar -perdóneme, señor Portavoz-, ¿me quiere decir usted qué dice el Consejo Escolar del Consejo Regional de Educación? El Consejo le dijo a usted que tenía que poner en la Ley... que tenía que poner en la Ley unas características. ¿Y usted qué hizo? No lo puso. Lea usted... lea usted lo que dice el Consejo Escolar.

Y le voy a decir más: ¿cuántas sugerencias le hizo el Consejo Escolar? ¿Cuántas admitieron? ¿Cuántas admitieron? ¿Cuántas no admitieron? Porque ustedes es que, de verdad, son malignos hasta para eso. Me dice usted: "hemos admitido catorce enmiendas". Es que es de risa; es que es de risa. Ha admitido una enmienda y la traslación que esa enmienda va haciendo en los artículos, donde decía: "La Ley de Educación y Formación de Personas Adultas", ésa es la enmienda aprobada, el nombre. Y luego, claro, cuando en el artículo decía "La Ley de Educación y Formación de Personas Adultas" ése, claro, ha habido que cambiarla también, y en el Artículo 3 también. Así catorce... trece. Y me dice: "Hemos admitido catorce de sesenta". ¡Hombre, por favor! No nos engañemos, aquí todos sabemos de qué estamos hablando. Y aquí estamos hablando de una Ley de Educación de Personas Adultas que yo le aseguro a usted tiene muy poco que ver con la realidad de nuestra Comunidad Autónoma.

Las cárceles -de las pocas cosas que usted ha hecho mención-. Nosotros... nosotros estamos convencidos de que en los ámbitos territoriales las cárceles son un elemento esencial, esencial. ¿Y qué es lo que queremos nosotros con nuestra enmienda? Que a una cárcel se le considere un ámbito territorial. ¿Cómo está la realidad ahora? Ahora está que hay unos profesores que fueron seleccionados por el Ministerio del Interior, que están trabajando allí, que ahora han sido transferidos, pero que dependen de un centro de educación de personas adultas. ¿Y nosotros qué queremos? No, hombre, mire, en una cárcel como Topas, o en cualquier otra cárcel, en León, donde usted quiera, tenemos muchos potenciales clientes del sistema educativo de educación de personas adultas. Y nos gustaría que la Ley recogiera... que la Ley recogiera que ese ámbito es un centro, y ese centro tendrá su director, su jefe de estudios, tendrá todo el esquema en el que se tienen que mover.

Mire, decía usted que yo hablaba aquí en nombre de los profesores. A mí me gustaría saber en nombre de quién habla usted, en nombre de quién habla usted. Porque yo tengo aquí una nota que sacaron ayer los colectivos de educación de adultos, ¿eh? -es un recorte del ABC del cinco del tres-, donde no dicen lo que usted está diciendo. Colectivos que están en contra del modelo de Ley de Educación de Personas Adultas.

Y yo le digo más: nosotros aquí tenemos que hablar con respeto de las cosas. Yo es lo que he pretendido hacer: hablar con respeto de esta Ley. Yo claro que conozco esta Ley, porque es mi profesión. Claro que la conozco, y la he trabajado mucho. Y le he dicho a usted en algún momento, y algunas cosas hemos tenido que trabajarlas mucho en mi Grupo porque he pretendido llevar allí lo que yo vivo en mi realidad cotidiana; pero no sólo lo que yo vivo, sino lo que otros colectivos que trabajan conmigo también viven.

Por lo tanto, mire, he hecho este esfuerzo de contestarle ante la inicial definición de usted de que no va a aceptar ni una sola enmienda. De verdad, entre el "podrán" y "deberán", entre el "podrán" y "tendrán que hacer", que son algunas de las enmiendas que nosotros planteamos, yo creo que hay una suficiente distancia como para poderlo haber analizado suficientemente. Ustedes, ustedes van a aprobar una Ley, que será Ley una vez que la aprueben, pero que será -se lo aseguro- su Ley, su Ley, que no la Ley ni siquiera del Consejo Escolar. Y eso es por lo que nosotros lamentamos profundamente el que usted no quiera aceptar ni una sola transacción de las que nosotros le decimos. Y le aseguro que el día que este... que el Gobierno Socialista gobierne en esta Comunidad... el Partido Socialista gobierne esta Comunidad le aseguro -y me duele decirlo, porque tenemos que estar por encima de esas cuestiones, porque la Constitución ha válido para unos y para otros alternativamente sin necesidad de grandes transformaciones, y tiene ya bastantes años- esta Ley sólo valdrá, lamentablemente, para ustedes.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Turno de dúplica, señor De la Hoz.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias. Vamos a ver, no sé si usted me querrá negar la realidad. Lo he recortado ahora del informe: "Dictamen once dos mil sobre el Proyecto de Ley de Educación y Formación de Personas Adultas. En el Pleno del Consejo Escolar celebrado el día veintidós de diciembre de dos mil en Zamora se analizó y deliberó sobre el Proyecto de Dictamen presentado por la Comisión Permanente sobre el Proyecto de Ley de Educación y Formación de Personas Adultas, emitiendo un dictamen favorable por unanimidad sobre la misma". Oiga, mire, esto si a usted le duele o a usted no le gusta, mire, yo no lo tengo la suerte. Yo no tengo, de verdad, mayor... mayor problema en admitir que esto es realidad. Usted me dice que esto no es verdad. Bueno, pues oiga, pues a lo mejor estamos engañando al Consejo Escolar, o a lo mejor el Consejo Escolar resulta que son una banda que no se enteran de nada. Bueno, pues yo no creo eso. A lo mejor usted piensa eso. Desde luego, nosotros no creemos eso. Y, desde luego, respetemos al menos, respetemos al menos la unanimidad emitida en el informe por parte del Consejo Escolar, respetémosla. Digo yo. Eso es lo único que hemos tratado de hacer o que ha tratado de hacer este Grupo Parlamentario en la tramitación de este Proyecto de Ley.

¿Y por qué le decía eso que a usted le ha dolido -parece- tanto? Vamos a ver. Desde luego, yo no tengo nada, ni mucho menos, contra su profesión, ni mucho menos, ni contra la labor que usted hace aquí. Pero cuando yo leo entre sus enmiendas -y se las voy a leer textualmente, porque están aquí- que... una de ellas, la Enmienda 38, de supresión, plantea suprimir las tutorías, desde luego, me parece muy grave; me parece muy grave.

Cuando dice usted que la formación del profesorado se hará en sus centros de formación exclusivamente y en horarios flexibles adoptados a las necesidades de su profesorado, me parece también, ciertamente, ventajoso de usted con respecto al resto de profesorado que no se dedica a educación de personas adultas.

Cuando plantea usted que la convocatoria para ser profesor de personas adultas sea convocatoria específica, además de saltarse usted la LOGSE -pero a la torera, a la torera-, está usted infringiendo toda la normativa sobre contratación del profesorado. Es decir, ¿qué plantea usted? Ni más ni menos que -como expresa usted en la Enmienda 40- hacer una élite, una élite dentro del profesorado de los profesores de educación de personas adultas. Y eso, desde luego, creo que no es legítimo, ni creo que esté usted legitimado para hacerlo.

Pero seguimos. Y usted plantea una modificación de plantillas en la Enmienda 40 que nada tiene que ver con lo establecido legalmente. Y plantea usted y dice que "los centros públicos específicos de educación de personas adultas podrán incorporar a su plantilla personal procedente de otras Administraciones o instituciones. Este personal se regirá por el preceptivo concierto entre ambas instituciones y su integración en el centro se determinará reglamentariamente". Sabe usted, señor González, que solamente se pueden modificar plantillas a través del procedimiento establecido, no a través de conciertos, como usted plantea aquí.

Pero seguimos. Otra barbaridad que usted plantea -Enmienda 56-: "El programa de educación de personas adultas se complementará con una red de conciertos que la Junta de Castilla y León establecerá con las Administraciones Locales y, dentro de éstas, especialmente con programas tales como escuelas-taller y los talleres de empleo". Pero ¿qué tienen que ver los talleres de empleo, qué tienen que ver las escuelas-taller con la educación de personas adultas? Si no tienen nada que ver, y usted lo sabe perfectamente. "Y estos conciertos garantizarán la misma duración para los trabajadores que sean seleccionados por las entidades o Administraciones firmantes del concierto. Tanto los conciertos como los trabajadores se seleccionarán mediante la correspondiente convocatoria pública". Pero, oiga, ¿usted cree que la Junta de Castilla y León puede obligar a otras Administraciones a contratar a los trabajadores en la forma que establezca la Junta de Castilla y León? No, mire, cada... las entidades, las Administraciones tienen perfecta autonomía para contratar a su personal como les parezca. Y, desde luego, la Junta de Castilla y León ni a través de esta Ley ni a través de nada puede obligar a establecer una duración determinada de los contratos que hacen otras Administraciones Públicas.

Pero es que seguimos. Y, entonces, en ese afán por hacer grandes enmiendas y en ese afán por mejorar la Ley, nos encontramos con una redacción... con una redacción como "... la Consejería competente traerá a estas Cortes...", o "... la Consejería competente en materia se compromete a regular..." o "... en el plazo de un año se traerá a estas Cortes un Proyecto de Ley". Mire, esto es una técnica legislativa pésima, pésima. Y, desde luego, no entienda usted que con enmiendas como éstas, desde luego, podemos admitir su Proyecto de Ley. Pero es que aquellas que son un poco más elaboradas resulta que son las que no ha hecho usted, sino las que ha calcado de otras... de otros... de otras leyes de otras Comunidades Autónomas. Y, desde luego, si eso considera usted adaptarse a la realidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, copiar artículos de otras leyes de otras Comunidades Autónomas, desde luego, flaco favor está haciendo usted a la educación de personas adultas en Castilla y León.

Desde luego -creo, y me reitero en ello- éste no es el Proyecto de la Junta, no se equivoque usted, no es el Proyecto de la Junta, no somos nosotros los que estamos solos en esto de la educación de personas adultas, ni muchísimos menos. Estaríamos solos si sacásemos este Proyecto de Ley adelante con el informe negativo del Consejo Escolar. Pero es que da la casualidad de que este Proyecto de Ley le tenemos avalado, plenamente avalado, por el Consejo Escolar de Castilla y León. Y son ustedes los que no tienen aval ninguno, más que un recorte de prensa que le dice que un colectivo no está a favor. Ese colectivo -que yo también le conozco- es un colectivo que fue llamado también para que hiciese sus aportaciones al Proyecto de Ley, al igual que todos, sean o no miembros del Consejo Escolar, y no quiso, y no quiso hacer ninguna aportación, y no quiso reunirse en la Dirección General de Formación Profesional. Desde luego esos son... esos son los colectivos, pero esos son los colectivos con los que esta Comunidad Autónoma no quiere contar, o al menos este Grupo Parlamentario, no quiere contar para mejorar la educación en Castilla y León.

Desde luego, creo -y termino con esto- que este Proyecto de Ley, está Ley en pocos minutos, desde luego, sí servirá, sí servirá, en contra de lo que ha expresado usted, para Castilla y León, sí servirá para mejorar la educación de personas adultas en Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Pasamos a debatir el siguiente grupo de Enmiendas -la número 3, 5, 1 y 2- de los Procuradores don Joaquín Otero Pereira, don José María Rodríguez de Francisco y doña Daniela Fernández. Para su defensa, tiene la palabra doña Daniela Fernández.

LA SEÑORA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ:

Gracias, señor Presidente. Nuestras enmiendas van -como es nuestra obligación- en función de la reeducación, porque así debería llamarse la Ley que ustedes pretenden hacer, en esta Autonomía.

Nunca, nunca ha habido una sola región a lo largo de la historia, siempre ha existido un Reino de León, no siempre ha existido un Reino de Castilla, pero sí ha existido un Reino de Castilla, además con muchísima relevancia histórica. Y digo reeducación porque una persona que ahora tenga cuarenta años, por ejemplo, que supongo que es la edad más o menos que consideran para ser adulto, pues resulta que estudió que el Reino de León era León, Zamora, Salamanca, no hace tanto Valladolid y Palencia, y el Reino de Castilla era Castilla La Vieja, por cierto, con Santander. Es decir, que tiene que ser de reeducación, no de educación, porque a la escuela, pues, fue la mayoría y es lo que se estudiaba. Era eso lo que se estudiaba.

Y ahora ustedes de forma muy solapada hablan continuamente en este Proyecto de Ley de la "Región", que nosotros enmendamos diciendo que sea de la "Autonomía" o de las dos regiones que conforman la Autonomía.

¿Qué historia les van a enseñar? ¿La de Castilla?, ¿la de León? ¿Qué historia? ¿Cómo excluyen a Santander de la historia de Castilla? ¿Cómo lo van a organizar?

Les repito: de forma solapada están intentado anular la historia del Reino de León; y nosotros no pretendemos anular el de Castilla, pero tampoco que se anule el Reino más antiguo de España, donde se ubicaron las primeras Cortes, porque eso sí es historia, pero dudo que lo vayan a enseñar.

Luego hablan del desarrollo de la Región. Querrá decir de la Región de Valladolid, porque, desde luego, de la Región de León, de la Región de Segovia y de la de Ávila y Soria me parece a mí que van a tener que hablar del subdesarrollo. Por lo tanto, proponemos que se haga la historia provincia a provincia. Y le explico: porque Valladolid en su día perteneció al Reino de León, y ahora es la capital de Castilla y León, como el señor Presidente de estas Cortes declaró en Salamanca, como el señor Presidente declaró en Salamanca a la prensa.

Entonces, tendrán que explicar la historia tal como fue. Porque es que no entendemos qué intereses hubo para unir estas dos regiones en una Autonomía. Inconfesables, lógicamente; inconfesables en cuanto, primero, proponen tres opciones, sale León solo, y a los dos días llega a las Diputaciones y Ayuntamientos más importantes y demás instituciones de León, a todo lo que entonces conformaba la UCD -que hoy es el Partido Popular, que hoy es el Partido Popular, salvo honrosas excepciones, salvo honrosas excepciones que no eran de UCD; salvo honrosas excepciones-, y llega la orden de que hay que votar que Castilla y León. La excusa, que tiene que ser la Autonomía más grande para combatir a las fuerzas catalanas y vascas, que no sé qué fuerza tendría Castilla y León, que siempre han sido, tanto Castilla como León, las regiones más oprimidas de España, qué fuerza teníamos para acabar con el problema vasco, que, por cierto, no acaba nadie, por lo visto. No. Eran otras.

Pero es que, además, va a pasar una cosa, que algún día se les va a cambiar el chip y van a decir: "No, vamos a hacer otro Estado de Autonomías porque, francamente, es un fracaso". Está muy mal repartido, están muy mal hechas. Entonces, tendrán que hacer otra ley, otras asignaturas, otra reeducación. Y les pasará lo que me contestó uno del Grupo Popular un día, cuando le dije que dónde tenían los de AP, y dijeron que en un campo de reeducación. Pues así tendrán que hacer con la ciudadanía, si ustedes siguen empeñados en cambiar la historia y en no decir la verdad de la historia de estas dos regiones que conforman esta Autonomía.

Si ustedes tienen a bien atender nuestras enmiendas, recobraré un poco la confianza en el Grupo. Pero si -como me temo- las rechazan, seguirán haciendo lo que hacen con casi todo: mentir; abusar de su mayoría absoluta para imponer falsedades. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para su turno en contra, tiene la palabra, por parte del Grupo Popular, don Luis Domingo.

EL SEÑOR GONZÁLEZ NÚÑEZ:

Gracias, señor Presidente. Buenos días. Señoría, no entienda como una desconsideración si mi intervención, en vez de intentar llegar a un acuerdo sobre la historia de esta Comunidad, pues, se ajusta más a lo que es el debate de las enmiendas que su Grupo presentó al borrador del Proyecto de Ley de Personas Adultas, y que no tuvimos ocasión de discutir en la pasada Comisión.

El Grupo al que usted representa presentó siete enmiendas, y este Grupo ha tenido a bien aceptar tres de las mismas, las números 4, 6 y 7. La 4, referida al "mapa autonómico" de Castilla y León en vez de "regional". La 6, donde se añade "de Castilla y León" a la denominación de la citada Ley. Y la 7, donde, en vez de "regional", también se apunta "de Castilla y León".

Hay otras dos Enmiendas, que entendemos son de redacción, en la Exposición de Motivos, las Enmiendas 1 y 2, y que no las incorporamos porque, a juicio de este Grupo, la redacción que figura en el borrador del Proyecto de Ley se ajusta más a las necesidades y realidad de la Educación de Adultos de nuestra Comunidad que la apuntada por su Grupo.

Y las números 3 y 5 se rechazan porque entendemos que son restrictivas para el conocimiento de los alumnos que participen en esa educación. Usted indica que, en vez de estudiar conocimientos de cualquier tipo que afecten a todas las provincias de la Comunidad Autónoma, se limiten al conocimiento de la provincia donde se ubique el centro. Y entendemos que eso invoca un carácter restrictivo claro a lo que es el borrador del Proyecto de Ley y, por lo tanto, entendemos que no se deben admitir.

Espero que después de la intervención del Portavoz de este Grupo, y a la vista de la aceptación de casi la mitad de sus enmiendas, su discurso en su próxima intervención sea diferente al oído hasta el momento. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Para ocupar un turno de réplica, tiene la palabra doña Daniela Fernández.

LA SEÑORA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ:

Gracias, señor Presidente. Pues sí, va a ser diferente, relativamente diferente. Lo que me preocupa, ya que me han aceptado, o que nos han aceptado tres enmiendas, que de alguna forma, al menos, atienden -a estas alturas, y a pesar de los votos-, sinceramente, los intereses y el pensamiento de la provincia de León. Otra cosa son los votos, pero sí lo que está sintiendo el pueblo de León.

Pero me preocupa y me preocupaba el hecho de que al hacer una Ley, que se supone que todos los que contribuyen a realizarla son expertos legales -y para hacer una Ley de Educación no solamente entiendo yo que tiene que ser experto en educación, sino en todo, porque es una Ley muy compleja, de mucha trascendencia, todo lo que sea educación-, que el subconsciente les haya traicionado hasta el punto de en ningún momento delimitar las dos regiones. Bien, ahora aceptan ustedes la enmienda, y el enmendar es de sabios, y se lo agradezco.

En cuanto a estudiar provincia por provincia, quizá sea un problema de redacción si entendemos que cada persona a educar, cada educando en cada provincia debe conocer la historia de su provincia por eso, por las variantes que ha tenido a lo largo de la historia; pero no excluyente de que, además, conozca la historia de Castilla, la historia de León y la historia de España; porque hay que recordar que estamos en España.

Entonces, no voy a emplear más tiempo. Agradecerle que, al menos, haya sido sensible a algo que era importante para nosotros, y para todos los leoneses, y yo supongo que también para todos los castellanos, porque cada uno está orgulloso de lo suyo; cada uno está orgulloso de lo suyo y cada uno quiere conocer su auténtica historia, porque en sus raíces está su personalidad, su madurez y su desarrollo como persona. Entonces, creo que por ambas partes quedamos satisfechos.

Y lamentar que no me acepte las otras, pero que, bueno, ya hemos avanzando algo. Y, desde luego, esta sesión o este día ha sido mucho más gratificante que el de ayer. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Don Luis Domingo González tiene la palabra para un turno de dúplica.

EL SEÑOR GONZÁLEZ NÚÑEZ:

Gracias, señor Presidente. Bueno, desde este Grupo, congratularnos de que el discurso... de que Su Señoría haya variado considerablemente desde la primera intervención. Decir que, básicamente, estamos de acuerdo por cuanto las dos enmiendas que este Grupo ha rechazado en la exposición de Su Señoría ha reconocido que tal rechazo, bueno, pues venía justificado por cuanto ustedes tampoco desisten del conocimiento de todas sus provincias de esta Comunidad.

Y decir que siempre este Grupo estará receptivo a la colaboración de su Grupo, que seguro vamos a tener, y que nosotros agradeceremos. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Concluido el debate de este grupo de enmiendas, pasamos al siguiente, presentadas por don Antonio Herreros, y que permanecen vivas para este Pleno.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Nos encontramos ante la fase definitiva de elaboración del Proyecto de Ley de Educación de Personas Adultas de Castilla y León, en las que Izquierda Unida mantiene cuarenta... cuarenta y seis enmiendas parciales, y anuncio la retirada de una de ellas, la 22, por reiteración; quedarían cuarenta y cinco.

Y no tenemos notificación de que se haya producido ningún tipo de consideración respecto de las enmiendas parciales, porque se va complicando la vida y el trámite parlamentario de tal manera que, en algunas ocasiones, resulta difícil compatibilizar la presencia en diversas Comisiones, juntas y demás, cuando se está en una situación minoritaria, como en este caso Izquierda Unida.

No es este el momento, pero acaso conviniese hacer una reflexión sobre la posibilidad de permitir el acceso en fase de Ponencia a todos aquellos Grupos, pertenezcan o no a la Comisión correspondiente -insisto, en fase de Ponencia-, siempre y cuando mantengan o tengan elaboración de enmiendas parciales, porque es el momento en que se puede hacer una reflexión, planteamientos y criterios sobre los proyectos de ley, puesto que sabemos que, una vez que pasan la fase de Comisión, en la práctica es fijar la posición definitiva de cada uno de los Grupos Parlamentarios; y aquí, en la fase de Plenario, difícilmente se hacen modificaciones, si no es anteriormente en los pasillos. Por eso sería interesante que en el Reglamento de las Cortes pudiese contemplarse esta cuestión.

A nosotros sí nos resulta un tanto significativo que de las enmiendas que habíamos planteado inicialmente no se nos haya notificado ninguna de esas cuestiones, sabiendo que en la Comisión no hemos podido realizar una tarea muy en profundidad.

Sí decir, lógicamente, que las enmiendas que presenta Izquierda Unida son producto de reflexiones, de encuentros, de acuerdos con colectivos que están directamente vinculados, y desde hace mucho tiempo -así como veinticinco años-, a la enseñanza y formación de adultos en Castilla y León. Y que, lógicamente, desde aquí también queremos agradecer la aportación, la colaboración que han hecho asociaciones, como esta de Coordinación de Educadores y Colectivos de Educación de Adultos de Castilla y León.

Uno tiene la impresión, cuando habla de este Proyecto de Ley que se inició, precisamente, por iniciativa social, por iniciativa de algunas corporaciones, que poco a poco pasó a formar cuerpo de lo que podía ser una regulación por las normas, uno tiene la impresión de que se trata de una materia de segundo orden por parte de algunos Grupos Parlamentarios. Y como tal, incluso, pues se cambia, en un momento determinado, el Orden del Día del Pleno porque, bueno, pues esto es como una especie de "maría" y cabe todo sin ningún tipo de problema.

Pero para afianzar todavía más este criterio, pues, podemos observar cuál es la realidad de la consignación presupuestaria que ha hecho el Gobierno Autónomo en esta materia para el año dos mil dos, que en poco difiere de lo que había hecho anteriormente, o cuál es la aportación o la parte proporcional que le corresponde de enseñantes -cuatrocientos cincuenta- de todo el conjunto de los veintiún mil quinientos que hacen esa labor a nivel de toda la Comunidad.

Entrando específicamente a reflexionar sobre las enmiendas parciales que permanecen vivas, pretendíamos con la primera enmienda añadir que el Proyecto de Ley que se traía de Educación de Personas Adultas se añadiese, lógicamente, la coletilla de nuestra denominación de Comunidad Autónoma de Castilla y León; y esa ha sido así por otras enmiendas de otros Grupos Políticos. Pero nosotros ahí planteábamos que era conveniente la presencia de dos términos, no sólo no antagónicos -acaso complementarios-, que no quieren en absoluto decir lo mismo, como es el de "educación" y "formación". Educación: dirigir, orientar, encaminar, enseñar, en definitiva. Sin embargo, formación es adquirir, más o menos, desarrollo, o aptitudes, o habilidades por uno mismo, lógicamente, desde la orientación que pueda haber desde el exterior. Seguimos manteniéndola. Nos parece que es interesante.

En las Enmiendas 2 y 3, que van referidas al Artículo 1 y al Artículo 2. Artículo 1 que menciona el objeto de esta Ley. Y nosotros entendemos que no sólo deben de establecerse los instrumentos para el desarrollo en la Comunidad, sino entenderíamos que, si la queremos elevar de rango, debemos de intentar dar un carácter de coordinación suficiente a todo el conjunto de actividades de esta naturaleza, lo mismo que una evaluación periódica, y debería formar parte de la propia legislación.

Y en la siguiente enmienda, relativa a la definición, creemos que debe de contemplarse expresamente uno de los objetivos, que es la creación de condiciones -a nuestra forma de entender- para la inserción y promoción laboral. Aquí radica uno de los defectos -a nuestro juicio-, que puede ser que se plantee: "Bueno, educación de adultos. Vamos a mantenerles en algún tipo de actividad, vamos a que puedan incluso ilustrar su ocio, si cabe, vamos a condescender con la iniciativa social que se ha venido planteando por algunas... algunos colectivos", pero no se engarza directamente con lo que puede ser un planteamiento de inserción a través de esas enseñanzas, y, lógicamente, también de promoción laboral.

Hay una serie de enmiendas al Artículo 3, que son la 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, que están referidas a la finalidad y a los objetivos de la Ley, donde nosotros hacemos hincapié en la participación en el diseño del propio proceso formativo, donde pretendemos que haya una acreditación de los aprendizajes. Este es un fenómeno, lógicamente, que puede estimular de forma extraordinaria la participación. Y entendemos que, de este mismo modo, ha de facilitarse el acceso a otros niveles distintos del sistema educativo. Pretendemos también con estas enmiendas que el contexto no quede limitado a lo que es la enseñanza, o la educación, o la formación en niveles que son importantes desde el punto de vista de lo que es conocer la realidad regional, la realidad española, la realidad europea... (Murmullos). (Yo no sé si... de verdad, es que yo ya no lo entiendo. Yo ya no sé cómo hacerlo. ¿Es que todos los días voy a tener que montar el mismo .....).

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Señorías, por favor, yo creo que ya está bien. Y está... Yo creo que va a haber que prohibir los teléfonos dentro de la Cámara, y así se ahorra uno tanto ruido. Hagan el favor de mantenerse en silencio. Siga, señor Herreros.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Yo lamento tener que hacer lo mismo que ayer, de verdad. Pero si es tan sencillo como: este Hemiciclo es sagrado, los pasillos y la cafetería que se llenen. No pasa nada más. Gracias.

Entonces, decía que pretendemos no sólo que haya una formación, una educación en materia regional, nacional, diríamos europea, nos atrevemos a decir incluso universal, porque el conocimiento ha de ser de esta naturaleza.

Y añadimos, además, que ha de establecerse un sistema público de recursos que garanticen el acceso y la participación a esos distintos grados y modalidades de enseñanza de la población adulta de Castilla y León.

Y, lógicamente, hacemos hincapié en que nos sirva para hacer una superación de las desigualdades sociales, desarrollar las capacidades intelectuales. Y lo decimos por una razón evidente: cada vez que nos encontramos con un problema social grave, solemos, casi todo el mundo, tomar como coletilla aquello de "esto tendría una posible solución si hubiese una educación, una formación preventiva". Pero, lógicamente, para eso, lo que hay que hacer es realizarla. Si nos seguimos lamentando de las circunstancias y, al mismo tiempo, no se hace la actividad correspondiente, difícilmente vamos a neutralizar esos efectos.

Hay otra serie de enmiendas, a los Artículos 4, 6 y 7, que están directamente vinculadas a las actuaciones, áreas y programas, que pretendemos, en el Artículo 4, garantizar la adecuada especificación del profesorado en su área de trabajo. Si lo tomamos realmente en serio, también habrá que tomar la formación del profesorado a fondo.

En el Artículo 6 pretendemos establecer programas destinados a facilitar la participación y la obtención de titulaciones, pero que esto se haga mediante la aplicación de modalidades y metodologías adecuadas a tal efecto. En ese mismo capítulo... Artículo, perdón, en el 6, en el apartado f), hablamos que, junto a los inmigrantes, deben también considerarse otras minorías étnicas y culturales, que en este caso tampoco aparecen y que nos parece interesante hacer una referencia explícita a ellos.

Como también pretendemos que se establezcan otros programas de formación ocupacional, de iniciación al trabajo y de integración de personas con discapacidades físicas. Y observen que son tres capítulos o tres expresiones programáticas que son muy manidas cada vez que tocamos cada uno de los puntos correspondientes, pero que no se observa en este Proyecto de Ley.

Pretendemos crear en el Artículo 7, las enmiendas que hacemos en el Artículo 7, una Comisión Interdepartamental encargada de la coordinación de todas estas acciones previstas, que, lógicamente, tenga competencias en elaborar un plan de actuaciones para la educación y la formación, promover y supervisar el cumplimiento de los convenios que se puedan establecer, y coordinar y supervisar la ejecución de estos planes y de estos convenios.

Y en las Enmiendas 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 hablamos, refiriéndonos a los Artículos 8, 10 y 11, de los centros y personal. Aquí queremos seguir insistiendo en que no es un "podrá impartirse", sino que debe de impartirse prioritariamente la educación de personas adultas en centros específicos; no descartamos los ordinarios. Y estos centros específicos tienen que llegar a configurar una red pública de centros, lo mismo que ocurre en el resto de las enseñanzas regladas. Y, lógicamente, debe de incorporarse o de mantenerse aquellos centros de iniciativa social.

Queremos también, en las Enmiendas de la 33 a la 40, hacer hincapié en la participación de los destinatarios, y tratar de configurar con una amplitud suficiente el Consejo de Educación para Personas Adultas. Así, en la Enmienda 33 hablamos de crear canales de participación que faciliten, por otra parte, el asociacionismo dentro de este sector de personas adultas. Y pretendemos establecer la composición del Consejo de Educación de Personas Adultas en las Enmiendas 37 y 38; no voy a aludir a ellas porque ya no tengo tiempo, pero creemos conveniente crear consejos territoriales que, como en otras actitudes políticas y sociales, vaya recogiendo lo que es el sentir de cada uno de los territorios, de las zonas, de las comarcas, para terminar de establecer las funciones de ese Consejo de Educación de Personas Adultas.

Termino haciendo alusión a las Enmiendas de la 41 y 46, y que hace referencia a los Artículos 19 y 20, de financiación. Decía anteriormente: la financiación que se hace en estos momentos, posiblemente sea la denuncia mayor que existe en cuanto a la consideración limitada de lo que es en estos momentos el Proyecto de Ley de Educación y Formación de Personas Adultas. Habría que pasar, por lo menos, a multiplicar por varios dígitos la financiación, si queremos creernos tanto el Proyecto de Ley, y más, si fuese posible, con las enmiendas que aquí se han venido vertiendo por cada uno de los Grupos Parlamentarios. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para ocupar un turno en contra, tiene la palabra don Luis Domingo González.

EL SEÑOR GONZÁLEZ NÚÑEZ:

Gracias, señor Presidente. Señoría, su Grupo presentó cuarenta y cinco enmiendas al borrador de este Proyecto de Ley, y he considerado oportuno agruparlas en seis tipos diferentes por la modalidad a la que se pueden ajustar cada una de ellas.

Doce de las mismas, este Grupo las rechaza por la diferente concepción que en las mismas su Grupo manifiesta, referente al que creemos desde este Grupo que debe contemplar la futura Ley.

Las números 26 y 27, usted prioriza los centros específicos sobre los ordinarios, y este Grupo eso considera que es una restricción. El Artículo 8.4 ya contempla los centros específicos, pero no con carácter prioritario, ajustándose al Artículo 54 de la LOGSE, donde reconoce los mismos pero sin ningún carácter de prioridad. Este Grupo pretende, en educación de adultos, una oferta amplia y bien dotada, pero sin restricción de ningún tipo de centros.

Las números 28, 29, 30 y 32, donde alude a los centros de iniciativa social, recordarle que este Grupo, como es natural, contempla que tales centros puedan existir, pero únicamente a nivel oficial existen centros públicos y privados, y estos últimos de iniciativa social se integrarán dentro de los centros privados, pero no con un carácter oficial diferente, porque sería no ajustarnos a las leyes en vigor.

Los números... la 43, 44 y 46 aluden a aspectos muy generales: la 43, demás gastos; la 44, gastos que se originen; la 46, a la firma de convenios generales. Y, evidentemente, una Ley... en una Ley no puede contemplar conceptos tan generales como esos y sin determinar, porque debe ser... en ese aspecto, no sabe a qué se arriesga o a qué se refieren los demás gastos o gastos sin cuantificar. Y, por lo tanto, entendemos que deben ser rechazadas.

La número 2 es rechazada porque no se trata de desarrollar normativamente, sino de establecer un marco general.

Y la número 6, entendemos que no... no admite ese artículo, Artículo 6, más programas formativos, porque es un artículo con carácter cerrado.

Hay siete que son rechazadas porque entendemos que van a ser objeto de una regulación posterior. La número 25, donde hace referencia a una comisión interdepartamental, tanto porque se va a rechazar posteriormente, cuando se desarrolle la Ley, como porque entendemos que... (Murmullos).

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Señorías, guarden silencio.

EL SEÑOR GONZÁLEZ NÚÑEZ: ...

. afecta a un carácter básico.

Y la número 33, de los canales de participación, también será objeto de una regulación posterior.

Hay cinco, la 35, 37, 38, 39 y 40, donde hace alusión al Consejo Regional -composición, funciones, funcionamiento- y a los Consejos Territoriales. Recordarle que la propia Disposición Final ya marca su periodo de creación y que, por tanto, será posteriormente, en el desarrollo, cuando, en cumplimiento de esa Disposición Final, se dé cumplimiento a lo que usted reclama en estas enmiendas.

Cuatro entendemos que son innecesarias, la número... la número 4, en cuanto hace alusión a la finalidad de esta educación, porque ya está recogido en la LOGSE.

Y alguna es improcedente. La número 5, donde habla de acreditación de enseñanzas, porque creemos que no corresponde a esta Ley.

Y las números 11 y 21, porque no son competencia de la Comunidad Autónoma, ya que alude a algunas actuaciones o programas formativos que tienen carácter básico y, por lo tanto, su competencia afecta al Estado.

Seis, las números 3, 9, 18, 31, 41 y 42, son de redacción. Y, a juicio de este Grupo, entiende que la redacción que figura en el borrador se ajusta más a la realidad que la propuesta por Su Señoría.

Y catorce entendemos que, de un modo u otro, están ya recogidas, las números 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 34 y 35.

Y terminar mi exposición diciendo que la número 1, la que hace alusión a la denominación de esta Ley, va a ser aceptada por este Grupo. Muchas gracias.

La número 1 será -repito- aceptada por este Grupo, la que hace alusión a la denominación de esta Ley, de Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Para ocupar un turno de réplica, tiene la palabra el señor Herreros. (Murmullos). Señorías, por favor, guarden silencio.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. A fuer de ser pesado, le diré, señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que no me he enterado de nada de lo que usted me ha dicho, absolutamente de nada. Le he tenido que pedir, al final, porque me ha sonado de lejos que admitían una enmienda, cuál era, por si acaso, para no bajar aquí y no aludir a esa historia. Que, por cierto, pensé que había sido en referencia a una enmienda de otro Procurador u otra Procuradora de esta Cámara. No hay ningún tipo de inconveniente. Pero me ha sonado al final que todas en su conjunto, ni una sola de ellas las han admitido, por diversas justificaciones y por diversos motivos. Lo cual es perfectamente legítimo. No entiendo la lógica, lo confieso, no entiendo la lógica, es muy difícil... es muy difícil que proviniendo precisamente de colectivos que están directamente vinculados -insisto- desde hace veinticinco años a esta actividad, y que han venido... porque me consta, y en algunas ocasiones yo mismo he facilitado o he tramitado algún tipo de reunión con las altas instancias de la Consejería de Educación -no en estos momentos, en otros anteriores-, e incluso he observado que había sensibilidad sobre esta materia, aunque me consta que ha habido una tenaz lucha por parte de estos colectivos para conseguir el poder disponer, en algunos casos, de locales para seguir las tareas que, en un momento determinado, pusieron en marcha de una forma muy precaria.

En algunos otros casos han tenido contenciosos con Administraciones de distinto género, que, después de haberles permitido iniciar tareas de esta naturaleza, acaso por esa desconexión... o por esa actitud a la que usted sí decía al principio, en una apreciación muy extraña que le oía de lejos, que una diferente concepción de las cosas entre lo que planteaba Izquierda Unida y lo que planteaban ustedes; posiblemente estas diferentes concepciones hicieron que Obispados o que corporaciones municipales, o que corporaciones provinciales u otras instancias pusiesen objeciones para que se pudiese realizar esta serie de tareas.

Yo no sé si hacer otro repaso por el conjunto de las enmiendas que hemos planteado. No se preocupen, no lo voy a hacer, creo que ya queda...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Un momento, Señoría, un momento. Señorías, por favor, guarden silencio. Guarden silencio, por favor. Gracias. Puede seguir.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Prácticamente, voy a decir que nos extraña esta escasa sensibilidad para esta diferente forma de pensar, cuando estamos hablando de materia de Educación, de enseñanza, de formación, que, lógicamente... o puede tener las orientaciones que ustedes pretendan. Lo que no cabe la menor duda es que para mí, tal como en estos momentos se está planteando este Proyecto de Ley, las restricciones no las ponemos nosotros, las restricciones posiblemente vienen de su propia concepción, y de la concepción que hoy, pues, adquiere prácticamente el rango de ser un elemento forzado. Forzado, ¿por qué? Forzado porque la iniciativa social..., no apoyamos la privada, pero la iniciativa social, que fue de donde partió inicialmente toda esta tarea, pues se la quiera soslayar. Forzada, ¿por qué? Forzado porque, a pesar de esas resistencias, se ha venido imponiendo la necesidad y la conveniencia por el propio interés de las personas, que en estos momentos son más de diez mil los adultos que están recibiendo algún tipo de enseñanza, algún tipo de educación, y que, lógicamente, otros veintidós mil, aproximadamente, están desde el punto de vista de las enseñanzas oficiales de adultos; con lo cual, en la Comunidad Autónoma, aproximadamente, hay unas treinta mil personas que están recibiendo esa enseñanza, esa formación. Pero para estas treinta mil personas, sólo hay cuatrocientos cincuenta profesores; ya es un indicador bastante significativo de las limitaciones, y sobre todo sólo hay 211.000.000 de pesetas para toda la Comunidad. Si se toman la consideración de hacer la división, observarán que apenas llega a tener una veintena de millones de pesetas para cada una de las provincias de la Comunidad. Por tanto, con eso, si no se hace modificación, están ustedes consagrando una alternativa, que es lo que vulgarmente hemos conocido como una "maría" o como un fenómeno secundario de todo tipo. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Don Luis Domingo Martínez tiene la palabra... don Luis Domingo González, por favor.

EL SEÑOR GONZÁLEZ NÚÑEZ:

Gracias, señor Presidente. Señoría, me gustaría que hiciera una lectura más positiva de la que ha hecho, y en vez de entender que únicamente se le acepta una de sus enmiendas, pues hacer la lectura... que, en realidad, únicamente, se le rechazan doce de sus enmiendas, porque el resto de las treinta y tres restantes, de un modo u otro, van a ser contempladas y consideradas. Siete de ellas ya le he dicho que serán objeto de una regulación posterior por ser materia no propia de una Ley. Seis son de redacción, pero... por lo tanto, lo que usted ahí demanda, de uno u otro modo, está ahí recogido. Y lo mismo podemos decir del resto, de las otras catorce, que ya están contempladas.

Y, por lo tanto, son doce las que en realidad, bien por motivos de estructura, bien por motivos de contenido, son rechazadas de pleno. Las de estructura, pues porque lo que usted apunta... es algo de confusión entre objetivos, actuaciones o funciones, y que admitirlas supondría en cierto modo alterar el sentido jurídico de la norma. Y que, por otra parte, el resto afecta a enmiendas de contenido en lo que hace referencia a la prioridad de los centros específicos y -que ya le he aludido- que, en cumplimiento de la LOGSE, no podemos priorizar, sino hacer una oferta más abierta y mejor dotada, y que tampoco se pueden considerar centros públicos, privados y de iniciativa social, ya que estos últimos quedan enmarcados en los privados; pero no por un capricho de este Grupo, sino porque no puede ser de otro modo.

En definitiva, y para terminar, sí que me gustaría hacer una reflexión en cuanto que creo que esta Ley ha sido una ley participada tanto por los sectores implicados...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señorías, guarden silencio, por favor.

EL SEÑOR GONZÁLEZ NÚÑEZ: ...

. como por los Grupos de esta Cámara que han participado, una Ley adaptada a su tiempo y adaptada a nuestra Comunidad, una Ley convalidada a la normativa europea, y, en definitiva, una Ley que creo que, con vocación de perdurabilidad, va a hacer mucho bien a la educación de adultos en nuestra Comunidad. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Procedemos a la votación de las enmiendas. Se someten a votación las enmiendas defendidas por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y tres. A favor: veintisiete. En contra: cuarenta y cuatro. Y dos abstenciones. Quedan rechazadas estas enmiendas.

Y se someten a votación las de los Procuradores de la Unión del Pueblo Leonés. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. Setenta y tres votos emitidos, dos a favor, cuarenta y cuatro en contra, veintisiete abstenciones. Quedan, igualmente, rechazadas.

En relación con las enmiendas del Procurador don Antonio Herreros, ha sido retirada la Enmienda número 22, se podía aceptar su Enmienda número 1. Se somete a votación esta Enmienda número 1. ¿Se aprueba por asentimiento la Enmienda número 1? Queda aprobada.

Y entonces se vota el resto de las enmiendas de don Antonio Herreros. ¿Votos a favor? Veintisiete. ¿Votos en contra? Cuarenta y cuatro. ¿Abstenciones? Dos. Quedan rechazadas estas otras del señor Herreros.

Se someten a votación de forma agrupada los Artículos de la Ley, del 1 al 20, ambos inclusive, la Disposición Transitoria, sus Disposiciones Finales Primera a Cuarta, Exposición de Motivos y Título de la Ley, con la incorporación de las enmiendas o enmienda que hayan sido aprobadas.

¿Votos a favor del Proyecto de Ley? Cuarenta y cuatro. ¿Votos en contra? Veintinueve. ¿Abstenciones? Ninguna. Queda, por lo tanto, aprobada la Ley de Educación de Personas Adultas de Castilla y León.

Y retomando de nuevo el Orden del Día, pasamos al decimotercer punto, que el señor Secretario enunciará.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Decimotercer punto del Orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Estatuto en la Proposición de Ley Reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): A

A ver, Señorías, por favor, si podemos continuar. Para la defensa de las enmiendas mantenidas por los Procuradores de la Unión del Pueblo Leonés, don Joaquín Otero tiene la palabra.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Gracias, señor Presidente. No quisiera yo dedicar mucho tiempo a lamentar la forma en que el Partido Popular y el Partido Socialista negociaron esta Proposición de Ley sin contar con los otros tres Partidos Políticos representados en este Parlamento, y, por tanto, evitaron la posibilidad de que hubiera un consenso, que -como siempre, y en todo- hubiera sido bueno. Pero esas fórmulas de primero negociar PP y PSOE, y luego pedir al Grupo Mixto que se adhiera a lo ya negociado, señores Portavoces de ambos Grupos, no la vamos a aceptar, no la hemos aceptado con la Iniciativa Legislativa Popular, no la aceptamos con la Reforma del Estatuto de Autonomía, ni tampoco lo vamos a aceptar con ninguna otra iniciativa. Si se quiere el consenso, habrá que contar desde el inicio con todos los Grupos. Y si no, eso de adherirnos a posteriori no lo llevamos en el Grupo Parlamentario Mixto nada bien, y, además, creo que en este tema es el sentir de los cinco miembros del Grupo Parlamentario Mixto.

Sobre el fondo del asunto, la creación del Consejo Consultivo de Castilla y León, yo quisiera decir dos cuestiones:

Primera: ¿Es necesaria la creación de un organismo como el Consejo Consultivo en Castilla y León? ¿Va a mejorar, va a hacer más eficaz, va a garantizar mejor la legalidad? Pues la respuesta está clara: hasta ahora no hemos tenido Consejo Consultivo en esta Comunidad Autónoma. ¿Ha habido algún problema por no tenerlo? Yo creo que no. Del mismo modo que del Tribunal de Cuentas diremos lo contrario, por la imposibilidad del Tribunal de Cuentas del Estado de fiscalizar a todas las Administraciones Públicas, del Consejo Consultivo, de verdad, no vemos, no vemos la necesariedad de su constitución en esta Comunidad Autónoma.

Pero, no obstante, y dicho esto, de hacerlo, hagámoslo bien. Si hacemos un Consejo Consultivo, hagamos un Consejo Consultivo que sea independiente y hagamos un Consejo Consultivo que sea plural, que eso garantiza la independencia. Y en este sentido, ya empezamos mal cuando se hace o se pacta entre los dos partidos la composición del Consejo Consultivo. Miren ustedes, el partido que gobierna en esta Comunidad Autónoma va a tener y a monopolizar, prácticamente, ese Consejo Consultivo. Luego de independencia, absolutamente nada.

Yo nunca entendí cómo el Grupo Parlamentario Socialista llegó a un acuerdo con el Popular en esta composición. Porque, mire, señor Portavoz, con esta composición, el Partido Popular va a designar a seis miembros del Consejo Consultivo, a dos de las Cortes de Castilla y León, a dos de la Junta de Castilla y León, y a los Presidentes que tienen derecho, según la Proposición de Ley, a acceder, y ustedes solamente van a designar a uno. Es decir, estamos en seis a uno. No entiendo ni entendí nunca cómo llegaron a este acuerdo. Pero, en todo caso, ése es un problema suyo, no nuestro.

Lo que decimos es que, con esta composición, el PP va a designar seis miembros y el partido... el Grupo Socialista va a designar un miembro, y los demás no pintamos nada en la historia. Es decir, de plural, nada; de plural, nada. En estas Cortes hay cinco partidos representados y sólo va a haber dos que van a poder designar. Pero, además, ni de forma proporcional: cinco a uno. Es verdad que las circunstancias y las composiciones de las Cámaras Legislativas cambian y que también la Junta de Castilla y León puede cambiar. Bueno, pues si cambiase, serían cinco o seis para el Partido Socialista y uno para el Grupo Parlamentario Popular. Es decir, no hay equilibrio; y como no hay equilibrio, no hay pluralidad; y como no hay pluralidad, va a ser un órgano eminentemente político; y al ser político, no va a ser independiente. Y, por tanto, un órgano que no es independiente, malamente puede actuar como consejero de la legislación de esta Comunidad Autónoma.

Hay otra crítica que debemos hacer -y que también tratamos de suprimir mediante las enmiendas-, y tiene relación con las incompatibilidades.

Miren, nosotros creemos que este órgano, que no es imprescindible, que además ya no es órgano independiente desde el momento en que la composición está formada como está formada, va a ser, además, un órgano o va a tener la virtualidad de dar cabida... va a ser una especie de agencia, de oficina de colocación de amigos o de políticos que dejan la actividad política activa y que hay que premiarles y recompensarles, pues, dándoles un puesto en organismos de este tipo. Porque, si no, ¿explíquenme ustedes cómo es posible que cualquier Procurador, cualquier cargo político que haya... cualquier Diputado, cualquier Senador, Parlamentario europeo, Concejal, etcétera, que deje su puesto ayer pueda incorporarse al día siguiente al Consejo Consultivo? Eso es lo que dice. Es incompatible con ser Procurador, Diputado, Senador, Parlamentario europeo, Concejal, Defensor del Pueblo, Procurador del Común, pero quien deje ese cargo el día antes, al día siguiente se puede incorporar al Consejo Consultivo, de tal manera que lo que se busca con esto es evidente: colocar ahí a todos los políticos que dejan la política activa y que hay que agradecerle los servicios prestados, y hay que recompensarles. De tal manera que nosotros pedimos, a través de nuestras enmiendas, que esa incompatibilidad se lleve también a los cinco años anteriores; es decir, que tenga que haber un periodo de carencia o de vacancia política de cinco años; y con eso conseguiríamos garantizar que las designaciones de los representantes del Consejo Consultivo iban a ser unas representaciones y unas designaciones mucho menos políticas.

Una cosa es que no estemos de acuerdo, o una cosa es que no nos parezca imprescindible, y otra cosa es que, si se pone en marcha el Consejo Consultivo, apelemos una vez más al Artículo 2.3... perdón, 3.2 del Estatuto de Autonomía, que habla de la descentralización administrativa en esta Comunidad, y pidamos su sede para León. No es incompatible. Una cosa es que digamos "no es imprescindible", pero, como se va a hacer, que, apelando a ese artículo del Estatuto de Autonomía, norma básica de esta Comunidad Autónoma, que habla de la descentralización política y administrativa, el Consejo Consultivo -y así lo pedimos a través de la correspondiente enmienda- tenga su sede en la provincia de León.

Y, por último, la Disposición Transitoria Primera, donde se refiere a que pueden o a que tienen derecho a formar parte del Consejo Consultivo los que hayan sido Presidentes de la Junta de Castilla y León en los últimos... o durante dos años -mejor dicho-, nos parece muy poco periodo de tiempo. Dos años no nos parece un tiempo suficiente como para que con eso ya se permita tener acceso. Además, ¿por qué dos años? ¿Y por qué no cinco? ¿Y por qué no diez? No entendemos el por qué hacen falta dos años. O tienen derecho a ser los que han sido Presidentes de la Junta de Castilla y León, o, de lo contrario, si hay que poner plazo, pongamos un plazo mínimo de una Legislatura. Entendemos que debería ser más, pero, como mínimo, de una Legislatura. Pero ¿por qué dos años? ¿Hay algún caso en particular que ustedes hayan negociado para que con dos años se le permita estar en el Consejo Consultivo?

Pues esto, Señorías, son las principales enmiendas que hacen y que nos motivan a oponernos a un organismo que no es imprescindible... tampoco digo que sea malo, no es imprescindible. Y que si lo hacemos, si lo ponemos en marcha, pongámoslo bien, pongámoslo bien, démosle ese tinte apolítico de imparcialidad y, desde luego, de designación de sus miembros entre profesionales y no entre políticos. Eso sólo se consigue admitiendo las enmiendas que hemos presentado, porque con el texto tal y como está, vamos a tener un órgano político absolutamente dependiente del Gobierno de la Comunidad Autónoma y lleno de personas que han estado en la política activa y que -como ya no están- hay que agradecerles los servicios prestados. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Para consumir un turno en contra, por el Grupo Popular, señor Vázquez, don Francisco, tiene la palabra.

EL SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO:

Muchas gracias, señor Presidente. Me alegran dos cosas: en primer lugar, que por fin hayamos oído su voz en lo que se refiere a estas cuestiones, puesto que en el debate de totalidad no fue posible. Y, en segundo lugar, me alegra también que, aunque usted no crea imprescindible este órgano, solamente haya enmendado tres de los veinte artículos del mismo. Según parece, a usted sólo le han interesado enmendar -y me parece, por lo tanto, que está de acuerdo con el resto- los que se refieren a contenidos orgánicos o a contenidos de designación de miembros del Consejo, en cuanto a incompatibilidades. Lo que vaya a hacer el Consejo le trae -parece ser- absolutamente sin cuidado, o, en caso contrario, está de acuerdo con lo que va a hacer este Consejo.

Pero yo, de todas formas, le tengo que decir que no se puede... no se puede salir aquí a solamente decir una parte. Es decir, esto se enmarca en unas conversaciones muy amplias, que -como usted ha referido- datan de antes, datan de la última reforma del Estatuto, datan del Artículo 24 nuevo del Estatuto de Autonomía, de esa ley que se enmarca -a mi juicio- muy bien dentro de las perspectivas del nuevo Estatuto y que antes no estaba recogido en el anterior texto estatutario, y que es una Ley que es absolutamente imprescindible.

Es absolutamente imprescindible porque, entre otras cosas, data o tiene su apoyatura en la ley madre, que es la Ley del Consejo de Estado, una institución muy prestigiosa, y que nosotros hemos procurado o vamos a procurar que este Consejo Consultivo siga con lo mismo. Porque sigue con el mismo esquema de funcionamiento, de organización, de miembros y competencias que tiene el Consejo de Estado. Y también se basa en otros órganos similares en todas las Comunidades Autónomas. Con lo cual, creemos que en la cuestión de eficacia, en la cuestión de prontitud de lo que son sus materias fundamentales objeto de tratamiento, se va a ver muy favorecida nuestra Comunidad Autónoma.

Pero es que, además, en su exposición, yo creo que al final ha dado la razón usted a los Grupos que hemos negociado esta Proposición de Ley. Y ha dado la razón porque, según sus enmiendas -y según las enmiendas que luego examinaremos de los otros componentes del Grupo Mixto-, ni siquiera se han puesto ustedes de acuerdo en lo que han reprochado a los otros dos Grupos mayoritarios en que nos hemos puesto de acuerdo, porque ni están de acuerdo ni en el número, ni en la forma de nombramiento, ni siquiera si deben ser por la forma... por la Junta o no por la Junta, si deben ser miembros natos, si son permanentes, si pueden ser miembros electivos. Es decir, yo creo que, con el razonamiento que ha hecho usted, nos ha dado plenamente la razón a los Grupos mayoritarios que hayamos negociado esta Proposición No de Ley (sic.), porque a lo mejor con ustedes no hubiera sido posible nunca llevarla a cabo.

Pero es que además... además de esto, en sus enmiendas concretas -como digo-, usted tacha a este órgano de político. Yo creo que es todo lo contrario. Se ha demostrado a lo largo -como digo- de la historia del Consejo de Estado que no es un órgano en el que se vaya a discernir ahí materias políticas, sino, lógicamente, hay que aprovechar la experiencia de muchas personas, de muchos cargos, de muchos colores políticos que han tenido responsabilidades y que, a la hora de verter unas opiniones desde el punto de vista jurídico para la organización de nuestra Comunidad Autónoma a través de las futuras leyes o de las... o de los futuros reglamentos, puedan tener algo que decir en esta materia.

Y es más: usted ha achacado, pues, que existen miembros natos, que sería para colocar a no sé quién. ¿Usted se ha leído cuáles son los miembros que pueden pertenecer a este tipo de órganos en otras Comunidades Autónomas? Mucho más amplios que los miembros natos, que aquí se han circunscrito única y exclusivamente a los Ex Presidentes de la Comunidad Autónoma. ¿Usted se ha leído cuáles pueden ser miembros permanentes -¡ojo!, no estoy ya diciendo ni electivos, ni natos- del Consejo de Estado? La lista es grandísima, de todas las clases. ¿Usted se ha leído cuáles pueden ser los miembros natos del Consejo de Estado? Hay de todo tipo de cargos políticos, incluso judiciales. Es decir, no se puede achacar a esta Ley que se pretenda colocar por un partido o por otro a personas ahí, sino de todo lo contrario, que se enriquezcan las prescripciones de esta Ley y lo que vayan a hacer los Grupos... y lo que vayan a hacer los Grupos de esta Cámara a través de las leyes, de los proyectos de ley, de las proposiciones de ley que se presenten, con las opiniones de los que allí están representados, en este órgano.

Por lo tanto, en lo que se refiere a la composición, en lo que se refiere a la forma de nombramiento, creo que queda claro que en absoluto es un órgano que -como usted ha dicho- vayan... se vayan a nombrar a dedo. En todos los órganos de este tipo, el Ejecutivo -no le hablo ni de la Junta, ni de un Gobierno-, el Ejecutivo se reserva nombramientos, pero es porque es un órgano jurídico y consultivo que depende de la Comunidad Autónoma, y que depende del Ejecutivo, y que depende... porque así lo hemos querido en Castilla y León, y que también pueda conocer cuestiones de Corporaciones Locales.

Por lo tanto, es lógico, porque así está establecido en todos los órganos similares, que el Ejecutivo se reserve nombramientos de esta clase. Y que -eso sí que le puedo decir- en otras Comunidades Autónomas el Legislativo no participa en el nombramiento de los miembros del Consejo Consultivo, aquí en esta Ley, sí. Y, por lo tanto, es democrático; y, por lo tanto, no es un órgano político; y, por lo tanto, sí que se politizaría si usted dice que tiene que haber por lo menos uno... no de cada Grupo Parlamentario, sino de cada fracción de tres Procuradores que formen parte de Grupo Parlamentario. Eso sí que sería una representación política, que no es deseable, del Consejo Consultivo.

Y, por lo tanto, nosotros no tenemos más remedio que rechazar todas sus enmiendas, porque -como digo- en ninguna de ellas, ni siquiera en la que hace referencia a los doce años para que sean miembros natos del Consejo Consultivo, haber estado doce años de Presidente de la Comunidad Autónoma... ya digo, en ningún órgano de estas características se exige ni siquiera ningún tipo, ningún tipo de límite temporal, y aquí sí: hemos puesto tres años de... es decir, los que han estado tres años, a partir, a partir -porque hay que leerse todo- de la entrada en vigor de esta Ley. Los anteriores, hay una Disposición especial, porque creemos, creemos que es acertado que la experiencia que han tenido de dirección de esta Comunidad, de ser Presidentes de todos los castellanos y leoneses, se pueda plasmar algún día en las opiniones que viertan en los dictámenes y los informes del Consejo Consultivo, sean del color que sean.

Y, por lo tanto, en cuanto a las incompatibilidades, ya le he dicho que en ningún sitio se establece esa incompatibilidad que ustedes quieren de cinco años después de que se haya abandonado -por así decirlo- el ejercicio de la política.

Pero, es más, hay otras cuestiones en las que sí que me gustaría -aunque sea brevemente- entrar, como es el tema de las sedes. En algunas Comunidades Autónomas, efectivamente, en la propia Ley se ha establecido la sede; suelen ser Comunidades Autónomas uniprovinciales. En el resto se ha dejado al Reglamento respectivo -y le voy a citar solo algunas Comunidades Autónomas: Cataluña, Baleares, País Vasco, Valencia, Castilla-La Mancha- que sea donde se establezca la sede de este organismo autónomo; e, incluso, en alguna de ellas -como es el caso de Galicia- sí se ha establecido en la Ley, y se ha puesto que sea en la capital de la Comunidad Autónoma, en Santiago de Compostela. Aquí hemos preferido esa cuestión dejarla a la cuestión reglamentaria para -como usted también dice- poder atender a posibles criterios de descentralización, no a criterios de centralización en León, que tampoco... estará usted de acuerdo conmigo en que tampoco -según su razonamiento- serían del todo válidos.

Y, por lo tanto -como digo-, nos vamos a oponer a estas siete enmiendas que su Grupo ha presentado. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señor Otero, para réplica, tiene la palabra.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Muchas gracias, Presidente. Don Francisco Vázquez, por orden de su intervención, vino a decir que, bueno, que había presentado pocas enmiendas; que, por tanto, quería decir que con el resto estaba de acuerdo. Que no le quepa duda que así es. Pero es que las enmiendas... ¡tela!, a lo que se refieren; se refieren a la esencia mismo del Consejo Consultivo, a cómo se designa a sus miembros y entre quiénes pueden designarse sus miembros, nada más y nada menos; al cimiento, al cimiento mismo del Consejo Consultivo. De tal manera que es verdad que en el resto estamos de acuerdo. El resto del texto es un texto técnico. Si eso... más o menos, todas las leyes son similares, son iguales.

Pero es que ¡menudas enmiendas que hemos presentado! Es que afectan a la esencia mismo del Consejo Consultivo: entre quiénes se puede elegir a sus miembros y quién los elige, cómo se designan, nada más y nada menos. Porque un Consejo Consultivo, que estimamos que no es imprescindible -en diecinueve años hemos estado sin él-, pero que, por otra parte, no nos oponemos rotundamente a su creación. Lo que sí pedimos es que, si se hace, se haga bien; que si se hace, sea independiente y que, si se hace, sea plural. Porque un Consejo Consultivo con dependencia política del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León no tiene ningún sentido; para eso ya están las asesorías jurídicas de las distintas Administraciones Autonómicas; no tiene ningún sentido. Hagámoslo independiente, plural y que en él se sientan representados todos los ciudadanos, a través de los partidos políticos de la Comunidad Autónoma.

En ese sentido, yo creo que está bien claro lo que decimos, ¿no? Dice... eso no lo entendí muy bien, porque, vamos, no... que no nos ponemos de acuerdo a la hora de presentar las enmiendas en el Grupo Mixto. ¿Lo entendí mal? Porque eso, yo me imagino que usted asume que somos tres partidos políticos con planteamientos completamente distintos, y que las enmiendas -con toda seguridad- van a ir por distinto camino. Nos encogíamos todos de hombros cuando decía usted eso. ¿Cómo vamos a tener el mismo planteamiento en el Grupo Mixto, con la disparidad de planteamientos que hay entre los tres partidos políticos? Eso yo creo que no merece.

Se refiere usted también a que otras Comunidades Autónomas lo han regulado, e incluso le han dado todavía más carácter político a la hora de la designación. Mire usted, si lo hacen mal... si lo hacen mal, vamos nosotros a tratar de hacerlo bien, vamos a tratar de hacerlo bien.

Y se refiere usted al tema de la sede, y dice que las demás Comunidades Autónomas han establecido, no han establecido... Mire, si a mí me da igual que la sede se establezca en la Ley que en el Reglamento. Yo digo... y la pido en la Ley porque yo no tengo acceso a elaborar el Reglamento, y sí puedo participar en la elaboración de la Ley, con más o menos fortuna, con más o menos éxito -normalmente con menos éxito-, pero en el Reglamento sí que no puedo opinar; yo ahí no participo, eso es cosa de la Junta.

Entonces yo le pregunto, a usted y al Presidente de la Junta, que, además, está aquí: ¿ya saben cuál va a ser la sede del Consejo Consultivo? ¿Ya se sabe cuál va a ser la sede? Porque si esta Ley se aprueba, se pone en marcha de forma inmediata, ¡hombre!, yo creo que esa previsión ya la tienen que tener hecha. Decía usted que en Galicia se puso en la capital; pero aquí no hay capital, aquí no... Es decir, en esta Comunidad Autónoma, yo le aseguro -y lo dice el Consejero de Presidencia cada vez que le preguntamos- que hay una ciudad donde están ubicadas las sedes, pero no hay capital; esta Comunidad Autónoma no tiene capital, aunque sea algo que no le guste al Alcalde de Valladolid, pero no tiene capital. En ese sentido, yo, me gustaría saber si ya tienen y ya saben dónde se va a hacer el Consejo Consultivo. ¿También en Valladolid, como todo, con esa peregrina razón de que, como están aquí los Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, por razones de eficacia y coordinación, es mejor que esté todo centralizado en el mismo sitio? ¿Tenemos alguna posibilidad León de contar con este Consejo Consultivo o con el Tribunal de Cuentas, del que luego hablaremos? En fin. Si lo saben ya, le agradecería que me lo dijera.

Porque, fíjese, a lo mejor incluso solo por eso cambiamos nuestra opinión a la hora de votar, a lo mejor solo por eso. Fíjese si estamos necesitados de... Sí, sí, sí. Señor Presidente... Fíjese, Presidente, estamos tan necesitados de sedes de organismos que eso sería motivo suficiente para apoyarlo.

En definitiva, miren, van a tener ustedes un Consejo Consultivo designado a dedo por el Partido que gobierne la Junta de Castilla y León, donde van a poder colocar a los que ustedes quieren, hayan sido políticos o no hayan sido políticos. De tal manera que un Consejo Consultivo, que tendría que estar destinado a técnicos en Derecho, fundamentalmente, porque se trata de consultar sobre leyes, van a poder ustedes poner ahí a quien le dé la gana, y normalmente -y, si no, el tiempo nos lo dirá, porque lo hacen también en otras instituciones que ya tienen- será el lugar para colocar a los amigos que ya han quedado fuera de la política activa. Y si ustedes no van a hacer eso, lo tienen bien sencillo: acepten nuestra enmienda y no permitan que los que hayan estado en política activa durante esos cinco años anteriores puedan acceder al Consejo Consultivo. Y con eso, tan... resuelto.

Por eso no nos creemos nada de este Consejo Consultivo. Y -como ya le digo-, al final, organismo para colocación de amigos. Y eso, desde luego, no lo apoyamos.

Y termino. Si sabe usted lo de la sede, que tan mal le pareció al Presidente de la Junta, pues nosotros encantados de si nos dice algo. Muchas gracias, Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Señor Vázquez, para turno de dúplica.

EL SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO:

Muchas gracias, señor Presidente. Muy brevemente también. Si el Consejo Consultivo tiene su sede en León, esta Ley es buena; si el Consejo Consultivo no tiene su sede en León, esta Ley es mala. Si ya sé que ese es el mensaje que usted venía hoy a transmitir aquí. Pero es que nosotros venimos a otra cosa más importante, que es a intentar dotar de un órgano consultivo importante a esta Comunidad Autónoma. Y, por lo tanto, le voy a dar las gracias, le voy a dar las gracias por estar de acuerdo con que, en el contenido de esta Ley, este órgano sea de naturaleza consultiva, como así se ha establecido; que se establezcan los principios de autonomía y objetividad en el Artículo 2 -con eso también me ha dicho usted que está de acuerdo-; que en su régimen jurídico se vele por el ordenamiento jurídico de toda la Comunidad Autónoma y por que sus dictámenes sean en Derecho acertados; por que los criterios de actuación sean los correctos, a través de las consultas preceptivas y vinculantes; por que los dictámenes no sean vinculantes; por que las competencias... están ustedes con todas las competencias de acuerdo, todas las competencias y las consultas preceptivas, facultativas y de las Corporaciones Locales, y que están prolijamente enumeradas.

Y están también de acuerdo, básicamente, con los siete artículos que hacen referencia a la organización, después de ver que eso no es la esencia, como usted ha comenzado diciendo. La esencia es lo anterior; la esencia son los artículos que yo le he citado a través de las competencias que tiene el Consejo. Eso es la esencia del Consejo. Ustedes se van a lo aleatorio, ustedes se van a decir que si me parece mal, pero si me dejan participar con un Consejero me parece bien. Y ya, desde luego, si aquí hay un artículo hoy que dice: "Esto tiene su sede en León", la Ley es perfecta. En ese planteamiento nunca nosotros vamos a estar de acuerdo con usted, pero ni para esta ni para otras leyes; eso ya lo sabe usted porque lo estamos haciendo día a día.

Y, por lo tanto, yo tengo que negar la mayor, la que usted ha esgrimido aquí: la de decir que este es un órgano político. Este no es un órgano político. La designación se hace democráticamente, de tres de sus miembros, en esta Cámara, que -como le digo- no se hace en otras Comunidades Autónomas; pero aquí se hace así, democráticamente. Y este es un órgano técnico, porque la esencia -como le digo- son sus siete primeros artículos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Es el turno ahora de don Antonio Herreros para defender sus enmiendas a este.. a esta Proposición de Ley.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Bien, en primer lugar queremos decir que el Artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León reconoce, aprueba y considera la figura del Consejo Consultivo como institución propia. No obstante, a nuestro juicio, no es un instrumento que en la actualidad sea indispensable; y lo decimos nosotros, que, por supuesto, pretendemos que todos y cada uno de los planteamientos o de las competencias existentes en el Estatuto de Autonomía sean actualizados, sean contemplados y que se le dé el máximo del carácter de autogobierno a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Pero lo digo también por una razón, y es que debería de haber permitido, en todo caso, no actuar con las formas -que son perfectamente legítimas- entre los dos Grupos Parlamentarios mayoritarios para hacer lo que crean conveniente, lo que estimen oportuno: negociar, acordar, pactar o lo que les parezca procedente.

Yo he podido observar en la intervención anterior del Portavoz del Grupo Parlamentario Popular cómo al final existe un tinte de justificación en aquello de "se demuestra que hubiese sido prácticamente imposible el haber hecho una negociación más amplia con la participación de todos los Grupos Políticos de la Cámara". Entonces, no hablemos de consenso; hablemos de acuerdos entre dos Grupos políticos, que digo e insisto que me parece que son perfectamente legítimos.

Pero desde Izquierda Unida tenemos la sensación de que podíamos haber llegado a acuerdos, y a acuerdos en muchos de los puntos que hoy nos plantea esta Proposición de Ley Reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, a no ser que se pongan otras argumentaciones para resistirse.

Yo voy a reflexionar sobre algunas de las diecisiete enmiendas parciales que Izquierda Unida ha planteado, no con ánimo de detraer consistencia, sino de regular, de armonizar, de dar, a lo mejor, mayor importancia al Consejo Consultivo, insistiendo en que no nos parece que sea éste el momento indispensable para tomarlo en consideración.

En primer lugar, hablamos, en la Enmienda primera, de la naturaleza. Y cuando se dice que el Consejo Consultivo de Castilla y León es el superior órgano consultivo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, aunque, lógicamente, forman parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León las Corporaciones Locales, creemos que sería interesante que pudiese incorporare este concepto, a fin de ampliar, puesto que estas Corporaciones Locales tienen que aplicar en muchos casos normas autonómicas o desarrollar normas autonómicas. Y sería de interés el que pudiesen sentirse en la posibilidad de acceder a ese Consejo Consultivo las Corporaciones Locales.

La Enmienda número 2, cuando se habla de los criterios generales de actuación, nosotros añadiríamos que las Disposiciones y Resoluciones de la Administración sobre asuntos informados por el Consejo Consultivo expresarán conformidad con su dictamen, o... si se apartan de él. Podíamos decir conformidad o disconformidad, podíamos haber llegado a un acuerdo, pero para que en todas las actuaciones del Consejo Consultivo, al margen de lo que es específicamente el dictamen, pueda haber esa regulación.

En tercer lugar, cuando hablamos de competencias, nos parece que sería de interés el que, hoy por hoy, no se aprecian, o ustedes dicen que no hay ningún tipo de conflicto de atribuciones que se susciten entre Consejeros. Pero, si hacemos un análisis de lo que ocurre en algunas otras Comunidades, han aparecido en alguna ocasión conflictos de competencias entre los miembros de un propio Gobierno, y lo lógico es que se dirima en su fuero interno. No obstante, nosotros creemos que, en último caso, pudiera ejercer esta función de arbitraje en estas cuestiones el Consejo Consultivo.

En la cuarta enmienda planteamos que se pueda recabar el Dictamen del Consejo Consultivo en aquellos asuntos no incluidos en la relación que se hace, expresa, en todo el Artículo 4. Y, lógicamente, lo expresamos, simplemente, para que no haya ningún tipo de limitación por parte de la propia legislación; es decir, que puedan ser consultas facultativas las que se planteen por cualquier organismo de la Administración.

La Enmienda número 5, aunque con algún grado de confusión, no tendríamos ningún tipo de inconveniente en retirarla, porque al final da la impresión de que sí coincide con el texto que había propuesto Izquierda Unida.

En relación a la organización y funcionamiento del Consejo Consultivo, primero, nosotros planteamos que el Consejo Consultivo esté integrado por siete miembros. Estos siete miembros, a nuestro juicio, deben de ser miembros electivos, en ningún caso miembros natos, y, lógicamente, serán nombrados por el Presidente de la Junta de Castilla y León -decimos-, entre Juristas de reconocida competencia, no simplemente el hecho de que sean Juristas sin más, puesto que los planteamientos que pueden... o se hagan requerirán de una cierta dotación de experiencia.

Hablamos de unos procedimientos de renovación, de tal forma que en todo momento esté moviéndose ese Consejo, esa composición del Consejo Consultivo, que es una de las previsiones que se pueden realizar para que haya una claridad, una transparencia, y que no haya riesgo de intereses que se puedan ir generando a través de la permanencia o estancia en ese Consejo Consultivo.

No voy a hacer exhaustivamente la apreciación sobre el particular, entre otras razones, porque queda muy poco tiempo.

En relación con el Artículo 8, Presidente del Consejo Consultivo, completamos, mediante la Enmienda número 7, el procedimiento de elección -que en ese Artículo 8 no se dice nada expresamente-; y se especifica, por nuestra parte, la duración del mandato del Presidente.

Efectivamente, el punto tercero de nuestra enmienda, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, sí aparece recogido en el nuevo texto de ese Artículo 8.

En relación con las incompatibilidades, no viene de más que se citen -aunque es cierto que vienen todos los altos cargos-, se citen los miembros del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Y es lo que planteamos a través de la enmienda octava.

En la enmienda novena, se ha asumido nuestra propuesta, en relación a que los Consejeros electivos que incurran en incompatibilidad apreciada por la Institución en cada caso, los designados serán cesados.

Pero aquí se habla, exclusivamente, de los Consejeros electivos. A nosotros nos parece que si ustedes mantienen, lógicamente, lo de "Consejeros natos", habrá que buscar alguna fórmula para que procedimientos o problemas que se generen de incompatibilidad puedan ser resueltos. Y aquí no se contempla una solución en ese aspecto.

Y añadimos posteriormente una serie de artículos. Una adición, en el Título III, de un Artículo 14.bis, sobre la petición de dictamen, en el que planteamos que sea el Presidente de la Junta de Castilla y León, el Presidente de las Cortes, los que puedan formular la solicitud de dictamen del Consejo Consultivo: "los Consejeros de la Junta podrán recabar directamente información o informe preceptivo del Consejero... del Consejo Consultivo en los asuntos de su respectiva competencia, a los que se refiere la letra h) del Artículo 4".

Añadimos también... aunque parezca una obviedad, deberían aparecer recogidas las causas de abstención y el derecho de recusación de los miembros del Consejo, tanto en casos de necesidad de abstenerse por... de informar, porque tengan interés subjetivo en alguno de los planteamientos, como la forma de promover la recusación en caso de que fuese necesario.

En la aprobación de dictámenes, eliminamos el voto de calidad del Presidente y cambiamos el título, porque, si se llama "aprobación de los dictámenes", acto seguido no se hace ninguna referencia a los dictámenes, siempre se habla de "acuerdos".

En relación con el Artículo 17, de plazos de dictámenes, nos parece que en este caso determinado debería no limitarse a que en caso de que no se produzca el dictamen en el plazo estipulado se haga una exigencia de responsabilidad, sino que, lógicamente, se habiliten motivos y formas para que puedan concluirse en plazos y no dejarlo a un silencio administrativo del que ya hemos hecho en alguna otra ocasión queja expresa.

El Artículo 18, nosotros sugeríamos la supresión del punto tercero, para después regularlo con mayor precisión en las Enmiendas 15 y 16. La 15, que completa y amplía el punto tercero en los términos de "podrán ser oídos al Consejo todas las partes interesadas"; la audiencia se concederá, en todo caso, cuando en la consulta esté directamente interesado la Administración Pública. Y así, en la práctica, hasta el final, que en la Enmienda 17 -y con ello concluyo- pretenderíamos que estas Cortes pudiesen tener la relevancia suficiente, de tal modo, que lo mismo que en el caso del Procurador del Común, pudiesen recibir, al menos una vez al año, no sólo lo que son las informaciones preceptivas, sino la comparecencia oportuna en las Cortes por parte del miembro Presiente del Consejo Consultivo. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para consumir un turno en contra, señor Vázquez, del Grupo Popular, tiene la palabra.

EL SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO:

Gracias, señor Presidente. Y gracias, señor Herreros, en primer lugar, por su talante -que tengo que reconocer que siempre es constructivo-, por la aportación que ha hecho a este texto con sus enmiendas a lo largo de casi todo el articulado; y muy especialmente gracias hoy por la paciencia que está teniendo.

Pero ya, yendo directamente a lo que son el articulado y las enmiendas, las diecisiete enmiendas por usted presentadas a este texto, lógicamente, nuestra oposición va a ser frontal en la número 6, Artículo 7, el tema de la composición de los miembros, que es un tema que ya anteriormente me he referido, cuando lo hemos debatido con las enmiendas de la Unión del Pueblo Leonés. Y, como yo le decía, parece que no se me ha entendido en la anterioridad, según decía el representante de la UPL; pero yo me refería no sólo al número de miembros -que veo que no coinciden-, sino tampoco a los miembros de la Junta, que, efectivamente, usted sí que está de acuerdo en..., al considerar este órgano como un órgano eminentemente técnico -como en otros Gobiernos-, la Junta pueda nombrar a algunos representantes en este Consejo; no en cambio, así, en los miembros natos y de otras categorías que nosotros no hemos puesto aquí, como son los miembros permanentes en otros Consejos similares.

Pero, señor Herreros, yo sí que he comenzado diciéndole que le daba las gracias por su aportación también. Y es que, a mi juicio... y ya quería debatir sobre este tema con usted, que, a lo mejor, con anterioridad, no ha sido posible por los motivos que fueran, ni en Ponencia ni en Comisión; pero sí que decirle que a nosotros, como Grupos mayoritarios, no nos importaría... es más, nosotros estaríamos dispuestos... Bien, usted ha dicho aquí que ha retirado la Enmienda número 5, pues era objeto también... porque ha sido modificada en el texto originario a través de una transacción que hemos llevado a cabo en la Ponencia por una enmienda del Partido Socialista, y que, por lo tanto, pues, efectivamente, la Enmienda por usted presentada, la número 5 al Artículo 6, pues queda una poco ya recogida en esa transacción realizada.

Pero lo que sí que le puedo decir es que nosotros no tendríamos ningún inconveniente -como digo, nuestro Grupo- en aceptarle algunas enmiendas por usted presentadas, que, como usted bien ha dicho, en alguna de ellas, como es el tema de la abstención y recusación, pues redundan, porque están reconocidas en las normas generales y se pueden concretar en el Reglamento, y, por lo tanto, no habría inseguridad jurídica -me estoy refiriendo a la abstención y recusación-. No tendríamos ningún problema en que esa enmienda usted fuera... si la transaccionamos con usted, se incluyera como puntos dos y tres al Artículo 15; igual que algunas de las enmiendas, de la número 14 a 17, si usted, también, por otra parte, muestra también su flexibilidad retirando algunas enmiendas que están recogidas en el propio... en el propio texto, como le voy a demostrar posteriormente.

Usted, por ejemplo, en la primera de ellas, de sus enmiendas al Artículo 1, incluye "Junta y Corporaciones Locales". Bien, la redacción que está hecha en el Artículo 1 del texto actual es "Comunidad Autónoma"; en Comunidad Autónoma entran Junta y Corporaciones Locales. Y luego ahí hay un artículo específico que recoge los informes para las Corporaciones Locales.

Por lo tanto, nosotros creemos que esa enmienda suya está ya incluida en el propio texto; es más, está incluida más... más amplia que lo usted... lo por usted expresado, porque aquí se puede recoger también la Administración Institucional y la Administración Corporativa. Y, según la redacción hecha por usted, pues quedarían, en principio, fuera de estas cuestiones.

También está incluida la Enmienda número 2 al Artículo 3, el tema de dar conformidad o no a los... en los textos que se vayan a analizar en el Consejo Consultivo, dar conformidad o no. Expresarlo así en la parte expositiva -usted dice- del texto respectivo. Que si se da conformidad o no con el Informe del Consejo Consultivo está incluida, expresamente, en la Disposición Adicional Primera; y están incluidos en el Artículo 3 los criterios generales de los informes, que serán preceptivos, no vinculantes y sin informe posterior de ningún órgano de la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, esta segunda enmienda suya también está incluida en el propio texto de la Ley.

Y también están incluidas, por ejemplo, la Enmienda número 7 al Artículo 8, en la que hace referencia al Presidente del Consejo. Esto está incluido, lo que pasa que es con una redacción diferente de la dada por usted.

Y la Enmienda número 8, sobre la incompatibilidad de los miembros de la Junta, que usted también ha reconocido que es para mayor claridad, puesto que usted habilita una letra específica para que los miembros de la Junta tengan incompatibilidad en lo que respecta a formar parte del Consejo. Aunque esto es lógico, también -como le digo- está incluido en la letra i) de ese mismo Artículo 11.1, al referirse a que cualquier cargo político es incompatible para formar parte del Consejo. Yo creo que, lógicamente, en eso estamos todos de acuerdo que los miembros de la Junta son todos cargos políticos. Por lo tanto, también está recogido.

Y está recogido, y de una forma más amplia, lo por usted expresado en la Enmienda número 9, que hace referencia al 11.3, a la incompatibilidad de los Consejeros; está recogido en el propio Artículo 11.3, y de una manera más amplia que usted lo hace.

Y también... y también están incluidas la Enmienda número 10 suya, que hace referencia a la petición de los dictámenes -y que usted aquí ha citado- por el Presidente de la Junta, el Presidente de las Cortes y los Consejeros. Bien. Están incluidas tanto en el Artículo 5, entre los informes facultativos, como en el Artículo 4.2 de los preceptivos.

Y, por lo tanto, yo creo que para que no se modifique el texto y que el espíritu está en el texto recogido estas enmiendas que le he citado con anterioridad, creo que, si sería posible llegar a un acuerdo con usted de transaccionar algunas de las que le he citado en primer lugar y retirara usted otras, pues no tendríamos un inconveniente en que participara en la confección literal del texto propuesto. Por lo tanto, nosotros le ofreceríamos -como le digo- transaccionar la Enmienda número 11, la 14, 15, 16 y 17; y retirar... y, si usted retira la 1, 2, 3, 5 -que ya ha anunciado que la va a retirar-, 7, 8, 9 y 10. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Señor Herreros, para su turno de réplica.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ¡qué fácil había sido haberlo hecho a su debido tiempo! Porque yo no tengo ningún tipo de inconveniente en hacer un repaso de esa sugerencia que Su Señoría plantea, pero estamos en un momento en el que ya no es posible, porque cualquier procedimiento de transacción hay que hacerlo previo a este acto, es decir, a la consideración del Proyecto de Ley en plenario. Ahora, prácticamente no es posible.

Entonces, ¿qué es lo que me quiere plantear cuando me dice que retire esas enmiendas? Yo las podría considerar perfectamente, y ustedes podrían entender que hay una serie de enmiendas... que si Izquierda Unida retira la 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 10, entonces ustedes consideran y asumen o admiten la 11, 14, 15 y 16 ó 17, no sé si en su literalidad o con algún tipo de modificación también.

Punto primero: eso es lo que he pedido esta mañana. Si es que hemos pasado mucho tiempo. Y no pongo exclusivamente en responsabilidad suya el problema, porque yo he asumido la parte de responsabilidad que me compete, y la parte de responsabilidad es que uno está solo en estas Cortes y, lógicamente, es muy difícil que pueda atender a todas... los planteamientos y a todas las demandas, sobre todo, cuando se planten o se hacen como en alguna ocasión se ha hecho: se remite una nota diciendo: ¿por qué no nos vemos tal día mientras la celebración del Pleno? Pero, Señorías, yo no puedo mientras la celebración de los Plenos, salvo rarísimas excepciones, reunirme con nadie, porque ustedes observan que prácticamente en todos y cada uno de los puntos tengo por costumbre intervenir, porque me parece que es absolutamente lógico y es la obligación y el compromiso que he adquirido desde el primer momento. Entonces, es muy difícil. Ya sé que después es más difícil también para ustedes, pero, en todo caso, tendríamos que haber conseguido haber utilizado resortes de cualquier género para haber llegado a acuerdos, y acuerdos que pudieran haber sido perfectamente razonables.

Porque, incluso, cuando Su Señoría me plantea que en algunas de las enmiendas está contemplado, bueno, pues si está contemplado, contémplese desde el punto de vista del espíritu. Sabemos lo complicado que a veces es el espíritu, las jugarretas que al final hace el espíritu en los procesos jurídicos, en los procesos legislativos. Entonces, lo que no está escrito, en la práctica no existe.

Es verdad que después se hace alusión a las Corporaciones Locales, pero si se hace y se puede hacer, ¿por qué no hacerlo desde el primer momento en los ámbitos que le corresponden y poder introducir esa enmienda? No tiene mayor importancia, lo confieso, sino que lo hacíamos como una sugerencia para que se tomase en consideración. Sabemos que esto no modifica excepcionalmente el Proyecto de Ley con la asunción o no asunción de esta enmienda, pero formaba parte del elenco de sugerencias que hacía Izquierda Unida y que se podía tomar en consideración.

En algunos casos concretos, Su Señoría dice que ya están contemplados. Están contemplados relativamente, porque hay algunos de los casos que se citan en los que, efectivamente... Por ejemplo, en la Enmienda número 9, cuando Su Señoría dice que ya está contemplado en el punto 3 del Artículo 11 las incompatibilidades, pero es un hecho absolutamente evidente que en ese punto dice: "Los Consejeros electivos", exclusivamente referido a los Consejeros electivos. Es decir... nosotros decimos "sin menoscabo de que el resto de los Consejeros que formen parte", porque para nosotros son exclusivamente electivos, en nuestra Proposición que hacemos. Pero ustedes van a mantener, o por lo menos eso es lo que consta en el Proyecto de Ley, van a mantener el criterio de miembros natos. Por tanto, también tendrá que haber algún tipo de regulación expresa de incompatibilidad total o parcial; la total es más difícil, porque cuando se incorpora se entiende que se incorpora el miembro nato con eso, pero lo que sí es posible es una incompatibilidad parcial en virtud de... de los elementos que tenga que considerar en un momento determinado el propio Consejo, de tal manera que habrá cosas que no, que no puedan ser tratados por esta... miembro.

En definitiva, es verdad que la organización y funcionamiento, la composición nosotros seguimos insistiendo en que habría que habilitar todos esos... esas fórmulas, esos requisitos, esas... mecanismos que garanticen la pluralidad, la imparcialidad, la independencia; incluso, el máximo de objetividad jurídica, si fuera posible, en todo el quehacer del Consejo Consultivo. Y eso no se va a hacer por deseo o por voluntad, sino que habrá que habilitar; y nosotros creemos que habilitamos tanto en la Enmienda número 6, relativa a la organización y funcionamiento en la composición del Consejo Consultivo, como en las enmiendas citadas por usted posteriormente -11, 14, 15, 16 y 17-, regulaciones oportunas que pueden permitir el que esa objetividad, que me consta que ustedes también la pretenden, pero pueda manifestarse en la forma, no solo en el espíritu. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Don Antonio, un momento. Antonio, ¿me quiere decir si... exactamente, si queda retirada alguna de sus enmiendas para la hora de la votación? La cinco. La cinco retirada.

Señor Vázquez, para el turno de dúplica.

EL SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO:

Muy brevemente, señor Presidente. Usted ha comenzado diciendo "a su debido tiempo". Efectivamente, ese es el problema, a lo mejor, muchas veces, el tiempo debido de las cuestiones.

Pero lo que sí que quiero hacerle... hacerle entender, por ejemplo, en la primera enmienda suya, relativa a la Junta de Castilla y León y las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma, el texto literal dice: "Comunidad Autónoma". Es decir, ahí están incluidos las Corporaciones Locales, que son Comunidad Autónoma, y después, está desarrollado en el Artículo 6 ese texto.

Y usted se ha centrado también en la cuestión de las incompatibilidades de los Consejeros haciendo una regla general. Efectivamente, porque usted solo contempla los Consejeros electivos. Pero como el texto contempla tanto los electivos como los natos, por eso le he dicho que es una regulación más completa la del Artículo 11.3, porque se refiere a los dos casos, no solo al que usted ha citado. "Los Consejeros electivos -dice este artículo- que incurran en incompatibilidad apreciada por la institución, que, en su caso, les designó, serán cesados". Pero es que a los Consejeros natos no se les deja sin ningún tipo de incompatibilidad en este... en este tema de sus actividades privadas, que es al que se refiere el punto 2; y luego, el punto 3 a todas. En el caso de los Consejeros natos, apreciada la incompatibilidad por el Pleno del Consejo Consultivo, esta llevará aparejada la suspensión de la condición de miembro de la misma. Por lo tanto, está regulado tanto uno como otro. No hay ningún tipo de laguna, se refiera a uno o a otro.

De todas formas, e independientemente de las cuestiones esenciales, en las que -a mi juicio- se ha avanzado mucho más con usted que con otras fuerzas políticas, ha empezado diciendo con anterioridad la que le ha precedido a usted en el uso de la defensa de sus enmiendas que el Consejo Consultivo no era necesario. Hemos avanzado algo; usted ha empleado la expresión que "no es indispensable". Por lo menos, ya hemos avanzado algo. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Tiene ahora la palabra don Juan Carlos Rad para defender sus enmiendas.

EL SEÑOR RAD MORADILLO:

Gracias, señor Presidente. Señorías, creo que vamos a avanzar aún más. Le voy a decir que el Consejo Consultivo es indispensable. Yo creo que si esa es... todo su anhelo en el avance de esta... de esta mañana o en el avance de la discusión de este tema, pues, es indispensable.

Desde luego, no quiero hacer ahora una repetición de lo expuesto aquí en la toma de consideración de esta Proposición de Ley, aunque, pues, nos hubiera gustado estar, quizá, en esa mesa de negociación, en ese pacto que hemos visto que... posteriormente, cómo estaba cerrado, y bastante herméticamente, por lo que hemos podido comprobar. He de reconocer que no me quita el sueño estar ni en los acuerdos ni en los desacuerdos con el Partido Popular y el Partido Socialista. Que no tengo ningún inconveniente en estarlo, pero tampoco tengo ningún inconveniente en no estar. Y, en este caso, pues, no vamos a estar.

Quiero salir al paso de una falsedad que yo creo que está bastante difundida, y es la culpabilidad que tenemos ese Grupo Mixto, que ni nos ponemos de acuerdo entre nosotros -iba a decir que ni falta que hace-. Pero, desde luego, la culpabilidad en que a día de hoy no tengamos Consejo Consultivo y Consejo de Cuentas en Castilla y León, pues, eso es radicalmente falso. Se aprobó la iniciativa legislativa popular; se aprobó yo creo que en las mismas condiciones y con los mismos presupuestos. Y lo que me da la impresión es que, si no se ha aprobado ahora o no se ha aprobado antes el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas, es que por... es porque entre ustedes no existe acuerdo en otras cuestiones. Otras cuestiones que pueden ser los nombres de las sedes o los nombres de los candidatos, que ahí me parece que es donde está el mayor desacuerdo, que ahí me parece que está la mayor dificultad para sacar adelante una institución que -lo repito- para mí es indispensable.

Varias son las enmiendas -nueve enmiendas- las que hemos defendido, las he defendido en Ponencia. No he defendido otras enmiendas de otros Procuradores, porque eso es algo que les dejo a ustedes que lo resuelvan en el futuro Reglamento. Yo no me siento capaz de defender las enmiendas de don Antonio Herreros o de don Joaquín Otero, ni me siento capaz ni estoy dispuesto a hacerlo. Y eso es algo que se lo dejo para futuros arreglos en el Reglamento de esta Cámara.

Una serie de enmiendas que hacen referencia a tres hechos que me temo que no van a ser objeto de acuerdo, porque son hechos que yo creo fundamentales, o por lo menos de fondo, en el que difiero totalmente con respecto a esta Proposición de Ley.

También les aseguro que, así como difiero en este Consejo Consultivo, no difiero en otros aspectos en el Consejo de Cuentas, y mi voto será favorable en el Consejo de Cuentas, pero no va a ser favorable en esta Proposición de Ley del Consejo Consultivo.

La primera de ellas es una enmienda que introduzco haciendo expresa consideración de uno de los objetivos de este Consejo Consultivo, y ha de ser la defensa del autogobierno de Castilla y León, lo que yo denominaría soberanía legítima de nuestra Comunidad Autónoma. Nosotros queremos un consejo consultivo como una institución propia de autogobierno comprometido con nuestra realidad, comprometido con lo que es nuestra realidad en el conjunto del Estado.

Nosotros como partido observamos cómo en los últimos años ha habido agresiones continuas a lo que pueden ser las legítimas competencias de las Comunidades Autónomas por parte de leyes, por parte de decretos del Estado central, mucho más desde que la derecha española, y, desde luego, anticonstitu... antiautonomista, gobierna en Madrid y, desde luego, mucho más teniendo el Gobierno Regional que tenemos, que dice que sí a todo lo que le viene de Madrid, de forma auténticamente automática.

Hay, quizá, una anécdota, pero es la... el Dictamen del Consejo Consultivo del Parlamento catalán... perdón, de la Comunidad Autónoma de Cataluña con respecto a la LOU, un Dictamen en el que observaba claros puntos de inconstitucionalidad. Bien. Ése a lo mejor es el Consejo Consultivo que yo desearía que nazca de una vez por todas en Castilla y León. Y para eso, pues, yo veo necesario que, no solamente en el espíritu, sino que también en la letra, se plasmen esas consideraciones.

La tercera de mis enmiendas hace referencia a una mayor apertura de servicio a este Parlamento de ese Consejo Consultivo en el sentido de posibilitar que la solicitud del dictamen la realicen los Grupos Parlamentarios.

Y, finalmente, el otro conjunto de enmiendas hace referencia a algo que ha sido común para el resto de compañeros en el Grupo Mixto, y ha sido a la eliminación de los miembros natos de ese Consejo Consultivo.

Se me discutió en la Comisión que tenía un concepto peyorativo de la política. Lo cual no es cierto. Yo creo que el paso por un Gobierno Regional, por presidir un Gobierno Regional no tiene, en absoluto, nada de peyorativo. Lo que puede tener peyorativo o puede ser negativo es la gestión que ha correspondido a esa persona o a ese conjunto de personas realizar desde ese Gobierno Regional. Por lo tanto, desde luego, mi más profunda consideración al cargo de Presidente. Y, desde luego, como partido político, como persona que está involucrada en la política, pues tengo -por qué no decirlo- mis aprecios y mis desprecios hacia alguna de las personas que han ocupado ese cargo en Castilla y León, en nuestra Comunidad Autónoma.

Nosotros no contemplamos el tema... el hecho como algo peyorativo, pero, desde luego, lo que no consideramos es que eso sea objeto de ninguna -entendámoslo así- prebenda política de figurar de forma... como miembro nato en un Consejo como es éste, el Consejo Consultivo. Nosotros planteamos la elección de todos los miembros de ese Consejo -diez miembros-: siete por parte de las Cortes y tres por parte de la Junta de Castilla y León. Entendemos que es así cómo se consigue una formulación más democrática de este Consejo. Y, desde luego, entendemos que cualquier Presidente o no, cualquier Consejero o no, cualquier Presidente de este Parlamento, o cualquier ciudadano de Castilla y León, pues, puede ser propuesto a instancias de los distintos Grupos Parlamentarios.

Entendemos que esto no obliga en sentido contrario a la elección de miembros natos. Y entendemos que en alguno de los casos la presencia -y lo digo así- de Ex Presidentes de esta Comunidad o de este Parlamento, pues, puede contribuir de forma muy positiva al desarrollo de las funciones de este Consejo Consultivo. Lo entendemos y por eso estaremos incluso dispuestos a apoyar con nuestro voto su elección, de la misma forma que a algunos otros, pues, no les apoyaríamos nunca.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. El turno en contra va a ser compartido por los Portavoces Popular y Socialista. Señor Vázquez, tiene la palabra.

EL SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO:

Muchas gracias, señor Presidente. Como usted bien ha dicho, sus nueve enmiendas se las puede repartir en tres bloques: 1 y 2, la número 3 y el resto, que hacen referencia a la forma de elección y a la composición del Consejo, del Artículo 7, el 11 y la Disposición Adicional Segunda.

Yo sí... -permítame que lo diga- creo que vamos avanzando. Hemos pasado ya de "no era necesario", "no era indispensable", y ahora usted cree que es necesario. Pues me alegro que coincidamos en esa cuestión de fondo, que, por cierto, usted sí que manifestó aquí ya en el Pleno de Totalidad, según he podido ver en mis notas. Efectivamente, dijo que no estaba de acuerdo con la forma, pero que en el fondo creía que debía existir un Consejo Consultivo, independientemente de la organización y el funcionamiento del mismo, que -como se verá- en eso sí que volvemos a discrepar, no sólo en la forma.

Pero usted ha dicho aquí en lo referido a la forma que igual que otra ley importante que se aprobó para el desarrollo de... estatutario de nuestra Comunidad Autónoma, como era la Ley de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos -que se aprobó hace más de un año-, que ¿por qué esto había tenido otro ritmo? Bien. Precisamente, en esa Ley, que, precisamente -como usted sabe-, también fue Proposición de Ley y que por... y que, por lo tanto, la iniciativa partió de los dos Grupos Mayoritarios de esta Cámara, quisimos dar un paso más en el sentido de no presentar en el Registro antes -como se hizo en esa Ley- estas dos para ver si ustedes se unían a las conversaciones antes de la presentación formal en el Registro, tanto del Consejo de Cuentas como del Consejo Consultivo. Y eso ya se lo hemos dicho igualmente en Comisión. Y, por lo tanto, se podía haber empezado a hablar mucho antes, porque venían existiendo borradores, aparte de en otras Legislaturas, desde el año noventa y nueve y desde el año dos mil. Por eso se registró esta iniciativa después de que se aprobara la otra Ley, el día dos de mayo del año pasado, y después, lógicamente, de habérsela facilitado... el texto, sin haberlo presentado por Registro de las Cortes a los componentes del Grupo Mixto. Y después, desde el mes de mayo, también hemos podido hablar sobre estas cuestiones. Sin embargo, no ha sido posible.

Usted... -como le digo- las dos primeras enmiendas, que vamos a rechazar, hacen referencia tanto al régimen jurídico como a las consultas preceptivas. Me parece muy bien su preocupación por esta garantía de que no la autonomía, sino la soberanía -según usted, no según nosotros- de Castilla y León se vea garantizada. Pero yo le digo que no se preocupe: esa garantía está explícitamente establecida en el texto de este... de estos artículos, concretamente no sólo en el Artículo 2, sino también el Artículo 4; porque en el Artículo 2 se hace referencia a todo el ordenamiento jurídico, y -que sepa yo- todo el ordenamiento jurídico es el ordenamiento de las Comunidades Autónomas, es del Estado, y el de la Unión Europea también. O sea que, en ese sentido, también está garantizada alguna posible invasión de competencias de la Unión Europea hacia nuestra Comunidad Autónoma. Y, en ese sentido, lógicamente, este órgano actuará con sus informes y dictámenes en ese sentido y, por lo tanto, con esas garantías.

Pero es que cuando usted hace referencia, también en el mismo sentido de la enmienda anterior, en la número 2, a las consultas preceptivas, que "no invadan las disposiciones estatales las competencias de la soberanía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León", yo le tengo que decir que no sólo están recogidas, y así se deben hacer, porque son competencias propias, que no sólo se exigirá también el dictamen sobre competencias estatales, y están perfectamente salvaguardadas a través de las vías de impugnación, no sólo contenciosa, sino también de la impugnación constitucional por parte de los órganos básicos de esta Comunidad Autónoma, y por parte no sólo de las Cortes, sino también de la Junta, que -también hay que decirlo- también tiene su propio servicio de asesoramiento jurídico -como no podía ser de otra manera-, asesoramiento interno. Pero es que también está recogido en este propio texto de la Ley, en el propio Artículo 4, letra d), cuando se recogen las disposiciones de carácter general. Que sepa yo, las disposiciones de carácter general no sólo van referidas a las de la Comunidad Autónoma, sino también -y suelen ser en su mayoría- a los reglamentos estatales en desarrollo de cualquier tipo de competencias, no sólo competencias legislativas del Estado, sino también propias competencias de ejecución que sean propias de la ejecución de las Comunidad Autónoma.

Y también está garantizado a través de los recursos de inconstitucionalidad y de los conflictos constitucionales, que se recoge en esta misma letra e) del Artículo 4 que usted quiere modificar con su Enmienda número 2.

Por lo tanto, en ese sentido, de invasión de competencias, nada; y de garantías en lo que se refiere a las competencias de Castilla y León, todas.

Y ya que usted ha citado aquí un órgano consultivo de otra Comunidad Autónoma, me gustaría saber -porque es la Comunidad Autónoma que tiene dos órganos consultivos, Cataluña- si es el órgano consultivo o es -que es lo que creo que es de la Sentencia- la Comisión Jurídica Asesora, que es... viene a ser como una Asesoría Jurídica General como la de la Junta.

Pero de todas formas, independientemente de que sea esa Sentencia relativa a una cuestión suscitada por el... por el Consejo Consultivo de Cataluña o por la Comisión Jurídica Asesora, que es más amplia, ¿eh?, le digo que con lo que le he dicho anteriormente en... que está recogido en el Artículo 2 y en las letras del Artículo 4, está perfectamente garantizada la autonomía de nuestra Comunidad Autónoma en lo que significa la posible invasión de competencias de otros ordenamientos jurídicos.

También ha citado usted -y en eso yo ya no voy a hacer más hincapié, porque ya se ha debatido aquí suficientemente- en lo que se refiere a la composición de los miembros natos. He dicho en mi primera intervención que incluso hemos sido restrictivos en la consideración de miembros no electivos. Que usted sabe que el modelo por excelencia de este Consejo, que es el Consejo de Estado, no solamente tiene miembros electivos -muchos, más que aquí-, no solamente tiene miembros permanentes -es decir, para siempre-, sino que también tiene miembros natos y muy prolijos y con mucho... y con un números apertus importante, porque pueden ser de una variada gama, no sólo desde el punto de vista político o desde el punto de vista de sus labores ejecutivas o legislativas, sino también desde el punto de vista de su formación jurídica, o incluso judicial, o incluso de los fiscales... de la carrera fiscal.

Por lo tanto, en lo que hace referencia a la cuestión de la composición, no vamos a hacer más hincapié, porque éste es un órgano asesor, consultivo de la Comunidad Autónoma, y yo creo que se debe ver enriquecido con la experiencia, con el conocimiento y con el prestigio que puedan prestar miembros que han desempeñado otras magistraturas en esta Comunidad Autónoma. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Señor Rad, para su turno de réplica.

EL SEÑOR RAD MORADILLO:

Pues gracias, señor Portavoz, por sus precisiones. Yo, si he hecho esa introducción hablando de las posibles desavenencias, lo hago en base a declaraciones de algún protagonista, declaraciones que hemos podido seguir en la prensa, y de las que deducimos, pues, este largo... esta larga extensión en el tiempo, dilación en el tiempo, para aprobar estas dos Instituciones, ¿no?

Yo creo que no existía ni más ni menos consenso que el que existió para aprobar la iniciativa legislativa popular; y que, al tiempo que se aprobaba esa Ley, se podían haber perfectamente aprobado el resto; no hubieran supuesto ni una sola coma a lo que va a suponer aprobarlas hoy, casi nueve meses después.

Desde luego, se ha puesto como modelo el Consejo de Estado. Yo lamento decirle que no es el modelo que yo tengo de un Consejo Consultivo; es una simple cuestión. Si ustedes prefieren la... los modelos estatales tal como están formulados, modelo estatal heredado del pasado inmediato, el pasado predemocrático, pues son libres de hacerlo. Yo, desde luego, para mi país quiero otros modelos, otras formas de elección. Y, desde luego, los malos ejemplos no me van a servir ni en este caso ni en ninguna ley que aquí se... se establezca.

Y, por último, decirle que la defensa del ordenamiento jurídico me temo que también sea competencia del Consejo de Estado, igual que todos los Consejos Consultivos; y, a pesar de eso, se hacen leyes que después llevan recursos de inconstitucionalidad, pues, como la que yo he mencionado antes, donde sí que se podía haber planteado un posible recurso, o la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que ya ha sido recurrido. Es decir, todos los... el Consejo de Estado también tiene como fin, pues, esa defensa, esa garantía del ordenamiento jurídico, dentro del que están los ordenamientos que nos corresponden a las Comunidades Autónomas, pero, por lo visto, hace, pues, un flaco servicio a esta defensa activa.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señor Vázquez, para el turno de réplica, que compartirá con el señor Martín.

EL SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO:

Sí. Muy brevemente, señor Presidente. Y para... para decir que yo también lamento que usted no... no comparta el modelo del Consejo de Estado, porque es un modelo que no solo tiene prestigio, no de años, sino de siglos, pero es que es un modelo que se ha establecido por Ley Orgánica del año ochenta, con todos los vistos buenos, por lo tanto, de nuestra Constitución Española. Por lo tanto, se puede discrepar del modelo, pero yo sí que -digo- lamento que no comparta este, que tiene su reconocido prestigio en toda la trayectoria jurídica española.

Y como usted ha vuelto a hacer referencia a la cuestión del calendario, se le voy a leer, que ha sido el siguiente. Aparte de los borradores que han existido durante el año dos mil, efectivamente, después de las elecciones, después de que se aprobara en enero del noventa y nueve el nuevo texto del Estatuto de Autonomía, pues la presentación se produjo -como le he dicho con anterioridad- el dos de mayo de mil... del dos mil uno, y, por lo tanto, a partir de ahí se pone el mecanismo parlamentario en marcha, y que requeriría -como en este caso así ha sido, por ser una proposición de ley- la conformidad de la Junta; conformidad que se produjo a los escasos quince días, el día diecisiete de mayo, y que, por lo tanto, no ha habido ninguna dilación. Y después de eso, pues lógicamente, se produjo la calificación en la Mesa y apertura del plazo de presentación de enmiendas, que se alargó hasta octubre. Esta ha sido la dilación que ha existido en toda la tramitación del proyecto.

Ya ve, el plazo de presentación de enmiendas hasta el mes de octubre, desde que en el mes de junio la Mesa lo calificara y lo mandara a la respectiva Comisión. Todo el verano del año pasado, y hasta el mes de octubre, para presentar enmiendas. Y seguimos con esta dilación. En pleno período en el que tiene preponderancia la actividad presupuestaria, resulta que se hace la Ponencia el veintiséis de noviembre -después de octubre-, y de que se acaba el plazo de presentación de enmiendas, veintiséis de noviembre, Ponencia. Y después del mes de enero inhábil, el veintiséis de febrero, Comisión. Y estamos a primeros de marzo aprobando esta Ley.

Por lo tanto, en lo que se refiere a dilación de la misma, ninguna; en lo que se refiere a las cuestiones de desavenencias, tampoco. Las leyes, las leyes, ni tienen nombres, ni tienen sedes. Y, por lo tanto, eso no ha sido objeto de tratamiento, en ningún caso, a la hora de ponernos de acuerdo en lo referido a esta Ley.

Y, por lo tanto, por eso -y lo digo ahora- debemos rechazarle las enmiendas que ha presentado. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señor Martín, tiene la palabra para compartir el turno de réplica.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor Presidente. Y de una manera absolutamente telegráfica, decir que, desde luego, no... no salgo a intervenir en contra de las enmiendas del Procurador Carlos Rad, ni en contra de las enmiendas de ningún otro de los partidos del Grupo Mixto, por no reiterar la defensa que... que se ha hecho de la Proposición de Ley por parte del Portavoz del Partido Popular. Simplemente salgo a la Tribuna para reiterar varias cosas por parte del Grupo... del Grupo Socialista.

En un principio, en primer lugar, quiero reiterar la felicitación, que yo creo que tiene que hacerse extensiva al conjunto de la Cámara y de la Comunidad Autónoma, porque por fin se va a poner en marcha el Consejo Consultivo, igual que si se aprueba con posterioridad el Consejo de Cuentas.

A nuestro juicio, se ha hablado mucho hoy aquí acerca de la necesidad, de si era imprescindible, de si era indispensable el Consejo Consultivo. Nosotros estamos convencidos de que era... de que es un Consejo absolutamente necesario para esta Comunidad Autónoma. Y, en este sentido, sí queremos decir que -desde nuestro punto de vista-, efectivamente, cuando se pone en marcha este Consejo Consultivo, se pone en marcha tarde; pero se pone en marcha tarde yo diría que a propósito, enlazando con lo último que ha dicho el Portavoz del Grupo Popular: se pone en marcha tarde porque estos... estas Proposiciones de Ley, tanto del Consejo Consultivo como del Consejo de Cuentas no se presentan en el momento de la Iniciativa Legislativa Popular porque se remite a los miembros del Grupo Mixto para que, antes de presentarse, se puedan recoger iniciativas, propuestas, mejoras que los grupos del Grupo Mixto pudieran proponer. E incluso, e incluso, una vez presentado, en el mes de mayo, las dos Proposiciones de Ley, efectivamente, parlamentariamente, yo creo que hubiera sido posible forzar, hasta cierto punto, que el período de presentación de enmiendas fuera mucho más corto; que no se incluyera el período de suspensión del período de sesiones, que alargó el período de presentación de enmiendas, efectivamente -como ha dicho el Portavoz del Grupo Popular-, hasta el mes de octubre, ni más ni menos; esperando, esperando lo que se produjo, de que se aportaran enmiendas, propuestas, modificaciones por el Grupo Mixto.

En todo caso -como digo-, creemos que se pone en marcha tarde, pero nos felicitamos por que se ponga en marcha.

Y, en este sentido, hago un llamamiento... Por cierto, esta tardanza no responde, en absoluto, a ningún tipo de discrepancia entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, simplemente porque no ha habido necesidad ni circunstancias de ninguna discrepancia. No se ha vuelto a hablar de la puesta en marcha de estos... de estos Consejos hasta el momento actual.

Y yo sí llamaría a la responsabilidad de todos los Grupos de esta Cámara para que el período recogido de seis meses para que se ponga, efectivamente, en marcha el Consejo Consultivo no se agote en absoluto y que, inmediatamente, estas Cortes, estas Cortes... no como ha dicho el representante de UPL, no los partidos políticos designen los Consejeros, sino estas Cortes aprueben la composición del Consejo Consultivo y, además, lo acuerden por el acuerdo y el consenso, que hoy me temo que no se va a producir, pero que espero que en esa primera composición del Consejo Consultivo se produzca. Igual que espero también, igual que espero también -y aprovechando la presencia del Presidente de la Junta llamo a ello- a que con carácter inmediato se produzca también un acuerdo, un acuerdo político, un acuerdo parlamentario en relación a la localización... y yo diría que no solamente de estos dos Consejos, sino de, incluso, algún otro elemento, algún otro organismo dentro de un acuerdo de sedes, un acuerdo político de localización de sedes, al que llamamos hace... hace un año, en el Discurso de Investidura -recordará el Presidente-, y que yo creo que ahora ya es imprescindible encarar, y encarar cuanto antes.

A partir de ahí, finalizo, simplemente, felicitándome una vez más por la puesta en marcha de este Consejo y felicitándome -y así tengo que decirlo- por el hecho de que, con lo que hemos oído hoy, la defensa de las enmiendas, las propias enmiendas presentadas por el Grupo Mixto y la defensa de las enmiendas que hemos oído hoy por parte de los tres grupos que componen el Grupo Mixto, la verdad es que la tranquilidad del Grupo Parlamentario Socialista es absoluta, porque creo que hay una coincidencia enorme y fundamental en lo que es la filosofía, las funciones y la necesidad para esta Comunidad Autónoma de un... de un órgano, el Consejo Consultivo, que, como el Consejo de Cuentas también veremos más adelante, son imprescindibles para cerrar los niveles de autogobierno y desarrollo autonómico que todos nos hemos querido dar. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, Señoría. Antes de proceder a la votación de las enmiendas, voy a dar lectura a cuatro enmiendas técnicas que han presentado los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 118.3 del Reglamento de esta Cámara.

La primera de ellas se refiere al Artículo 4, en el apartado número 2, donde se propone eliminar la referencia al Presidente de las Cortes de Castilla y León, en congruencia con el conjunto del Artículo, que se refiere a actuaciones de la Administración.

La otra, al Artículo 7, apartado 3, donde dice "otros titulares", debe figurar "otros titulados". Se trata de subsanar la incorrección.

La siguiente es al Artículo 7, apartado 4, donde dice "interrumpido", debe figurar "ininterrumpido". Subsanar incorrección.

Y la última, a la Disposición Adicional Segunda, donde dice, "en el Artículo 7.4", debe figurar "en el párrafo tercero del Artículo 7.4", para precisar la redacción.

¿Se aprueban estas enmiendas o correcciones técnicas? Se aprueban.

Y procedemos a la votación, en primer lugar, de las enmiendas defendidas por la Unión del Pueblo Leonés. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y cinco. A favor: dos. En contra: setenta y uno. Y abstenciones: dos. Quedan, pues, rechazadas.

En relación con las enmiendas de don Antonio Herreros, ha sido retirada la Enmienda número 5. Se someten a votación las restantes. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Idéntico resultado. Setenta y cinco votos emitidos, dos a favor, setenta y uno en contra y dos abstenciones. Quedan, pues, rechazadas.

Se votan las enmiendas de don Carlos Moradillo... Rad Moradillo, perdón. ¿Votos a favor? Dos. ¿Votos en contra? Setenta y uno. ¿Abstenciones? Dos. Quedan, igualmente, rechazadas.

Se somete ahora a votación de forma agrupada los Artículos 1 a 20, las Disposiciones Adicionales, las Finales, la Exposición de Motivos, el Título de la Proposición de Ley, con la incorporación de las enmiendas que, en su caso, han sido aprobadas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y cinco. A favor: setenta. En contra: cuatro. Abstenciones: ninguna.

Concluida la votación, queda, pues, aprobada la Ley reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día, que el señor Secretario dará lectura.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Decimocuarto punto del Orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Estatuto en la Proposición de Ley reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista".

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Para debatir las enmiendas que quedan vivas a este Pleno, por parte del Grupo de la Unión del Pueblo Leonés, tiene la palabra don Joaquín Otero Pereira para defender la 1, 2, 3, 4 y 5. Señorías, por favor, les ruego guarden silencio. Si han de abandonar el hemiciclo, háganlo en silencio también. Puede usted iniciar su exposición.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Muchas gracias, señor Presidente. Estamos ante la creación de otro organismo de distinta finalidad, pero similar naturaleza, y cuya Proposición de Ley que lo regula, y que se va a convertir en Ley, adolece -quizá en menor medida- de los mismos defectos, a nuestro juicio, que de los que adolecía el Tribunal de Cuentas. Hay algunas variedades o algunos cambios con respecto a la impresión que tenemos sobre la creación del Tribunal de Cuentas de Castilla y León. Del mismo modo que entendíamos el Consejo Consultivo como no imprescindible, en este caso el Tribunal de Cuentas sí lo entendemos... (Murmullos). Que no se oye nada.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

No se oye porque están hablando Sus Señorías.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Porque están hablando Sus Señorías.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Señorías, por favor, insisto una vez más en que guarden silencio.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Decía que en este caso estamos de acuerdo con la necesidad -cuanto antes mejor, además- de crear este organismo. Las Administraciones Públicas, los entes públicos de esta Comunidad Autónoma son muchos y el Tribunal de Cuentas del Estado no tiene capacidad de fiscalizar ni todos, ni pocos, en muy pocos casos y en muy pocos supuestos pueden ser fiscalizadas las cuentas. De ahí que, desde luego, la primera variación o novedad con respecto a la anterior es que entendemos que este organismo sí es imprescindible ponerlo en funcionamiento lo antes posible.

En cuanto a la composición, los cinco Consejeros que se plantean en la Proposición de Ley origina que volvamos a estar ante la misma situación anterior, no va a ser un organismo plural, porque al final va a ser el reparto de Consejeros designados por el Partido Popular y por el Partido Socialista, cuando en esta Comunidad Autónoma y en este Parlamento, además -y va a ser un órgano que dependa de estas Cortes-, hay más fuerzas políticas, hay más opiniones, hay más partidos que representan, en mayor o menor medida, a ciudadanos que no están integrados en... o que no votan o apoyan al Partido Popular o al Partido Socialista. Evidentemente, y para guardar una proporcionalidad -que nos parece razonable-, lo que pedimos a través de nuestra enmienda es el incremento del número de cinco al número de siete, para que sean siete los Consejeros del Tribunal de Cuentas; y de tal manera que con ello todos los Grupos o más Grupos Políticos Parlamentarios puedan acceder a poder designar a algún miembro. Lo cual haría al órgano, desde luego, mucho más plural -ésa sería la gran ventaja-, y, sin embargo, no tendría ningún inconveniente a cambio.

En cuanto a las incompatibilidades de los Consejeros, exactamente igual que en el caso anterior: si son compatibles todos los que hayan dejado la política activa inmediatamente y al día siguiente pueden ser integrados en el Tribunal de Cuentas, no estamos garantizando ni la independencia, ni que el Tribunal de Cuentas no sea un organismo donde colocar a políticos ya desahuciados de la vida activa; de tal manera que establecemos la misma cautela y la misma carencia de cinco años, que tengan acceso al Tribunal de Cuentas quienes no hayan estado en la política activa en los cinco años anteriores. Del mismo modo que se establece en el Proyecto de Ley... en la Proposición de Ley los dos años de cautela para consejeros de... perdón, para autoridades o funcionarios, para presidentes, directores y miembros de los consejos de administración, órganos colegiados de entidades financieras, etcétera, etcétera, esa cautela también hay que establecerla con relación a los órganos políticos. Y eso no lo hace la... en la Proposición de Ley, que será Ley a partir de hoy. De tal manera que, exactamente igual que en el Tribunal... que en el Consejo Consultivo, observamos en el Tribunal de Cuentas este defecto.

Y, por último, volvemos a plantear el tema de la sede -el tema que yo creo que ya tienen ustedes que conocer-, y volvemos a apelar al Estatuto de Autonomía y el Artículo 3.2 del Estatuto de Autonomía. Además, en este caso está más que justificado, porque la provincia de León es la que más Entidades Locales tiene de la Comunidad Autónoma con diferencia, la que más, con diferencia, entre Juntas Vecinales -muy necesitadas de fiscalización en muchos casos, por cierto-, entre Ayuntamientos, y entre demás entidades públicas, con diferencia, la provincia de León justificaría tener la sede del Tribunal de Cuentas allí por las razones que acabo de exponer y por las razones de la descentralización a que hace referencia el Artículo 3.2 del Estatuto.

Por tanto, recapitulando y resumiendo, conformes con la necesidad y urgencia de la creación de este órgano; disconformes con el número de miembros, que pediríamos que se ampliase a siete para que tuvieran cabida más voces y para que fuera un órgano verdaderamente representativo de los ciudadanos a través de las Cortes de Castilla y León, que es de quien depende este órgano; y que el régimen de incompatibilidades estableciese un periodo de carencia, para los que estamos en la política activa, de cinco años, de manera que dimitiendo hoy no podamos acceder mañana a ser Consejeros del Tribunal de Cuentas.

En definitiva, el Tribunal de Cuentas tiene que ser un órgano independiente, va a fiscalizar las cuentas de las Administraciones Públicas, y es evidente que mal se van a fiscalizar si ese órgano no presume de absoluta independencia y no es un órgano plural.

Señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no tengo intención de agotar el próximo turno -lo digo por agilizar-, señor Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista -lo digo por agilizar-, de tal manera que... hombre, si abrimos algún debate, algo puntualizaremos. Pero, si no, yo con esta intervención, por ser muy similar a la anterior, daría por concluido el turno de intervenciones y agilizamos así el debate. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para ocupar un turno en contra, don José Francisco Martín tiene la palabra.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor Presidente. Y, en primer lugar, agradecer la intervención del representante del Grupo Mixto. En esta ocasión va a ser el Grupo Parlamentario Socialista el que utilice este turno en contra de las enmiendas... de las enmiendas recibidas a la Proposición de Ley de creación del Consejo de Cuentas.

Y voy a ser muy claro: ¿por qué? Porque igual que el Consejo Consultivo, desde luego, para nosotros es un órgano necesario e imprescindible para el desarrollo del autogobierno en Castilla y León, el Consejo de Cuentas, además de eso, ha sido una reivindicación histórica del Partido Socialista en Castilla y León, y, por fin, y, por fin, vamos a conseguir que se ponga en marcha.

En todo caso -y por entrar ya en la intervención de don Joaquín Otero-, simplemente comentar, en relación a las escasísimas enmiendas... -hay que decirlo, que también nos satisface- el hecho de que haya sido un número muy reducido de enmiendas quiere decir que la filosofía del Consejo coincide -creo que en gran parte- con la filosofía que don Joaquín Otero entiende que debe recoger el Consejo de Cuentas. Y sí que hay discrepancias lógicas -y que se reiteran, efectivamente- en relación al Consejo Consultivo en algún tema, y en algunos fundamentales. Efectivamente, en la composición.

En la composición usted plantea... ustedes plantean que debería ser de siete miembros en vez de cinco. Y le digo que desde el Grupo Parlamentario Socialista estábamos de acuerdo en que fueran siete, en que fueran nueve, en vez de cinco, pero el acuerdo es que sea cinco por similitud con el Consejo de Cuentas de tantas y tantas Comunidades Autónomas, y por la necesidad de lo que estamos haciendo hoy: de llegar a un acuerdo. Y otra cosa es cómo se eligen esos miembros.

Y, a partir de ahí, usted lo que ha planteado es algo con lo que nosotros sí que no estamos de acuerdo. Nosotros entendemos que los miembros del Consejo de Cuentas son elegidos y son en representación de todos los ciudadanos -efectivamente, como usted dice-, pero en representación de las Cortes de Castilla y León, no de los Grupos Políticos de las Cortes de Castilla y León. Y por eso nosotros recogemos las cautelas necesarias en la Proposición de Ley presentada para que esos miembros del Consejo de Cuentas sean elegidos a propuesta, a propuesta, de los Grupos, pero por un acuerdo de tres quintos o mayoría absoluta en segunda votación, buscando, buscando esa representación, en absoluto de los Grupos Políticos, en absoluto de los Grupos Políticos, y no solamente del actual, sino de la posiblemente futura, donde podría haber perfectamente -como usted se imagina- cuatro, cinco Grupos Políticos. ¿Cómo se compensaría eso? Y no es ésa la representación que nosotros en el acuerdo buscábamos, sino que al final haya incluso propuesta compartida por los diferentes Grupos Políticos y sea aprobada... nuestro desiderátum sería que por la totalidad de esta Cámara. Creemos que es la garantía imprescindible para conseguir, efectivamente, lo que usted planteaba también en el Consejo Consultivo: la necesaria pluralidad e independencia, que yo le garantizo que por lo menos desde el Grupo Parlamentario Socialista, en caso del Consejo de Cuentas, tiene que garantizarse todavía si cabe en un mayor grado que en el caso del Consejo Consultivo, dado el carácter de órgano de control del Consejo de Cuentas diferente al carácter de órgano de consulta, de consulta no vinculante, del Consejo Consultivo. Por eso hacemos absolutamente el mismo hincapié que usted en esa necesidad de pluralidad e independencia.

Y por eso mismo, y por eso mismo, en relación a su enmienda... a sus enmiendas de incompatibilidad, creemos, y sobre todo con la legislación comparada con otras Comunidades Autónomas, creemos que la Proposición de Ley recoge unas garantías absolutas, absolutas, para garantizar esa pluralidad y esa independencia en base a un régimen de incompatibilidades yo creo que el más alto, el más alto de toda la gama que conocemos del resto de Comunidades Autónomas. Con un matiz en relación a su intervención que no aparece así recogido -creo recordar exactamente- en la... en la enmienda, que es el hecho de que igual que establecemos una incompatibilidad de dos años en relación a haber pertenecido, lógicamente, a algunos de los órganos fiscalizados, etcétera, no establecemos esa misma incompatibilidad en relación a aquellas personas que han desarrollado, en sus términos, en la intervención un papel política activa, porque entendemos que no tiene demasiado que ver. ¿Por qué penalizar a alguien que ha estado en política activa... cuidado, en política activa, pero no, no, en política activa en la gestión de cualquiera de los órganos fiscalizados por el Consejo de Cuentas? Es decir, un Procurador de la Oposición, por ejemplo, por qué no va a poder pertenecer al Consejo de Cuentas dejando la política activa, siempre y cuando no haya participado en la gestión de uno de los órganos a fiscalizar por el Consejo de Cuentas.

Pero, bueno, en todo caso, ése es el planteamiento. Y le garantizo que, analizando la composición y el régimen de incompatibilidades del resto de los Consejos de Cuentas existentes ya en prácticamente todas las Comunidades Autónomas, estamos en la gama absolutamente más alta y con definiciones; por ejemplo -y luego tendremos la oportunidad de verlo en relación a una enmienda de Izquierda Unida-, cuando nosotros hablamos de los cargos políticos y administrativos de cualquier Administración sujeta a la fiscalización del Consejo de Cuentas, ampliamos mucho más de las incompatibilidades que se recogen en los órganos similares del resto de Comunidades Autónomas.

Y, por último, en relación a las enmiendas de la Unión del Pueblo Leonés, simplemente decirle lo mismo que en el Consejo Consultivo en relación a la sede: nosotros no decimos ni que sí, ni que no a que la sede del Consejo de Cuentas esté en León; lo que decimos es que la sede del Consejo de Cuentas tiene que ser el resultado de un gran acuerdo político de sedes entre todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara. Y una vez más instamos a quien tiene la llave para ese acuerdo -que, evidentemente, es la mayoría del Partido Popular- a sentarnos todos y llegar a ese gran acuerdo de sedes, no solamente del Consejo de Cuentas, sino del Consejo Consultivo y alguna otra sede que todavía falta por determinar. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Señor Otero, renuncia a su turno. Y pasamos entonces al bloque siguiente de enmiendas mantenidas por don Antonio Herreros. Para su defensa, tiene la palabra.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, esta Cámara, por unanimidad, aprueba una Proposición No de Ley planteada por Izquierda Unida, precisamente, para promover la creación de lo que entonces denominábamos Tribunal de Cuentas. Podía haberse hecho antes, sin embargo, ha habido durante ese periodo de tiempo algunas interpretaciones personales, desde el punto de vista político, que han ralentizado la consecución de este objetivo.

En este caso concreto, Izquierda Unida -y por eso empezaba yo mi intervención de esta manera- es absolutamente conciente de la necesidad y de lo imprescindible de un órgano como el Consejo Consultivo... perdón, el Consejo de Cuentas, o el Tribunal de Cuentas, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por razones absolutamente objetivas. Nuestra Comunidad reviste las condiciones de ser la que tiene mayor número de Administraciones y, sin embargo, cuando ha habido necesidad de requerir algún tipo de participación del Tribunal de Cuentas en algunas Corporaciones Locales determinadas no ha sido posible conseguir el que hubiera una intervención del Tribunal de Cuentas de la Administración General del Estado para fiscalizar esos... esas Administraciones Públicas. Y no ha sido posible, primero, por unas circunstancias peculiares que no se reconocen en la propia legislación a nivel del Estado, pero también por las resistencias que en momentos determinados se han ejercido desde esta Cámara para que así no pudiera llevarse a cabo.

Y esa es una de las razones y motivos fundamentales por las que a Izquierda Unida le hubiese gustado -lo digo, además, con absoluta franqueza- haber tenido un encuentro más amplio, más exhaustivo; no sin dejar de reconocer que en las últimas fechas, y con insistencia por parte del Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, se ha intentado. Pero reitero nuevamente las dificultades objetivas que supone; y lo digo con el ánimo de que se tome en consideración para futuras intervenciones de esta naturaleza en las que, lógicamente, sí queremos participar, y hemos de participar porque seguimos pensando que la sensibilidad democrática está directamente vinculada a la sensibilidad con las minorías presentes en cualquier Parlamento, y, en este caso, con las que componemos el Grupo Parlamentario Mixto.

Decir que nada tenemos que objetar, entonces, en cuanto a la existencia de este Proyecto de Ley. Sí nos hubiese gustado, y yo lo voy a expresar en algunas de las reflexiones que haga sobre las enmiendas en concreto, nos hubiese gustado que se hubiesen comprendido o se hubiesen incorporado algunas de las enmiendas que planteamos desde Izquierda Unida. No sin antes decir que, en este mismo momento, hago expresión de retirar las Enmiendas parciales número 7, número 8, y que, incluso, no tendría ningún tipo de inconveniente en retirar la número 9, porque tampoco añaden gran cosa, pero voy a querer y voy a intentar explicarla también. Por tanto, en principio, solo retiramos esas dos enmiendas.

En la primera enmienda -y son todas ellas de adición- está directamente relacionada con el Artículo 1, donde se habla de la naturaleza; y se habla de la naturaleza de una forma bastante abstracta, y aquí hay un riesgo: puede ser que la abstracción nos lleve a entender que se contempla absolutamente todas las peculiaridades de la naturaleza y de las funciones de un órgano como es el Consejo de Cuentas o el Tribunal de Cuentas; y hay un riesgo también en la parte opuesta, que es nuestra enmienda, el hacer una relación exhaustiva de las cuestiones que planteamos desde el punto de vista de lo que puede ser... debe de ser la función o las funciones del Consejo Consultivo de Cuentas de Castilla y León.

Es más, nosotros somos partidarios de que en ese primer artículo pudiera contemplarse, entre otras razones, porque no solo nos parece que aclara, de cara a la ciudadanía, el Proyecto de Ley, lo que será la Ley, sino porque después, si hacemos un repaso somero, es la singularización de cada uno de los artículos que vienen posteriormente recogidos, desde el Artículo 8... perdón, desde el Artículo 7, con la fiscalización de la cuenta general de la Comunidad, las Entidades Locales, las de las demás entes, los exámenes de expedientes de contratos, la fiscalización del patrimonio y la fiscalización de créditos extraordinarios, subvenciones y demás. Nos parece que se podía contemplar, además de contemplar también la utilización de los recursos disponibles y el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los diversos programas presupuestarios, e incluso, de la propia... Tribunal de Cuentas o Consejo de Cuentas.

En la enmienda segunda, en el que hace referencia... también es de adición. "La iniciativa fiscalizadora corresponde al Consejo de Cuentas y a las Cortes de Castilla y León"; nos parece que está perfectamente... es perfectamente válido -según nuestro criterio- ese primer punto, no obstante, nosotros decimos que, además de lo anterior, deberían también facilitarse en que el Gobierno de la Comunidad, las Corporaciones Locales, previo acuerdo del respectivo Pleno, la iniciativa a la que se refiere el punto segundo de este artículo "habrá de ser realizado a través de la Comisión de Economía y Hacienda en las Cortes de Castilla y León". Es decir, en este caso no está recogido quiénes pueden instar; que puede hacerlo las Cortes de Castilla y León, pero nosotros entendemos que también hay otras instancias posibles que lo pueden requerir por interés propio, tanto del Gobierno Autónomo como de las Corporaciones Locales.

En las Enmiendas 3, 4, 5 y 6, que están referidas al Artículo 14, habla o se refiere a la existencia de informes, e informes de diversa naturaleza, que hoy figuran en algunos casos en el Tribunal de Cuentas, en el informe que emite el Tribunal de Cuentas, pero que nos parece absolutamente conveniente. Y hablamos de añadir los informes anuales especiales, que, por otra parte -decimos- "serán elevados a las Cortes de Castilla y León y remitidos al Tribunal de Cuentas, y publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León". Puede darse por supuesto, pero pueden darse por supuesto tantas cosas que después, al final, sería conveniente que no sirviesen para objetar o para obstruir procedimientos, como mencionaba anteriormente.

Hablamos de informes, y "cuando se refieren a la gestión económica y financiera de las Corporaciones Locales, se darán traslado, además de a las Cortes, al Tribunal de Cuentas, a las propias Corporaciones, a fin de que lo conozcan los interesados y se adopten las medidas procedimentales".

Y hablamos en la Enmienda número 5, que "si en el ejercicio de la función fiscalizadora, el Consejo de Cuentas advirtiera la existencia de indicios de responsabilidad contable -lo cual, bueno, pues, pudiera suceder-, lo lógico es que se traslade sin dilación al Tribunal de Cuentas, a los efectos de su posible enjuiciamiento. ¿Añade algo? Pues yo creo que sí, que sensibiliza algunos de los aspectos que pueden ser contemplados con el rigor y con la eficacia inmediata de lo que puede ser el Tribunal de Cuentas.

Y en la Enmienda número 6 hablamos de que, previamente a la emisión de cualquier dictamen, se dé la posibilidad de esa especie de alegaciones a los interesados, para que puedan hacer las modificaciones pertinentes. Hoy se está prácticamente realizando, pero, sin embargo, en este Proyecto de Ley, no se recoge.

En la Enmienda número 9, además de las funciones que se plantean del Pleno, nosotros decimos que quién nombra al Secretario General del Tribunal de Cuentas o del Consejo de Cuentas. Bueno, pues, nosotros se lo planteamos como competencia a las funciones del Pleno; si se quiere se recoge, si no no.

Y, por último, la 10 y la 11, cuando se habla de las atribuciones del Presidente, pues, tampoco añade una gran trascendente modificación, pero nos parece que asignar a los Consejeros las tareas a desarrollar debe ser una de las funciones del Presidente; y, por otra parte, que este debe autorizar con su firma los informes o memorias que hayan de remitirse a los órganos rectores de las entidades del sector público o al Tribunal de Cuentas.

Y concluimos en una cuestión de incompatibilidades, que ya mencionábamos anteriormente, que puede ser perfectamente contemplado cuando se habla de cualquier cargo político o administrativo del Estado, no viene de más el que pudiera recogerse que los miembros del Gobierno de la Junta de Castilla y León incurrirían en incompatibilidades, como creo que es perfectamente reconocible. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para ocupar un turno en contra, tiene la palabra don José Francisco Martín.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor Presidente. La verdad es que tengo que reconocer, en principio, que es un papel complicado el que... el que tengo que desarrollar ahora, porque tengo que decirle, don Antonio, de mano, que es que estamos de acuerdo... yo diría que al 100% con todo lo que usted ha planteado, con las enmiendas que usted ha planteado.

Y si no... y tengo que desarrollar este papel para explicar por qué vamos a votar en contra de las mismas teniendo en cuenta que, en relación al planteamiento de fondo, estamos totalmente de acuerdo, y que la única diferencia es prácticamente de matices; y a veces, y a veces, en el sentido contrario que usted ha planteado, como... como creo que podré demostrarle analizando alguna de las propuestas que acaba de realizar y que están recogidas en sus... en sus enmiendas.

En primer lugar, la... la primera cuestión filosófica en relación a la necesidad de la creación del Consejo de Cuentas, efectivamente, usted se ha ido a septiembre del noventa y cinco, cuando se aprueba la necesidad de la creación del Consejo de Cuentas, y que nosotros votamos, desde luego, a favor. Y yo me voy también al programa electoral del Partido Socialista de Castilla y León, que lleva incorporando la creación del Consejo de Cuentas, que yo recuerde, como mínimo, desde el año noventa y uno; el Consejo de Cuentas regional. Entonces, a partir de ahí, la filosofía yo creo que es clarísima, y que coincide totalmente con la Proposición de Ley realizada de acuerdo entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista. A partir de ahí, las propuestas que usted realiza en sus enmiendas... pues analicemos un poco una a una, y vamos a... y yo creo que voy a ser capaz de demostrar cómo, en algunos casos, nuestra propuesta va incluso más allá de la filosofía que... que usted ha explicado aquí, y que realmente no queda tan clara en el texto de la enmienda.

La Enmienda número 1, la de funciones del Consejo de Cuentas, bueno, aquí hay un problema yo creo que simplemente de técnica legislativa, en el sentido de si se recoge en un único artículo una enumeración de funciones que en nuestra Proposición de Ley aparecen -como usted ha dicho- recogida y desarrollada una a una, una a una en artículos posteriores. Y le puedo decir: de las letras de su enmienda, la letra a) aparece recogida en el Artículo 1.1; la letra b), en el Artículo 2.2.b); la letra c), en el 4.c); la letra d), en el 4.d); la letra e), en el 4.e); la letra f), en el 4.a), 4.b) y 5.3.

Y donde usted ha aportado oralmente esa necesidad del control del cumplimiento de los objetivos, etcétera, lo que normalmente se puede entender por el control de eficacia y de eficiencia, en relación al análisis de los objetivos y del coste o los medios utilizados para la consecución de esos objetivos, están perfectamente recogidos en la... -que son las letras g) y h) de su enmienda- en el Artículo 5.2 de la Proposición de Ley; con lo cual -como le digo- entiendo que es, simplemente, un problema de técnica jurídica, pero en absoluto de fondo.

Donde sí puede haber alguna diferencia de fondo es en relación a la iniciativa fiscalizadora, pero tampoco lo hay, tampoco lo hay, en el sentido siguiente:

En nuestra... en nuestra Proposición de Ley, nosotros recogemos quién tiene la iniciativa fiscalizadora, lo cual no quiere decir -como dice su enmienda- que tanto el Gobierno Regional como el Pleno de una Corporación Local pueda interesar, pueda interesar la fiscalización de las cuentas de esa entidad. Una cosa no niega en absoluto la otra posibilidad. Y desde ya, desde ya le ofrezco que esa posibilidad... -vamos, le ofrezco, es que, desde luego, por lo menos nosotros estamos convencidos de ello- en el desarrollo reglamentario del Consejo de Cuentas, donde se forme cómo esa iniciativa fiscalizadora se puede formar en el seno del propio Consejo de Cuentas y en estas Cortes Regionales, se recoja esa posibilidad de que las Corporaciones Locales puedan interesar esa fiscalización con una salvaguarda -que yo creo que estará usted de acuerdo conmigo-: esa propuesta de fiscalización realizada desde otra Administración o, en concreto, desde una Corporación Local, tenemos que ser lo suficientemente hábiles en las Cortes y los miembros del Consejo... del Consejo de Cuentas tendrán que ser lo suficientemente hábiles a la hora de elaborar su reglamento, para que en ningún momento se pueda convertir en lo que se ha convertido en algunos casos esa iniciativa, esa petición de fiscalización: en una arma política que se arroje de un Grupo Político a otro en cualquiera de los Ayuntamientos de esta Comunidad Autónoma. A partir de ahí, totalmente de acuerdo con el fondo: desarróllese en el Reglamento del Consejo de Cuentas.

En cuanto a las Enmiendas número 3, 4, 5, 6, 7, 8, yo le puedo garantizar que están absolutamente recogidas en su filosofía -y yo diría que en la forma- y ampliadas en la Proposición de Ley. Le pongo un ejemplo: su Enmienda número... su Enmienda número 6, en relación a la posibilidad de planteamiento de alegaciones por parte de aquella entidad que ha sido objeto de la fiscalización del Consejo de Cuentas, la Proposición de Ley no solamente no niega esa posibilidad, sino que -fíjese bien- obliga, obliga a que esas alegaciones, aunque no hayan sido tenidas en cuenta con carácter definitivo por el Consejo de Cuentas, sean publicadas con el propio informe. Fíjese cómo en la Proposición de Ley todavía va más allá: no solamente recoge esa posibilidad de alegaciones, esa posibilidad de participación, esa posibilidad de estar en contra del informe del Consejo de Cuentas, sino que dice exactamente en el Artículo 14.5 que las alegaciones formuladas previamente a la redacción del informe definitivo, así como las resoluciones recaídas sobre las mismas -aunque sean negativas, evidentemente-, se incorporarán al informe de fiscalización correspondiente y serán publicadas conjuntamente con éste. Yo creo que es una muestra de cómo la Proposición de Ley en la filosofía va todavía más allá de algunas de... de algunas de sus propuestas.

Lo mismo cabe decir, por ejemplo, de su Enmienda número 9, en la que pide que el Secretario General sea nombrado por el Pleno. Totalmente de acuerdo. Tan de acuerdo como que aparece recogido en el Artículo 28.2 de la Proposición de Ley como una de las funciones del Pleno el nombramiento del Secretario General.

Y lo mismo en relación a la asignación de tareas a los Consejeros, y el hecho de que el Presidente autorice con su firma los informes, memoria, etcétera -sus Enmiendas 10 y 11-, que estamos totalmente de acuerdo con las mismas, lo que pasa es que sí que entendemos que es objeto de reglamento, porque, bueno, entendemos que no es en absoluto necesario que la ley llegue hasta esos niveles de detalle.

Y, por último, la incompatibilidad a los miembros del Gobierno Regional, que usted recoge en su última Enmienda -en la número 12-, está recogida -como dije en relación a la intervención de don Joaquín Otero- con un carácter, a nuestro juicio, infinitamente mucho más amplio en el Artículo 25.i) de la Proposición de Ley.

A fin de cuentas -ya le digo-, ha sido un poco... un brete en el que usted me ha puesto, cuando... cuando yo le tengo que decir que vamos a votar en contra de la forma de sus enmiendas, estando totalmente de acuerdo en el fondo y en la filosofía de las mismas. Y le voy a decir como en el Consejo Consultivo, hablando -ahora sí- en representación únicamente del Grupo Parlamentario Socialista: nos satisface muchísimo, muchísimo, que en el acuerdo al que hemos llegado con el Grupo Parlamentario Popular todas estas cuestiones, que han sido una reivindicación del Grupo... histórica del Grupo Parlamentario Socialista y -por lo que vemos- también de Izquierda Unida, hayan sido recogidas en la Proposición de Ley en los términos que ya le he dicho. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para ocupar su segundo turno, tiene la palabra don Antonio Herreros.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Yo decía que en algunos de los casos, efectivamente, son cuestiones de técnica jurídica. Yo creo que sí deberían de haberse recogido, precisamente, algunas de estas cuestiones. Y lo digo porque podemos coincidir en muchas cosas, y podemos coincidir en este caso en que, efectivamente, algunos Grupos Políticos no se pensaban en el Tribunal de Cuentas, no pensaban en el Consejo de Cuentas, no lo tenían en su previsión o en sus compromisos, y, de hecho, ofrecieron resistencia en... cuando se han traído aquí algunas iniciativas parlamentarias para que eso pudiese tener la efectividad... como si existiese de hecho. Y, en este caso concreto, no hay por qué ocultarlo en absoluto; me estoy refiriendo al Grupo Parlamentario Popular, que en este caso ustedes han negociado y han acordado.

Yo también me siento absolutamente satisfecho del Proyecto de Ley. Es más, estoy en un gran dilema, porque hay que mantener las enmiendas. Pero hay que mantener las enmiendas no por mantenerlas. Añado, incluso, a la 7 y 8, que había retirado, la 9, porque también se trata de un planteamiento que en vez de venir recogido específicamente en el epígrafe Secretario General, en el Artículo 28.2, lo lógico es que las funciones del Pleno no son trasladables al Artículo 28.2. Las funciones del Pleno son las que están establecidas en el Artículo... no me acuerdo en este momento cuál es, que son las funciones del Pleno. Y, por tanto, lo lógico es que, pues, que ahí figure, con lo que obviamos el que tenga que ser trasladado a la especificidad de la Secretaría General.

Señoría, hay algo que está absolutamente claro: en relación con la Enmienda número 2, nosotros seguimos pensando que hay que ponerlo, que no decimos que no sea necesario o conveniente, o que se pueda interpretar de esta manera, que las Cortes -que representamos todos- puedan tener la iniciativa fiscalizadora o de sugerir la iniciativa fiscalizadora. Señoría, cuando discutíamos de la Iniciativa Legislativa Popular decíamos -y, además, es lógico-: si no es un Grupo Político, es otro Grupo Político, o cualquiera de los existentes, va a recoger la opinión o las pretensiones de algunos sectores de la población para traer aquí y que se discuta. No obstante, hay una legislación específica que permite a la ciudadanía hacer algo que se puede hacer entre los miembros del propio Parlamento. Lógicamente, en este caso a nosotros nos parece que resulta absolutamente indispensable.

En la 3, 4, 5 y 6. Aquí usted ha hecho un ejercicio de querer incorporarnos. Incorpóresenos. Pero, mire, hay hechos absolutamente insoslayables. Cuando ustedes dicen que la Enmienda número 6 de Izquierda Unida está comprendida en el Artículo 14, en el punto 5, yo les digo: hay que medirlo con una cierta precisión. Porque una cosa es que las alegaciones formuladas previamente en la redacción de los informes definitivos, así como las resoluciones recaídas sobre las mismas se incorporen al informe de fiscalización correspondiente, y otra cosa es que se dé traslado previamente a los interesados -que no es una gran... un gran descubrimiento-, se dé traslado directamente a los interesados, a efectos de que puedan realizarse las alegaciones pertinentes o las defensas pertinentes, que es lo que nosotros citamos en esta Enmienda número 6.

Al margen de que la 3, 4 y 5, además de hacer expresión concreta del carácter de alguno de los informes que se sugieren para el Consejo de Cuentas, y que no viene en ningún caso recogido en el Artículo 14, sí decimos también cuáles deben de ser los nexos de cada uno de esos informes con cada una de las instituciones, a efectos de que no pueda sustraerse la comunicación, la información. Es decir, cuando decimos "informes anuales especiales que serán elevados a las Cortes, remitidos al Tribunal de Cuentas y publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León", estamos dando lo que es el informe específico y cuáles son los nexos que han de mantenerse para la máxima información ciudadana, e incluso, como nos parece -decíamos antes en el Consejo Consultivo-, deben de estar vinculados a las Cortes de Castilla y León por una razón: debemos de fomentar o de potenciar éste como el máximo órgano de representación del pueblo de Castilla y León, por más que a algunos les pese.

Y las retiradas están retiradas. Yo creo que sí sería interesante que se pudiesen plantear o recoger, de alguna forma, algunas de estas opiniones o criterios que he mantenido en esta segunda intervención. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Para turno de dúplica, don José Francisco Martín tiene la palabra.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí. Gracias, Presidente. Rapidísimamente, porque vamos a compartir turno con el Portavoz del Grupo Popular. Y, simplemente, desde... desde el Grupo Parlamentario Socialista -y supongo que del Popular también- el compromiso de estudiar en el desarrollo reglamentario del Consejo de Cuentas nosotros... era nuestra idea, por supuesto, el hecho de que esa iniciativa fiscalizadora que pudiera surgir, aparte del plan anual de fiscalización que pudiera surgir de alguna Entidad Local, incluso Corporación Local o de un Consejo Comarcal, por ejemplo, existente en Castilla y León, cómo recoger esa posibilidad dentro del plan anual de fiscalización.

Y a partir de ahí, reiterar el acuerdo...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Perdone, Señoría. Perdone un momento, Señoría. Silencio. Guarden silencio, por favor. Espera un poco José Francisco.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

No, simplemente, a partir de ahí reiterar el acuerdo con el fondo de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida.

Y, desde luego, instar una vez más a que este Consejo de Cuentas empiece a funcionar con carácter inmediato, porque -como dijimos en el Consejo Consultivo-, a nuestro juicio, también llega demasiado tarde, pero -como dice el refrán- "más vale tarde que nunca", y el caso es que empiece a trabajar absolutamente con carácter inmediato. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Señor Vázquez, tiene la palabra.

EL SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO:

Muchas gracias, señor Presidente. Y muy brevemente, puesto que aquí ya se han debatido suficientemente las enmiendas, y creemos que se ha llegado a algunas conclusiones, por nuestra parte, y a la posición de los Grupos Proponentes de este texto legal.

Pero sí que me parece que hay que resaltar la importancia de la aprobación no sólo del texto anterior, sino de éste, y no sólo la importancia y el compromiso que se adquiere para la próxima confección del reglamento, sino también tener en cuenta la importancia del órgano de que se va a dotar la Comunidad Autónoma a partir de hoy; órgano máximo en lo que se refiere a la fiscalización de las cuentas de la Comunidad Autónoma, y que cuya función fiscalizadora viene prolijamente enumerada desde los Artículos 3 al 15 del texto legal que se pretende aprobar, y enumeración que en ninguna otra ley de estas características se hace con tanta profusión que en nuestra Comunidad Autónoma; ni siquiera en la Ley estatal del Tribunal de Cuentas del año ochenta y dos.

Pero lo que sí que quisiera yo dejar aquí hoy claro es una cuestión: tanto la fiscalización interna por parte de la Comunidad Autónoma, a través de la intervención propia de la Comunidad, ha venido siempre ejerciéndose, y, por tanto, las cuentas públicas han estado convenientemente fiscalizadas; y también desde el punto de vista de las garantías de la fiscalización externa, a través del Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas que hoy -por así decirlo, y ya lo preveía la propia Ley de Creación del Tribunal de Cuentas- pasa, en lo que se refiere a la fiscalización de las cuentas de nuestra Comunidad Autónoma, a partir de ahora, a un segundo plano, ejerciendo este primer plano, en lo que se refiere a toda la organización que hoy vamos a aprobar aquí, nuestro Consejo de Cuentas.

Por lo tanto, sí que hay que dejar claro que la inmediatez y la prontitud serán -a mi juicio y a juicio de nuestro Grupo- una cuestión importante a la hora de fiscalizar las cuentas de nuestra Comunidad Autónoma.

Y también, mostrar nuestra satisfacción porque, en lo referido a las cuestiones de organización y funcionamiento del propio Consejo, la controversia no se ha suscitado, como con anterioridad, de una forma prolija.

Y también decir que, en cuanto a las enmiendas presentadas, pues en definitiva -como ya se ha dicho aquí con anterioridad-, han sido, prácticamente, todas recogidas, y que la aprobación hoy del Consejo de Cuentas se hace -a nuestro juicio- de una forma oportuna en el tiempo, en la forma y en el fondo, puesto que también se dota de otro órgano importante en nuestra Comunidad Autónoma, como es el Consejo Consultivo. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Concluido el debate, procedemos a la votación de las enmiendas, comenzando por las que ha defendido la Unión del Pueblo Leonés. ¿Votos a favor de estas enmiendas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y nueve. A favor: dos. Sesenta y cinco en contra. Y dos abstenciones. Quedan, por lo tanto, rechazadas.

Y se someten a votación las enmiendas de don Antonio Herreros, salvo las números 7, 8 y 9, que han sido retiradas. ¿Votos a favor de las enmiendas del señor Herreros? Uno. ¿Votos en contra? Sesenta y cinco. ¿Y abstenciones? Tres. Quedan rechazadas.

Se vota ahora la Proposición de Ley y, de forma agrupada, sus Artículos 1 al 30, Disposiciones Adicionales, Finales, Exposición de Motivos y Título de la misma. ¿Votos a favor? Sesenta y seis. ¿Votos en contra? Tres. ¿Abstenciones? Ninguna.

En consecuencia, y concluidas las votaciones, queda aprobada la Ley Reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Y suspendemos la sesión hasta las cuatro y media.

(Se suspende la sesión a las catorce horas cuarenta minutos, y se reanuda a las dieciséis horas cuarenta minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Buenas tardes, señoras y señores Procuradores. Reanudamos la sesión. El señor Vicepresidente Segundo va a dar lectura al decimoquinto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR BENITO MUÑOZ):

Decimoquinto punto del Orden del Día: "Debate de Totalidad del Proyecto de Ley de Fundaciones de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para presentar el Proyecto de Ley, en nombre de la Junta, tiene la palabra el señor Consejero de la Presidencia.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ MAÑUECO):

Muchas gracias, Presidente. Señorías. En nuestro entorno cultural y político, se considera actualmente que las necesidades de interés general no pueden satisfacerse de modo adecuado sin la colaboración de la llamada sociedad civil. Nos encontramos, en palabras de García Pelayo, ante la denominada "sociedad organizacional".

En este contexto, es unánimemente admitida la eficacia de las fundaciones, que han demostrado para atender fines de interés general, dirigiendo, en la mayoría de los casos, actuaciones a los sectores más desfavorecidos su capacidad para canalizar la liberalidad ciudadana hacia fines sociales.

El éxito que esta fórmula característica de la sociedad civil está teniendo lo prueba su constante crecimiento, y que ha supuesto que los poderes públicos se hayan fijado en las fundaciones como medio con capacidad para conseguir objetivos públicos propios de un Estado social.

Con esta Ley, Señorías, se pretende atender esta necesidad de estimular la iniciativa privada en la realización de actividades de interés general.

Nuestra Comunidad se dota de una regulación propia de las fundaciones al más alto rango normativo, preservando los elementos esenciales de esta figura previstos en la Ley estatal, del año noventa y cuatro, de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, que recoge las normas básicas y las de general aplicación.

No hay que olvidar que nuestro Estatuto de Autonomía atribuye a nuestra Comunidad competencia exclusiva, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, en materia de fundaciones que desarrollen sus funciones fundamentalmente en Castilla y León. De ahí que las funciones y servicios sobre fundaciones culturales se asumieran mediante Real Decreto del año ochenta y tres, siendo atribuidos a la Consejería de Educación y Cultura, y se creara, en ejercicio de tales competencias, el Registro de Fundaciones Culturales en el año ochenta y nueve.

Por la misma razón, también, se transfirieron a la Comunidad las funciones del Estado sobre las fundaciones beneficoasistenciales en el año noventa y cinco.

Y para completar los Antecedentes de la norma que nos ocupa, conviene también destacar la creación del Registro de Fundaciones en el año noventa y seis, que será el único en el ámbito de nuestra Comunidad, en el que se inscribirán todas las entidades de esta naturaleza que desarrollen principalmente sus actividades y cumplan sus fines en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, y de este modo lo manifiesten expresamente en su Escritura de Constitución, así como los actos que las afecten. El ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la nueva Ley, corresponderá al órgano administrativo que determine la Junta de Castilla y León.

En definitiva, el objetivo de esta Ley es establecer una regulación propia que tenga en cuenta las peculiaridades, necesidades e intereses de nuestra Comunidad Autónoma y facilite la promoción, constitución y funcionamiento de las fundaciones que realicen sus actividades en su ámbito territorial, con la pretensión de que sea una regulación precisa y fácil de interpretar y aplicar por los destinatarios de la norma, sin renunciar por ello a la búsqueda de la máxima seguridad jurídica.

Para dar una idea inmediata del contenido de la Ley podría servirnos el repaso de su estructura, que consta de ocho títulos, que abarcan desde su constitución, gobierno y patrimonio, a su funcionamiento o modificación, fusión y extinción, sin olvidar, por supuesto, lo referente al protectorado, que corresponde a los órganos de nuestra Administración, o lo relativo al Registro de Fundaciones, totalizando cuarenta artículos, una disposición adicional, una transitoria y dos finales.

Entrando ya en el ámbito más detallado de la norma, es obligado comenzar por la expresión de su ámbito, que -como no podía ser de otra manera- es el referido a las fundaciones cuya actividad se desarrolle, principalmente, en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma. Tales entidades regularán, por la voluntad del fundador, por los estatutos de la fundación, los preceptos de la legislación estatal de fundaciones que sean de aplicación general y por la propia ley autonómica.

La actuación de las fundaciones se dirigirá a la consecución de fines lícitos de interés general que beneficien a colectivos genéricos de personas. La fundación adquiere la personalidad jurídica mediante la inscripción en el Registro de Fundaciones de la escritura pública constitutiva.

Llegado este punto, debemos recordar que el funcionamiento de estas entidades y el cumplimiento de sus fines exigen la debida dotación, mediante la aportación, por parte del fundador, de bienes y derechos, simultánea a la constitución o con carácter sucesivo, requiriéndose en este último caso el desembolso, al menos, del 25% en el momento de la constitución, defiriéndose el resto hasta en un período de cinco años.

En este capítulo de aportaciones, siempre ha representado una dificultad la valoración de las aportaciones no dinerarias en la Ley. Este problema se resuelve con remisión a la precisa regulación que se establece para las sociedades mercantiles de responsabilidad limitada.

Todas las actuaciones de las fundaciones deben estar dirigidas al cumplimiento de sus fines. Interesa destacar en este punto que se les permite realizar actividades económicas coincidentes con los fines fundacionales. En cambio, la realidad... la realización de actividades mercantiles independientes de los fines fundacionales solo podrán realizarse a través de sociedades mercantiles no personalizadas, y previa autorización del protectorado.

Las fundaciones financiarán sus actividades con los recursos que provengan del rendimiento de este patrimonio, pero también con los recursos netos derivados de la realidad... de la realización de actividades mercantiles.

La decisión sobre la administración y disposición del patrimonio de la Fundación corresponde -como es bien sabido- al Patronato, órgano de gobierno y administración que podrá estar constituido por personas físicas o jurídicas.

En estrecha conexión con la regulación del Patronato discurre lo correspondiente al Protectorado, el órgano de asesoramiento, apoyo técnico y control de aquel. Dicha función corresponderá a los órganos de administración autonómica que se determinen reglamentariamente.

Como corolario de lo expuesto, me gustaría recalcar que con este nuevo marco legal será más fácil crear fundaciones, más flexible su gobierno, más trasparencia en la actuación de sus órganos y, en definitiva, será más sencilla la aplicación de la normativa.

Será más fácil crear fundaciones porque la Ley prevé una regulación detallada de la constitución de fundaciones mortis causa, atribuye a la Administración de la Comunidad o entidades del sector público capacidad para fundar, y, por último y al objeto de una mayor continuidad de la labor realizada por las fundaciones, se prevén tanto los supuestos de absorción como la posibilidad de la fusión.

Será más flexible su gobierno porque se permite que las personas actúen en representación de una persona jurídico... que actúen en representación de una persona jurídico-pública puedan delegar con carácter permanente el ejercicio de sus funciones en otra persona dependiente de esta entidad, porque se admite la posibilidad de que los nuevos patronos acepten sus cargos ante el nuevo... ante el Patronato. Y, por último, porque se dispone que el Protectorado sea el que promueva las inscripciones en el Registro de Fundaciones en todos los supuestos en que se haya intervenido con carácter previo.

Y será más transparente la actuación del Patronato, y también del Protectorado -porque así se determina de forma precisa-, a quien corresponde otorgar los correspondientes instrumentos notariales y realizar las gestiones ante el Protectorado, porque se concretan y coordinan las funciones del Protectorado y del Registro de Fundaciones de Castilla y León, porque la enajenación de los bienes y derechos que constituyen el patrimonio de la Fundación deberá llevarse a cabo mediante procedimientos que garanticen la concurrencia pública y la imparcialidad.

Y será, en definitiva, más sencilla la aplicación de esta normativa porque la valoración de las aportaciones no dinerarias en concepto de dotación fundacional deberá efectuarse de acuerdo con los criterios previstos para las sociedades mercantiles, porque se determina también la consideración legal de la dotación fundacional, y porque la realización de actividades mercantiles independientes de los fines fundacionales sólo podrá efectuarse de forma indirecta o a través de sociedades mercantiles no personalistas.

Los documentos referidos a las cuentas anuales deberán también elaborarse siguiendo los modelos, normas y criterios de la adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad para las entidades sin fines lucrativos.

La presente Ley, en definitiva, trata de dotar de un instrumento jurídico adecuado a las fundaciones de Castilla y León, pero sin caer en la tentación de regular la actividad de mecenazgo. La actividad de mecenazgo y la actividad de las fundaciones configuran dos mundos distintos que es preciso regular por separado. Las fundaciones constituyen un capítulo específico de la actividad social; actividad que no siempre se traduce en tareas de mecenazgo. El mecenazgo, por su parte, es perfectamente imaginable, al margen de una entidad jurídica de las fundaciones.

En definitiva, Señorías, la Ley procura que la necesaria intervención de la Administración sea lo menos gravosa posible para los gestores de la Fundación, y por ello se potencien... se potencian las funciones de apoyo y asesoramiento, y se regulan con precisión los procedimientos administrativos, destacando las garantías de los interesados, sin por ello hacer dejación de las funciones de tutela que esta Administración se encuentra obligada a asumir en este sector. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, señor Consejero. Presentado el Proyecto, pasamos al debate de la Enmienda a la Totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, proponiendo la devolución a la Junta de este Proyecto de Ley que acaba de presentar el señor Consejero de Presidencia. Para consumir un turno a favor de esta Enmienda, don Octavio Granado, en nombre de su Grupo, tiene la palabra.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

Señor Presidente, buenas tardes. Señoras y señores Procuradores, señor Presidente de la Junta. No es costumbre de este Procurador consumir demasiados turnos en el debate de enmiendas a la totalidad a los proyectos de ley presentados por la Junta de Castilla y León, pero en esta ocasión va a hacer una excepción. Y lo va a hacer, además, entendiendo que el criterio del Grupo Socialista, en esta ocasión, está sustentado en fundamentos tan sólidos como son los de la propia Asesoría Jurídica General de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Nos encontramos con una Ley que debería ser importante, porque es importante el papel que juegan las fundaciones y las entidades representativas de la sociedad civil en las actividades de interés general en nuestro país, y debería ser importante el papel que la legislación de la Comunidad de Castilla y León les otorga a estas fundaciones.

¿Con qué nos encontramos? Pues nos encontramos, en resumen, con un Proyecto de Ley cuyo 75%, en términos estrictos -y fíense Sus Señorías de mi capacidad de cálculo-, es una mera copia de la Ley 30/1994, que regula en el Estado las fundaciones y los incentivos fiscales a las... a la participación privada en las actividades de interés general.

Es sorprendente que el Grupo Parlamentario Popular, que apoya en esta Cámara al Gobierno y que constantemente hace uso de problemas de competencia para rechazar enmiendas que presentamos los Grupos de la Oposición a diferentes proyectos de ley en la Cámara, nos presente en este momento un proyecto de ley que no es más que una mera copia de parte de la legislación estatal. Y es sorprendente que lo haga incluso en contra del criterio de los asesores jurídicos de la Administración de la Comunidad.

Voy a leerles a Sus Señorías algunos párrafos del Informe de la Asesoría sobre el contenido de esta Ley. El Informe de la Asesoría dice, entre otras cosas, que "la Comunidad de Castilla y León, en materia de fundaciones, no ostenta competencias para establecer las condiciones básicas del derecho de fundación, ni en materia de legislación civil, ni en materia de legislación procesal. Por lo tanto, la Comunidad de Castilla y León sólo puede legislar aquellos aspectos del derecho de fundación respecto de los cuales el Estado no ostenta competencias exclusivas. En caso contrario, se vulneraría la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas consagrada en la Constitución, aunque la ley autonómica se limitara a reproducir la ley estatal".

Por eso este Informe, que en la memoria del proyecto se dice que es favorable, no es tal informe favorable. El Informe emitido por la Asesoría Jurídica dice: "En conclusión, salvo las observaciones formuladas en relación con la reproducción de la legislación básica estatal, esta Asesoría Jurídica informa favorablemente el Anteproyecto de Ley de Fundaciones". Pero es que la reproducción de la legislación básica estatal y de la no básica es el 75% del Proyecto de Ley. Luego el Informe es favorable al 25% del Proyecto de Ley, y desfavorable en el 75%.

Porque además, el informante, que es funcionario de la Comunidad Autónoma, es piadoso con su Gobierno y no reproduce, por ejemplo, algunas Sentencias del Tribunal Constitucional que podría, con todo derecho y con mucho acierto, reproducir. Y les leo una simple cita: "La simple reproducción por la legislación autonómica, además de ser una peligrosa técnica legislativa, incurre en inconstitucionalidad por invasión de competencias en materias cuya regulación no corresponde a las Comunidades Autónomas". Esta simple reproducción es exactamente lo que hace este Proyecto de Ley, con lo cual nos vamos a encontrar con que cuando el Estado -como ha anunciado ya el Gobierno de la Nación- modifique la Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación privada en actividades de interés general, todo lo que haya modificado el Estado quedará fuera de competencias en el ámbito de la Comunidad, porque estamos reproduciendo una legislación que es competencia del Estado.

Y, además, nos vamos a encontrar con una legislación sin sentido. Es una legislación sin sentido porque copiar lo que dice el Estado no añade nada. Las fundaciones de Castilla y León ya están sometidas a la legislación del Estado, y esta nueva Ley no les va a aportar nada, salvo inconvenientes. Desde luego, ventajas, ninguna, como luego tendré ocasión de explicar.

Y es una legislación sin sentido porque, además, está carente de contenido en aquello que demanda estrictamente el sector de las fundaciones en estos momentos en la Comunidad Autónoma, que es un mejor trato fiscal a las fundaciones, y que es en donde se va, precisamente, a centrar la reforma de la legislación básica del Estado. El Estado no aspira a modificar la regulación de las fundaciones; el Estado aspira a modificar el trato fiscal de los donativos y de los ingresos y rentas de las fundaciones, que es, precisamente, lo que no hace el Proyecto de Ley.

Voy a leerles a Sus Señorías, porque realmente es muy breve, la memoria económica del Proyecto de Ley -tiene una línea-: "No se prevé ningún coste económico derivado de la aplicación de esta norma". Esta es una Ley que va a dejar a las fundaciones de Castilla y León en la misma situación en la que se encuentran, desde el punto de vista económico.

Y si son tan importantes las fundaciones como nos ha dicho el Consejero de Presidencia, ¿cómo es posible que ni una sola peseta, ni una sola peseta vaya a sus arcas, en aplicación de lo preceptuado en esta Ley? Porque no estamos hablando de subvenciones que salen del erario público; estamos hablando de donativos de particulares, estamos hablando de una legislación que permita que los ciudadanos y ciudadanas de esta Comunidad Autónoma, las personas físicas y también las personas jurídicas, puedan entregar más dinero a las fundaciones. No se prevé ni una sola peseta, no se prevé ni una sola peseta del incremento en los ingresos, en los recursos de las fundaciones a través de este Proyecto de Ley.

Porque, además... además de copiar mal, además de copiar en contra del sentido de la doctrina del Tribunal Constitucional, además de copiar en contra del sentido de la doctrina... vamos, de la doctrina... de la interpretación jurisprudencial que hace la Asesoría Jurídica de la Comunidad Autónoma, además, este Proyecto de Ley, cuando no copia -que es fundamentalmente lo que hace, como los malos estudiantes, copiar-, cuando pone algo de su cosecha, cuando añade al examen alguna parte de cosecha de producción propia, lo hace con un conjunto de disparates, algunos de los cuales voy a intentar comentar a Sus Señorías.

Por ejemplo, la Ley 30/94, de la cual tuve el honor de ser Ponente en el Senado de España, prohíbe de manera muy taxativa que los beneficios de una fundación vayan a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad de los fundadores de la misma. Y esto es razonable, porque como las fundaciones tienen un trato fiscal favorable, no parece muy razonable que uno haga una fundación de la cual el único beneficiario sea la mujer de uno o el marido; eso parecería una forma de elusión fiscal. Bueno, pues en esto nuestra Ley sí innova; nuestra Ley dice, en un artículo muy divertido, que "en el caso de fines de asistencia social, en los estatutos de las fundaciones que se constituyan para realizar las actividades de acción social que se enumeran a continuación -infancia, juventud, tercera edad, educación especial, minorías, refugiados, transeúntes, personas con cargas familiares, etcétera- podrá establecerse que los fundadores y sus cónyuges, dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, gocen de condiciones especiales para beneficiarse de los servicios que preste la fundación. Es decir, hemos pasado de la prohibición de que sean beneficiarios a que tengan condiciones especiales para beneficiarse de la fundación, lo cual, desde luego, es una innovación en el derecho de fundación en nuestro país.

Enhorabuena; a partir de esta Ley, todos podremos hacer fundaciones para nuestros cónyuges, poner nuestro patrimonio en fundaciones, desfiscalizarlo y conseguir, a partir de una determinada edad, no... pagar menos impuestos o no pagar impuestos, para que nuestras familias se beneficien de las fundaciones que habremos hecho con el beneplácito del Partido Popular y del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Otra perla cultivada de estas innovaciones legislativas que se producen cuando ya decae en sentido de la copia. El Artículo 23 de esta Ley señala lo que a efectos de la Ley se entiende por independencia, por independencia, por actividad mercantil independiente de los fines fundacionales de una fundación. Una fundación puede obtener recursos a través de ingresos que dependan de actividades mercantiles no relacionadas con la misma; por ejemplo, una fundación puede tener acciones. Bueno. A los efectos de la Ley, "a estos efectos, se considerará actividad mercantil independiente de los fines fundacionales la participación mayoritaria en sociedades mercantiles no personalistas cuyo objeto no coincida con los fines fundacionales". O lo que es lo mismo: si no tienes una participación mayoritaria en una sociedad mercantil, no se considera que tu actividad es independiente de los fines fundacionales.

Y yo me pregunto, y se pregunta el Grupo Socialista: ¿qué diablos tiene que ver la independencia con participación mayoritaria o no en una sociedad? Son conceptos jurídicos distintos, acuñados en el Derecho Mercantil de manera absolutamente diferente. Si una fundación dedicada a las obras pías tiene acciones en una fábrica dedicada a la venta y producción de condones, se sobreentiende -por poner un ejemplo que todos podamos entender- que esa actividad será independiente de los fines fundacionales, tenga o no participación mayoritaria. Lo de menos será el que tenga el 51% o el 49% de las acciones de la fábrica de condones. Se supone que no es una actividad dedicada a los fines fundacionales. Esto era así hasta ahora. Con la Ley de Fundaciones de Castilla y León dejará de serlo: será una actividad no independiente de los fines fundacionales.

Entre otras perlas cultivadas, nuestra Ley de Fundaciones somete a la autorización del Protectorado cuestiones que en la Ley 30/94 no era potestativa... no era obligatoria la autorización, sino, simplemente, era obligatoria la remisión de información al Protectorado. Hemos vuelto a la legislación franquista en materia de fundaciones. Hemos vuelto a una legislación que no permitía que las fundaciones tuvieran un mayor grado de autonomía; no solamente no hemos progresado en autonomía, sino que hemos progresado en control y en intervención.

Y después de tanta copia, de tanta inconstitucionalidad formal y material, de tanto disparate jurídico entremezclado en una Ley que, además, no añade nada nuevo, y lo que añade es deleznable, pues nos encontramos con que la Ley también es significativa por lo que omite.

¿Qué omite? Por ejemplo, en esta Comunidad Autónoma hay fundaciones del sector público. Nuestra Consejería de Educación acaba de poner en marcha una importante fundación para temas culturales y de patrimonio histórico. Nuestra Consejería de Sanidad, hace ya algunos años que puso en marcha el Instituto de Ciencias de la Salud, que es una fundación que hace las funciones de la Escuela Regional de Salud en otras Comunidades Autónomas. Nuestra Ley de Cajas de Ahorro establece que las Cajas de Ahorro de la Comunidad podrán gestionar a través de fundaciones su obra social.

Podíamos haber utilizado la Ley de Fundaciones de Castilla y León para regular esas fundaciones específicas que queremos desarrollar en Castilla y León: las fundaciones públicas, las fundaciones de las Cajas de Ahorros. Pues no. No hay ningún tipo de regulación. Eso sí, en un alarde de cachondeo -porque la verdad es que no existe otra palabra posible para decirlo-, la memoria del Proyecto de Ley de Fundaciones considera destacable, en primer lugar... es decir, lo más destacable de la Ley, según el Anteproyecto de la Ley, se considera destacable que sea obligación de la Junta de Castilla y León aprobar las fundaciones que deban constituir órganos de la Comunidad Autónoma. Y digo yo: y si no es la Junta de Castilla y León la que debe aprobarlo, ¿quién puede ser?, ¿la portera? ¡Hombre!, se supone que las fundaciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Castilla y León deberán ser aprobadas por la Junta. Pero, en cualquier caso, si fuera una Consejería la que lo hiciera, eso no sería ni destacable, ni indestacable ni todo lo contrario; no tendría nada de destacar, porque es una cuestión estrictamente burocrática.

¿Qué podía haber hecho la Ley? Lo más importante: lo más importante es modificar el trato fiscal que reciben las fundaciones en nuestra Comunidad Autónoma, como han hecho otras leyes de Comunidades Autónomas.

¿Saben Sus Señorías que en estos momentos, por ejemplo, con esta Ley, un donativo a la Fundación de Patrimonio de Castilla y León tiene el mismo trato fiscal en la Comunidad de Castilla y León que un donativo a la fundación del Fútbol Club Barcelona? Pues esto es lo que sucede con esta Ley. No establecemos ningún tipo de trato favorable a las fundaciones que realizan su actividad en la Comunidad Autónoma, con lo cual, como nos mantenemos en los ámbitos de la legislación estatal, vamos a tratar por igual y a dar las mismas ventajas fiscales a los que donan dinero para actividades de interés general que se realicen en Castilla y León y que nos interesan en Castilla y León, y a los que donan dinero para actividades que puede realizarse en Tanzania o en Mozambique. ¡Hombre!, si son de cooperación al desarrollo, bien. Pero es que hay otras fundaciones, como la que he descrito, que hacen cosas mucho más discutibles.

¿Saben ustedes que, desde que se aprobó la Ley 30/94 y se establece un régimen fiscal especialmente interesante para los donativos, estas entidades se equiparan en el ámbito del Estado las entidades declaradas de utilidad pública en tratamiento fiscal, si cumplen con los requisitos, a las fundaciones? Pero es que en nuestra Comunidad Autónoma, entidades de interés social declaradas de utilidad pública hay muy pocas. Y nuestras pequeñas entidades que hacen asistencia social, ayuda a transeúntes, a emigrantes, a minusválidos, a ancianos, a niños, no son entidades que por el volumen de sus actividades puedan tener fácil la declaración de utilidad pública.

Tendría todo el sentido del mundo que la Ley estableciera el régimen fiscal favorable para los donativos de estas entidades a través de algunas figuras jurídicas que pudiera crear la propia Junta de Castilla y León. Pero nada de eso se hace.

¿Y saben ustedes por qué nada de esto se ha hecho, por qué este Proyecto de Ley está mal hecho, por qué este Proyecto de Ley no hace nada de lo que debe y hace todo lo que no debe hacer el Proyecto de Ley? Pues porque este Proyecto de Ley, al contrario de lo que ha pasado con otras leyes que vamos a discutir en esta Cámara -por ejemplo, y me gustaría citar a título de contraposición la Ley de Cooperativas-, no se ha hablado con el sector. La propia memoria del Anteproyecto de Ley reconoce cuál es el procedimiento de elaboración de la Ley. Se creó un grupo interdepartamental de tres Consejerías que pidió, solicitó informes al resto de las Consejerías, y con lo que los técnicos de cada una de las Consejerías de la Junta dijeron se elaboró el Proyecto. No ha habido ninguna participación del sector; ha habido la participación obligatoria y regulada del Consejo Económico y Social. Y cuando no se cuenta con la gente, uno al final acaba haciendo disparates. Decía Goya que "el sueño de la razón produce monstruos". En este caso, el sueño de los burócratas produce textos absurdos, que no mejoran para nada la vida de la gente, y que a lo único que pueden aspirar es a no verse nunca aprobados.

Yo ya sé que ustedes van a votar en contra de esta Enmienda a la Totalidad, pero como la Ley salga de esta Cámara tal como ha entrado, esta Ley no va a suponer ningún paso adelante para nadie, ni siquiera para la propia Junta de Castilla y León. Va a ser una Ley, en el mejor de los casos, intrascendente. Si no es una Ley intrascendente, va a ser una Ley regresiva, pero no porque sea reaccionaria, es, simplemente, porque es una mala Ley.

Y yo les pido, por favor, que tengan un poco de sensibilidad, que hablen con el sector, que negocien la Ley y que permitan que un texto mucho más decoroso llegue a ser discutido en esta Cámara. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para consumir un turno en contra de la enmienda, ..... del Partido Popular.

EL SEÑOR HERNANDO SANZ:

Presidente, Señorías. Señor Granado, me comentaba un compañero, a tono de broma, que... bueno, pues, verdaderamente, debía estar usted afectado por el resultado del Partido de ayer, que sólo... que sólo desde ese ámbito se entendía su enfado y... en relación a esto.

Yo creo que, bueno, pues que usted, que me consta que tiene otro talante, no será ésa la razón que le mueve a esto.

La verdad, señor Granado, es que su Enmienda a la Totalidad, bueno, pues yo creo que usted -y en su exposición que nos ha puesto de manifiesto aquí, y me sorprende y se lo digo de verdad, con razón-, pues, ha confundido varios términos, ha confundido varios términos en los que usted ha entrado y creo que se ha equivocado.

Primero, sería incluso discutible si la enmienda que se presenta es una Enmienda a la Totalidad, puesto que, lógicamente, conforme al Artículo 109, ya sabemos que debe de versar sobre los principios, sobre la oportunidad, sobre la conveniencia de la Ley. Y aquí la crítica -o así, por lo menos, en el texto que ustedes presentan de Enmienda a la Totalidad-, se ciñen a decir que se limita a copiar la regulación estatal, que en lo que no la copia es un mero desarrollo reglamentario, que no tiene en cuenta las fundaciones de otro tipo, y, bueno, pues que se deben de contemplar esas especificaciones.

Nosotros entendemos que eso pues puede ser perfectamente asumible en el seno de las modificaciones o de las enmiendas parciales.

Pero entrando en las cuestiones concretas, pues bueno, primero usted plantea que es una copia de la regulación estatal, de la cual usted fue ponente y una buena Ley estatal en el Senado.

Hombre, lo primero que nos sorprende es: si la Ley Estatal que se aprobó por el Grupo Socialista, se aprobó por ciento ochenta y seis votos, y ésta se limita a copiarla, en principio no sería mala; en principio, si nos limitamos a copiarla, no entiendo por qué procede la crítica.

Segundo, que no hay esa copia, en términos porcentuales, como usted dice, pues de ochenta... ochenta artículos que tiene la Ley de carácter estatal, la Ley 30/94, treinta y uno tienen que ver con las medidas de carácter fiscal, que éstas para nada toca. Por lo tanto, tampoco es una copia en ese sentido; estamos dejando, de ochenta artículos, treinta y uno sobre los que no se entra. Entonces, no nos parece que así deba de ser.

Lo que usted sí ha puesto de manifiesto aquí es que estamos ante unas competencias, en materia de fundaciones, compartidas. Lo que no puede la Comunidad Autónoma es inventar absolutamente nada en materia de fundaciones. ¿Por qué? Porque, en base al Artículo 149 de la Constitución Española, los principios básicos del derecho fundacional -un derecho constitucional recogido en el Artículo 34 de la Constitución Española-, son de competencia exclusiva estatal. Entonces, por lo tanto, salvo que quiera usted que sobre esos modifiquemos, pues, lógicamente... y entremos en una inconstitucionalidad por una invasión de competencias, pues verdaderamente entenderá que en esos artículos que se refieren a los principios básicos no haya una modificación.

Pero usted entra en una contradicción cuando nos cita el texto de la Asesoría Jurídica, que es lo que se llama la "técnica de reproducción normativa". Y, precisamente, lo que se ha hecho con esta Ley... y usted citaba una sentencia, que, seguramente, si la tiene ahí, será la Sentencia de dos de julio del noventa y ocho, del Tribunal Constitucional, lo que precisamente dice esa Sentencia -si usted la lee completa, y yo le voy a citar algún párrafo- es que cuando se entra en inconstitucionalidad es cuando en la propia Ley autonómica, aunque se reproduzca el mismo texto que en la Legislación estatal, se contiene en ella.

Y esto no sucede aquí, precisamente para no invadir competencias y para no caer en esa técnica reproductiva que sí es anticonstitucional.

Lo que aquí se hace es remitirse a la Legislación estatal, remitirse a la legislación estatal; no reproducir los párrafos de la Legislación estatal.

Y así, el Tribunal Constitucional -como bien usted ha dicho- señala: "es reiterada la Jurisprudencia de este Tribunal sobre normas de las Comunidades Autónomas que reproducen la Legislación estatal, careciendo de la competencia correspondiente en la materia que se trate. Dicha Jurisprudencia declara la inconstitucionalidad de la normativa autonómica reproductora de la Legislación estatal".

Es decir, cuando nosotros nos limitáramos a copiar en nuestro texto autonómico lo que la Legislación estatal dice, estaríamos introduciendo una inconstitucionalidad. Cuando nosotros nos remitimos -señor Martín- a la Legislación estatal, no caemos en invasión de competencia. Y tal es así que ustedes, en sus enmiendas, en seis de ellas, se están remitiendo a la Legislación estatal: la Enmienda 2, la Enmienda 3, la 4, la 15, la 27... Eso es lo que está sucediendo, y eso es lo que nosotros también hacemos en muchas de ellas.

Se critica... bueno, pues que es una copia de la Legislación estatal. Y mire, que no es una copia de la Legislación estatal no lo voy a decir yo, lo dice el propio Informe del CES, ése para el que ustedes dogmatizan y que constituye palabra o dogma de fe cuando les parece; en este caso no ha hecho ninguna referencia.

El CES, en relación a las novedades -sólo, concretamente, en relación a eso-, dice: "Con esta Ley, nuestra Comunidad se dota de una regulación propia de las Fundaciones al más alto rango normativo, estando preservados los elementos esenciales de esta figura en la Ley 30/94, la normativa autonómica, en el margen de regulación que dispone, incorpora importantes novedades..." -lo dice el CES, no lo digo yo, ¿eh?, lo dice el CES-. Y dice: "...con respecto a la Legislación estatal, que aparecen recogidas con detalle en la Exposición de Motivos del Anteproyecto".

Por cierto, si estamos hablando de una Enmienda a la Totalidad y no nos gustan los principios, el espíritu que alienta en esa Ley, que estos vienen contenidos, normalmente, en la Exposición de Motivos, lo normal y lo lógico es que a la hora de plantear las enmiendas parciales se planteara una enmienda parcial, al menos, en relación a algún aspecto concreto de la Exposición de Motivos. Pues ustedes con la Exposición de Motivos están totalmente de acuerdo con ella; no presentan ninguna enmienda en relación a la Exposición de Motivos -ya digo-, donde se vienen a recoger los principios, el espíritu, y donde conforme dice el CES se recogen las novedades.

Dice el propio CES, en relación a novedades o no novedades. Dice: "aprovecha un nuevo texto para dotar a las Fundaciones de una mejora de su autosuficiencia económica, de una modernización, incluyendo la regulación de la absorción de otras Fundaciones junto a la fusión de éstas; permite agilizar y garantizar una gestión más autosuficiente, a través de conceder un mayor protagonismo al Patronato". Todo eso lo dice el CES. Y, si quiere, podemos enumerar de forma detallada las novedades, desde el Artículo 6 al Artículo 36, sistematizadas que contienen: en relación a la autorización esa de la Junta de la que usted hablaba; la regulación más detallada de la constitución mortis causa; los criterios de valoración de las aportaciones no dinerarias; las facilidades de actuación del Patronato, y así sucesivamente.

Usted critica también, en su segundo aspecto, que en la Ley, pues, no se contemplan las especificidades de otras fundaciones. Mire... y para eso nos dice que la Ley de Cajas de Ahorro -y así lo dice- pues contempla alguna diferencia en relación a las fundaciones. Yo creo que, leída la Ley 5/2001, no contempla ninguna diferencia en relación a las fundaciones que aquí se escogen, no se contempla ninguna matización que la tenga que hacer diferente.

Nosotros entendemos que no se debe de someter a ese tipo de fundaciones a un régimen jurídico diferente. ¿Por qué se va a tener que someter a un régimen jurídico diferente cuando existe una regulación... una regulación de carácter general y de carácter sectorial? Ustedes sí entienden que debe de haber diferentes categorías dentro de las fundaciones. NOsotros entendemos que es un régimen -el que debe de ser- con una legislación homogénea.

Por otro lado, eso que usted, y como bien dice, es ponente de esa Ley de Fundaciones de carácter estatal, si ve la misma, en ella no se recoge ninguna especificidad en relación a las Fundaciones de las Cajas de Ahorro, ni en relación a las Fundaciones de los Clubes de Fútbol. Porque podíamos hacer, como ustedes plantean en la Enmienda número 35, un Anteproyecto de Ley de Fundaciones de Cajas de Ahorro, otro de clubes de fútbol, y así sucesivamente.

No. Nos parece que el marco normativo debe de ser un marco normativo homogéneo y un marco normativo donde la Legislación sectorial tenga su cabida.

Y es que ustedes, además, en relación a las Cajas de Ahorro -lo dicen tanto en la Enmienda 35 como lo han dicho en los medios de comunicación-, lo que pretenden es que haya un mayor control de los depositarios de los órganos de Gobierno de las funciones de la Caja... de las Fundaciones de las Cajas de Ahorro.

Lo que pretenden -y lo dicen textualmente- es que el Protectorado de las Cajas de Ahorro pase a los órganos de Gobierno; a nosotros nos parece que eso es un sinsentido. Hay, por un lado, el Patronato, que es el órgano de Gobierno de la Fundación, y el Protectorado, que es el órgano de control y de asesoramiento de la Fundación.

Es que, además, plantean esa enmienda, en la Enmienda 35, eso, y se les olvida de plantear una enmienda de... una enmienda donde se recoja una modificación de la Ley de Cajas. Porque la Ley de Cajas recoge, en su Artículo 5... en su Artículo quinto, que el Protectorado de las Fundaciones de las Cajas de Ahorro corresponde a la Consejería de Economía. Nada de eso se dice en este tema.

También la tercera crítica de carácter sustantivo que se hace es que no se contemplan medidas para incentivar las fundaciones. En la parte final de la intervención del Consejero se lo decía y se lo ponía de manifiesto: consideramos que por un lado debe de ir el mecenazgo, y por otro lado debe de ir la regulación específica, la regulación normativa de las fundaciones.

Podemos decir que aquí nos encontramos ante dos formas o dos maneras de legislar: ustedes entienden que en una legislación específica, en una legislación sectorial se deben de incluir las repercusiones fiscales de ese tipo de Fundaciones o de ese tipo de normativa.

Nosotros entendemos que eso no es lo más adecuado. Nos parece que lo más adecuado es que los incentivos se contemplen, en su caso, en la Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, donde ahí se recojan las modificaciones de las figuras tributarias que correspondan; no recogerlo en la propia Ley ese tipo de modificación.

Y yo creo que con un ejemplo es suficientemente claro: el Código Civil, por ejemplo, recoge todo lo relativo a filiación, todo lo relativo a natalidad; pero en el Código Civil nadie hubiera pensado que se contemplen medidas incentivadoras de la natalidad. No, no. Las medidas incentivadoras de la natalidad se deberán de contemplar en otra normativa: por un lado la regulación sectorial, la regulación de fondo, y por otro lado la cuestión de carácter fiscal.

Al margen de esa circunstancia -y yo creo que todos lo sabemos-, la capacidad de influencia de la Comunidad Autónoma en materia impositiva en relación a las fundaciones es mínima. Es mínima, porque el aspecto fiscal básico de las fundaciones es el Impuesto de Sociedades, y ese Impuesto de Sociedades nosotros no lo tenemos cedido, no está cedido: ni la Ley Orgánica de Cesión de Tributos del Estado, ni la Ley de Medidas Fiscales complementarias del noventa y seis ceden a la Comunidad ese tributo.

Sí es cierto que nosotros tenemos competencia en materia del Impuesto de Transmisiones y sobre... y en materia del tramo correspondiente al IRPF, y sobre ambos se podría jugar.

Pero, ya digo, nos encontramos ante un problema de técnica legislativa, donde nosotros creemos que no se debe de contemplar en esta regulación sectorial y sí se debe de contemplar -como parece ser que va la línea de la nueva Ley de Fundaciones- en dos aspectos diferenciados: por un lado, lo que es el régimen sustantivo y, por otro lado, lo que es la Ley de Mecenazgo.

En este sentido, hay que decir... -y bueno, podemos... no tenemos por qué inventar nada nuevo- podemos contemplar lo que sucede en nuestro entorno. En nuestro entorno, ¿con qué nos encontramos? Primero: ninguna Comunidad Autónoma de las gobernadas por el Partido Socialista tiene una Ley de Fundaciones, ninguna; ni aquéllas de las que accedieron a través del Artículo 151 de la Constitución y que no tenían que esperar los cinco años previstos en el 148.2 para desarrollar determinadas competencias.

Ninguna Ley de ninguna Comunidad Autónoma gobernada por el Partido Socialista tiene Ley de Fundaciones; ni siquiera Andalucía, con el tiempo que llevan con esas competencias.

Pero es que si vemos lo que sucede en aquellas Comunidades Autónomas que tienen Ley Sectorial de Fundaciones, en ninguna de las Comunidades Autónomas que tienen Ley Sectorial de Fundaciones, en la propia Ley se contemplan los incentivos fiscales; en ninguna de esas Leyes. Y usted, como yo, pues sabrá, lógicamente, de qué leyes podemos estar hablando, qué normativa autonómica, como son la de Canarias, la de Cataluña, la de Galicia, la de Madrid, la de Navarra y la del País Vasco. En ninguna de esas leyes sectoriales se contemplan incentivos fiscales. Creemos que el acomodo de esos incentivos deben de tener cabida en su caso en otras leyes, y, por lo tanto, por seguridad jurídica, entendemos que la regulación no se debe de hacer en una regulación sectorial, sino que, en su caso, los incentivos que correspondan establecer deberán de llevarse a través -ya digo- de la Ley de Medidas Fiscales, Económicas y Administrativas. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Señor Granado, si desea replicar, tiene la palabra.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Hombre, mire, a mí me resulta muy difícil contestar a discursos que no me contestan a mí. Porque, mire, yo llevo... he estado en la tribuna más de quince minutos, por la benevolencia del Presidente. Si usted se limita a contestarme al texto por escrito que nosotros hemos presentado como enmienda a la totalidad, y luego, además, para intentar que el discurso quede un poquito más aparente me empieza a hablar de las enmiendas parciales que no son objeto de consideración en este trámite parlamentario, porque me habla usted de por qué no hacemos enmiendas a la Exposición de Motivos...; nosotros nunca hacemos enmiendas a la Exposición de Motivos de las leyes. La Exposición de Motivos de las leyes se vota al final de las mismas porque se va corrigiendo conforme se van corrigiendo las leyes. Esa es la práctica habitual en el Parlamento. Lamento tener que indicárselo en estos términos, pero esto se hace así.

Claro, si usted se limita a contestarme a lo que no he dicho y a lo que tendremos que discutir dentro de un mes, pues mire, podemos hacer este debate ya no por internet, por correo, o sea... y nos convertimos en corresponsales. Esto se llama Parlamento, porque aquí uno habla y da razones. Y a mí me gustaría que alguna vez alguno de ustedes me contestara un poquito. El señor Aguilar sí que suele hacerlo, pero... pero, de verdad, es que desisto de encontrar en otro miembro del Grupo Parlamentario Popular alguien que intente contestar a lo que digo. Y yo puedo tener razón o estar equivocado, ¿eh?, que yo no tengo ninguna bula, ¿eh? Pero, ¡hombre!, cuando uno intenta argumentar, y a nada de lo que argumenta le contestan, al final, uno saca como conclusión que algo de razón tiene.

Porque, mire usted, vamos a ver... y empezando por el principio de lo que en la medida en que el texto por escrito presentado se parezca a lo que yo he dicho aquí, pues usted me ha contestado, en esa medida. Porque, mire usted, para empezar, el Informe del Consejo Económico y Social, pues mire, si llegamos al acuerdo el Grupo Popular y el Grupo Socialista en que hacemos caso al Informe del CES, enhorabuena, y yo doy por bueno todo lo que dice el Informe del CES. Entre otras cosas, el Informe del CES dice que ustedes tenían que haber regulado la... incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general. Oiga, no me diga que no con la cabeza, porque se lo leo. O sea, se lo leo directamente; y así ya sacamos conclusión, ¿eh? O sea, porque ya... "sin desconocer que la regulación en materia del Título II de esta Ley es competencia estatal, sí hubiera sido conveniente que la ley autonómica en el ámbito competencial cedido por la Ley Orgánica... tal, tal, tal, de Cesión de Tributos del Estado, que ya se ha modificado y que nos da más competencias, aprovechara para incentivar la inversión privada en fines de interés social, para lo que las fundaciones se han revelado como un adecuado instrumento". Y a continuación dice: "Las competencias que tenemos no son muchas, ahora son mayores".

O sea, que si utilizamos el Informe del CES, lo utilizamos para todo; porque si no, al final, son argumentos de conveniencia. Cuando la Asesoría Jurídica de esta Comunidad Autónoma les dice a ustedes, le dice a su Gobierno y al Grupo Parlamentario que apoya al Gobierno -digo yo, con mayor sentido-, que, salvo las observaciones formuladas en relación con la reproducción de la legislación básica estatal, es porque la Asesoría Jurídica ha observado que se ha reproducido legislación básica estatal. ¿Quiere que le lea algún artículo de la Ley y que le diga dónde viene la Ley de Fundaciones, artículos declarados básicos por las Disposiciones Adicionales de la Ley 30/94? Pues hay algunos que están copiados literalmente.

Las seis enmiendas a las que usted ha hecho referencia del Grupo Parlamentario Socialista -introduzco este tema en este debate, porque ha sido suscitado por mi oponente-, las seis enmiendas, lo que pretenden es eliminar copias, y decir que en vez de decirlo en un artículo diciendo exactamente lo mismo, literalmente lo mismo que dice la ley del estado, se diga que "la extinción, la fusión o determinadas circunstancias están sometidas a lo que diga la ley estatal". Y esto es por lo que hacemos las enmiendas. Y tenemos otras quince enmiendas que son de supresión porque son copias literales de la ley estatal. De lo cual me siento muy orgulloso, pero el problema es que aquí no tenemos competencia para copiar la ley estatal. No es que hagamos bien o mal copiando la ley estatal, es que no podemos hacerlo, porque el Tribunal Constitucional nos lo impide, y nos lo impide la Constitución Española, en última instancia.

El Informe de Asesoría Jurídica le señala a ustedes -y lo hace en negrita, para que se lo lean bien y se enteren- que no tenemos competencias ni en materia de legislación civil ni en materia de legislación procesal. Y algunas de las innovaciones que ustedes han introducido en este Proyecto de Ley afectan a legislación civil y otras a legislación procesal. Ustedes han innovado en temas en los que esta Comunidad Autónoma no tiene competencia. Y si lo hubieran hecho para bien, podríamos entrar en el dejarlo pasar; que yo tampoco estoy de acuerdo en la sacralización absoluta de las normas jurídicas. Pero es que no lo hacen para bien, lo hacen para mal.

Yo le he indicado aquí que ustedes someten a la autorización del protectorado cosas que en la ley estatal son de información, son obligaciones de información; le he indicado aquí que la Ley de Fundaciones de Castilla y León da mejor trato a las Fundaciones que consideren especialmente a los parientes de los fundadores. Cuénteme usted por qué razones hacen esto. Porque yo me imagino que todos tenemos parientes, pero no queremos hacerles una fundación cuando hacemos leyes de estas, ¿no? Y yo le he indicado aquí que ustedes confunden conceptos jurídicos tan elementales -y yo soy profesor de Historia, no soy jurista- como el de independencia y mayoría. Y usted no me ha hecho ninguna consideración a esta cuestión. A usted esto le parecerá baladí, pero a mí no me lo parece.

En cuanto a que la legislación en materia de incentivos tiene que estar contemplada en leyes específicas, como las leyes de medidas que acompañan al presupuesto, pues, mire usted, si la legislación es de incentivos fiscales específicos, lo puedo entender; pero si son medidas de fomento, no. Y dentro de quince días vamos a aprobar en este Pleno, por unanimidad de los dos Grupos Políticos, al menos -que representamos, los que intervenimos en esta tribuna-, y espero que por la unanimidad de la Cámara, una Ley de Cooperativas que tiene medidas de fomento del sector.

¿Por qué lo que es bueno para la Ley de Cooperativas es malo para la Ley de Fundaciones? Pues le voy a decir por qué. Porque como la Ley de Cooperativas la hemos hablado con las cooperativas, hemos introducido, todos de acuerdo, medidas de apoyo a las cooperativas; pero como la Ley de Fundaciones ustedes no la han hablado con las fundaciones, esto no está en este Proyecto de Ley. Entonces, vamos a ser un poquito congruentes: lo que es bueno para las cooperativas lo es para las fundaciones. Y no me compare usted esta Ley con el Código Civil, ¿eh?; no me compare usted a Dios con un gitano, de verdad se lo digo, ¿eh? -y sin ningún tipo de contenido racista porque utilice una frase hecha-. Comparar esta Ley con el Código Civil es hacer un demérito enorme al Código Civil.

¿Que la ley estatal no entra en especificidades? Pues claro, hombre, la ley estatal es la que no debe entrar en especificidades. Ese es el ámbito de representación de la Comunidad Autónoma, y el ámbito legislativo de la Comunidad Autónoma. A usted le parece que las fundaciones de cajas de ahorro no tienen ninguna materia específica que aconsejar a una regulación legal estricta; por ejemplo, su relación con los órganos de gobierno de las cajas de ahorro. ¿Le parece de verdad eso? ¿Le parece de verdad que las fundaciones de las cajas de ahorro no van a necesitar alguna regulación legal específica? Porque yo creo que las fundaciones de los club de fútbol no la necesitan, pero las de cajas de ahorro sí. ¿Le parece a usted de verdad que las fundaciones públicas de esta Comunidad Autónoma no necesitan ni cinco artículos para ser reguladas? ¿Es que usted me quiere decir que las empresas públicas de esta Comunidad Autónoma no necesitan ninguna ley, porque ya, como hay regulaciones en general para las empresas privadas y públicas, con la regulación general les vale? No, hombre, no. Si nuestra Ley de Hacienda establece que para hacer una empresa pública hace falta hacer una ley de la Comunidad.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoría.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

(Estoy terminando, señor Presidente). Mire, no tiene razón; y el problema de que no tenga razón se podría solventar por enmiendas parciales. El problema es que... o con las enmiendas parciales destrozamos la Ley y la hacemos irreconocible -que a lo mejor es posible-, metemos incentivos, regulamos incentivos, regulamos las fundaciones específicas, eliminamos todas las reproducciones de las que habla el Informe de Asesoría Jurídica, hacemos caso al CES en lo que ustedes no les han hecho caso al CES; y entonces cambiamos la Ley de principio al final, quitamos lo de los parientes y sustituimos las referencias a la independencia por mayoría -porque yo creo que esos son disparates-... Si hacemos todo eso, hacemos una nueva ley. Y yo creo que para hacer una nueva ley es mejor tener un buen punto de partida. Podemos hacer una nueva ley a través de enmiendas parlamentarias, pero, de verdad, se lo juro, no va a quedar bien, no va a quedar bien. Porque hay cosas aquí, que incluso el propio sector a mí me han comentado que echan en falta y que en estos momentos ya no están ni en las enmiendas de los Grupos Parlamentarios.

Yo creo que ustedes deben pensar seriamente en que esta es una mala ley; cuestión que yo creo que comparte no solo la Asesoría Jurídica de la Comunidad, sino algunas Consejerías. Esta es una ley mal hecha, y no se empecinen, por favor, en aprobarla tal como está, porque no va a traer ninguna consecuencia positiva para las fundaciones de la Comunidad Autónoma.

Y, por terminar -y esto yo creo que también tiene alguna cuestión que tiene algún interés-, hombre, no me diga usted que todas las medidas fiscales de apoyo a la ley, que todas las medidas fiscales de apoyo a las fundaciones deben estar en otro tipo de leyes, porque llevan ustedes gobernando catorce años esta Comunidad Autónoma y no han aprobado ni una sola medida fiscal de apoyo a las fundaciones en la Comunidad Autónoma en catorce años, ni en leyes de medidas ni en ninguna otra ley. Y ahora que estamos discutiendo esta, nos dicen: en esta no. Y yo digo: en esta no, ni en ninguna; en ninguna como... en ninguna ley de esta Comunidad hay medidas fiscales de apoyo a las fundaciones de Castilla y León, y así nos luce el pelo. Somos de las Comunidades Autónomas que tienen menos fundaciones y en las que el sector tiene menor peso. Y esto es malo para la Comunidad y con esta Ley se va a acentuar. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para el turno de dúplica, señor Hernando.

EL SEÑOR HERNANDO SANZ:

Señor Presidente. Señorías, vamos a empezar por matizar. Ustedes no hacen enmiendas a las exposiciones de motivos. Se perdió usted el punto anterior, se perdió el punto anterior donde se aprobó la Ley de Educación y Formación de Personas Adultas, suprimiendo la Formación como consecuencia de una de las enmiendas del PSOE, donde había una enmienda a la Exposición de Motivos, señor Granado, se la perdió. Y mire qué reciente es la enmienda a la Exposición de Motivos, a la que usted dice que no hacen enmiendas a la Exposición de Motivos, recientita.

Segunda cuestión, segunda cuestión, Informe del CES. Podemos jugar con el Informe del CES todo lo que usted quiera, como dice, todo lo que usted quiera; pero, al final, el Informe del CES dice qué es lo que considera en relación con la Ley.

Y se lo voy a decir: "Observaciones particulares. El texto definitivo incorpora la mayor parte de las observaciones y propuestas que se hacían desde el Consejo al primer documento provisional remitido por esa Consejería, aparece el texto del Proyecto con mejor redacción desde el punto de vista técnico, con textos que clarifican más aspectos que antes podían inducir a confusión, y en general más completo". Y sigue: "En relación a la valoración completa -en conclusiones y recomendaciones-, habiéndose comprobado, la primera, que el Anteproyecto de Ley recoge con carácter general las propuestas que se hacían desde el CES en el documento de opinión sobre el borrador preparatorio de este Anteproyecto, consecuentemente, ha de recibirse favorablemente la norma". Es decir, el CES, al margen de las cuestiones o de la lectura parcial de distintos aspectos de la misma, concluye que "ha de recibirse favorablemente la norma en la que se regula, por primera vez, a nivel autonómico las fundaciones".

Primera cuestión: sí plantean enmiendas a la Exposición de Motivos. Segunda cuestión: Informe del CES favorable al Proyecto de Ley que se presenta.

Vuelve usted a insistir en la misma argumentación. Nada nuevo ha aportado en su segunda intervención en relación a la primera que hacía. A mí, sí, por tiempo, no me dio -es verdad- rebatirle algunos de sus argumentos. Decían que se somete a nuevas autorizaciones y que, por lo tanto, eso, de alguna forma, es burocratizar. Le voy a decir las autorizaciones nuevas no contempladas en la Ley 30/94, y me diga usted en cuál de ellas no está de acuerdo en que se someta a nueva autorización. Se somete a nueva autorización -que antes no estaba en la ley estatal- la enajenación de establecimientos mercantiles industriales cuya titularidad corresponda a la fundación. Me parece que es preceptible, y que es totalmente conveniente para velar por los intereses de la fundación, que, cuando vayan a vender el patrimonio, el protectorado dé autorización. Estamos hablando, en el caso de cualquier fundación, en algo que va a suceder dos, tres veces a lo largo de su vida. Por lo tanto, no creo que eso vaya a ser algo que burocratice.

También se necesita autorización -segundo de los supuestos no contemplados en la ley estatal- cuando la realización de actividades mercantiles... cuando se realicen actividades mercantiles independientes de los fines fundacionales. Hombre, si se crea una fundación para algo, y luego se van a realizar unas actividades mercantiles que no tienen nada que ver con esos fines fundacionales, nosotros entendemos de que se debe de solicitar autorización al protectorado. Ustedes no. No sé por qué razón. No nos parece que eso sea algo que vaya en perjuicio de la fundación, sino que lo que pretende es reconducir las fundaciones a los fines para los que son creados.

Y, por último, la autorización también se necesita cuando se celebre cualquier tipo de contrato entre la fundación y alguno de los miembros del patronato del mismo hasta... o familiares, incluido hasta el tercer grado. Hasta ahora solo se necesitaba la autorización para cuando contrataba alguien que era miembro del patronato, ahora se extiende hasta el tercer grado. Entonces, por un lado, usted está viendo mal y nos está citando aquí el Artículo 22 como supuestos del cuarto grado, y, por otro lado, cuando se está estableciendo autorización para negociar con la fundación por familiares directos de miembros del Patronato hasta el tercer grado, eso a usted le parece que someterlo a autorización es algo maligno y es algo que burocratiza y paraliza la Fundación. Pues no estamos de acuerdo.

Me alegra que en la exposición que ustedes han hecho -y es verdad que usted no lo ha citado aquí, pero sí se ponía de manifiesto en la Enmienda; y nosotros tenemos que estar a lo que se dice en la Enmienda a la Totalidad-, es que criticaban que el desarrollo de esta Ley era una Ley reglamentista. Y eso, precisamente, a un Grupo de la Oposición le parece mal que una ley contenga con detalle aspectos de carácter reglamentario.

Primero. Entran en una contradicción muy clara con la Ley que aprobamos anteriormente, a la cual le acusaban de todo lo contrario: de pasar por encima, de ser meramente descriptiva y de dejar para que posteriores reglamentos aprobasen... decían ahí -entre comillas- "se cocinase" en los despachos de las Consejerías. Cuando una ley que desciende, y en mucho, a muchos de los detalles y concreta aspectos normativos, y con ello se impide la posibilidad de que a través de reglamento se modifiquen esos aspectos sustantivos ya contemplados en la Ley, también les parece mal. Es decir, les parece mal una cosa y les parece mal lo contrario. Verdaderamente, así es muy difícil que avancemos y así es muy difícil que lleguemos a acuerdos.

Yo, de verdad, lo que creo es que... y basta ver el texto de la Enmienda a la Totalidad, que, verdaderamente -y eso nos ha sorprendido-, es un texto de una Enmienda a la Totalidad de ocho líneas, de ocho líneas, pues este tema hasta ahora lo habían trabajado muy poco. Habían hecho muy poco trabajo con unas enmiendas que -como bien ha reconocido- lo único que hacen en dieciocho de ellas es suprimir los artículos y en seis remitirse a la legislación estatal. De treinta y cinco, dieciocho eran de supresión y seis se remitían a la legislación estatal.

Frente a eso, hemos visto que hay otros Grupos que sí han trabajado con detalle y con detenimiento este campo. Y esperamos, igual que con ustedes, bueno, pues que en fase de Ponencia, pues, se pueda mejorar aún más el texto normativa y llegar a acuerdos. Pero para eso de verdad que es necesario trabajar un poquito y hacer los deberes. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. (Murmullos). Concluido el debate, procedemos a someter a votación la Enmienda de Totalidad del Grupo Socialista que solicitaba la devolución del Proyecto a la Junta. ¿Votos a favor de la Enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y seis. Veinticinco a favor y cuarenta y uno en contra. Queda, por lo tanto, rechazada esta Enmienda de Totalidad. Y el Proyecto de Ley de Fundaciones será remitido a la Comisión de Presidencia de esta Cámara para que prosiga su tramitación reglamentaria.

Señor Secretario, le ruego dé lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Decimosexto punto del Orden del Día: "Debate de Totalidad del Proyecto de Ley por el que se reconoce como Universidad Privada a la Universidad Europea Miguel de Cervantes, con sede en Valladolid".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para presentar el Proyecto de Ley, en nombre de la Junta, el Vicepresidente y Consejero de Cultura y de Educación tiene la palabra.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ):

Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. La Constitución Española en el Artículo 27 reconoce la libertad de enseñanza, así como la libertad de las personas físicas y jurídicas para crear centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales.

Como desarrollo de estos principios, la Ley Orgánica de Reforma Universitaria estableció en su Título VIII las disposiciones básicas para la creación de Universidades Privadas, habilitando a las Comunidades Autónomas para reconocer a estas instituciones mediante ley de sus Asambleas Legislativas.

He de reconocer a Sus Señorías que, aunque la LRU ha sido derogada por la Ley Orgánica 6/2001, de veintiuno de diciembre, de Universidades, la solicitud de reconocimiento de esta Universidad se presentó cuando estaba vigente la Ley del ochenta y tres. Y, por tanto, es ésta disposición normativa la que debe de ser aplicada en la creación de esta institución.

Asimismo, es de aplicación el Real Decreto 557/91, de doce de abril, por el que se fijan los requisitos mínimos generales para la creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios.

En el ámbito de Castilla y León, la Ley de Coordinación Universitaria establece, igualmente, el régimen jurídico y los criterios generales para la creación de universidades, centros y estudios universitarios, respetando la legislación básica establecida en las normas estatales. Sus Señorías también conocen que hemos asumido el compromiso de adaptar esta Ley a los requisitos de la Ley Orgánica de Universidades en esta misma Legislatura.

Conforme a estas disposiciones normativas, la Junta de Castilla y León, en su reunión del diecinueve de julio del pasado año, aprobó el Proyecto de Ley por el que se reconoce como Universidad Privada a la Universidad Europea Miguel de Cervantes, con sede en Valladolid, y promovida por la sociedad Centro de Difusión Sociocultural, Sociedad Anónima.

En el expediente administrativo ha quedado acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa anteriormente expuesta referidos a los siguientes aspectos.

Por lo que se refiere a la estructura docente, la nueva Universidad impartirá nueve títulos oficiales con el siguiente calendario de implantación: en el primer año, licenciatura en Periodismo, Arquitectura Técnica, Ingeniero Agrónomo, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, licenciatura en Ciencias Ambientales; en el segundo año, licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas; en el tercer año, licenciatura en Comunicación Audiovisual; y en el cuarto año, diplomatura en Ciencias Empresariales; y en el quinto, licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Deporte.

En cuanto a la estructura investigadora, junto a los departamentos se crearán dos institutos de investigación: uno dedicado a la incorporación a la enseñanza de las nuevas tecnologías, y otro al análisis de los recursos humanos, económicos, industriales y medioambientales. Contará también con una oficina de transferencia de resultados de investigación, que fomentará la colaboración entre los diferentes grupos de investigación, así como de éstos con el mundo empresarial para poder elaborar proyectos de investigación y desarrollo. Las líneas de investigación incidirán sobre tres áreas: tecnología, información y empresa.

Por lo que se refiere al profesorado, se cumplen los requisitos establecidos en el Real Decreto al que he hecho referencia anteriormente, referidos a la ratio profesor/alumnos y a la titulación de los profesores para cada una de las enseñanzas que se van a impartir. Se garantiza un número suficiente de personal de administración y servicios para el cumplimiento de las funciones que asumen. Se cumplen, igualmente, las prescripciones en cuanto a los espacios docentes e investigadores, instalaciones y servicios comunes.

Además de estos requisitos comunes aplicables a las Universidades, tanto públicas como privadas, se han acreditado las exigencias específicas y exclusivas de las Universidades Privadas, que, en concreto, son las siguientes:

En primer lugar, asegurar que las normas de organización y funcionamiento garanticen los principios constitucionales, la libertad académica, de cátedra, de investigación y de estudio, así como la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria en los órganos de gobierno.

En segundo lugar, formalizar el compromiso de mantener su actividad al menos durante el periodo de tiempo necesario para que los alumnos que inicien sus estudios en la nueva Universidad puedan finalizarlos.

En tercer lugar, aportar los estudios económicos que garanticen la viabilidad financiera del proyecto, incluyéndose entre otras partidas las que aseguran el desarrollo de la investigación y un porcentaje destinado a becas y ayudas al estudio, teniendo en cuenta el expediente académico de los alumnos y en condiciones... y sus condiciones socioeconómicas.

En cuarto lugar, aportan las garantías financieras que aseguren la financiación económica.

El Artículo 3 del Proyecto de Ley establece el procedimiento de autorización para la puesta en funcionamiento de la Universidad, que se realizará por Decreto de la Junta de Castilla y León, si este Proyecto de Ley que hoy que presentamos recibe la aprobación de esta Cámara.

La autorización de puesta en funcionamiento se producirá previa comprobación de que se han cumplido los compromisos adquiridos por la entidad titular y han sido homologados los títulos que se van a impartir por la Administración General del Estado.

Igualmente, se determina en el Artículo 6 el régimen de inspección y control de la Universidad, que corresponderá a la Consejería de Educación y Cultura. En esta fase ya se aplicará lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades, no sólo en esta Universidad, sino también en el resto de las Universidades Públicas y Privadas de la Comunidad Autónoma.

La Universidad Europea Miguel de Cervantes elaborará anualmente una memoria de sus actividades, que deberá poner a disposición de la Consejería para el desempeño de sus funciones de inspección. Esta Universidad ampliará la oferta de enseñanzas universitarias en nuestra Comunidad, contribuirá al desarrollo del sistema universitario de Castilla y León, y hará que éste sea cada vez más competitivo.

Por todo lo expuesto, Señorías, espero que este Proyecto de Ley reciba la aprobación de esta Cámara.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, señor Consejero. Se han presentado dos Enmiendas a la Totalidad a este Proyecto de Ley, por parte del Grupo Socialista y por parte del Grupo Mixto, a instancias de los Procuradores don Antonio Herreros y don Juan Carlos Rad Moradillo. Para la defensa de la primera de las Enmiendas a la Totalidad, por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra don Cipriano González.

EL SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ:

Buenas tardes, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Consejero, por la presentación de la... de este Proyecto de Ley. Y este Grupo quiere hacer una reflexión previa y a la que espera no haga falta volver a ella, porque se pueda malinterpretar.

El Grupo Socialista está a favor de que se puedan crear Universidades Públicas por parte de quien corresponda con arreglo a los... a las directrices que salen de las leyes. Creo que se podrá decir más alto, pero no se puede decir más claro.

Por lo tanto, nuestra... nuestra Enmienda de Totalidad no tiene nada que ver con el argumento de que estamos en contra de la creación de Universidades Privadas. Si hay que volverlo a explicar, lo volveremos a explicar, pero espero que el Grupo Mayoritario en estas Cortes no intente, ¿eh?, tergiversar nuestras palabras.

Vamos, entonces, a explicar aquí cuáles son los motivos que a este Grupo le llevan a presentar una Enmienda de Totalidad.

Me gustaría que el señor Consejero pudiera justificar de dónde obtiene la información que aquí nos ha dado respecto a las características que tiene la Universidad... el Proyecto de Ley de la Universidad que hoy iniciamos el debate. Y digo esto porque... y no quiero utilizar el argumento que otro Enmendante ha hecho en su Exposición de Motivos, y que, por lo tanto, dejo a él que sea quien lo utilice, si así lo estima conveniente. Pero, desde luego, le puedo anticipar, señor Consejero, que de la lectura pormenorizada de este documento, que es el documento que se acompaña a la Ley, y que lo firma y lo elabora en la Secretaría de Estado de Educación y Universidades dentro del Consejo de Universidades, en ningún caso, señor Consejero, se puede deducir las cuestiones que usted ha planteado. Y repito, si hay que volverlo a leer, en mi segundo turno lo leeré. Tengo perfectamente identificados cuáles son las dudas... identificadas cuáles son las dudas que a este Consejo le sugiere lo que... la documentación presentada. Y, por lo tanto, no creo, salvo que usted tenga alguna información que el resto de los Grupos, o al menos este Grupo, no tiene, se puede derivar de lo que usted ha dicho.

Pero, además, es curioso, porque yo tengo una cierta esperanza de ver qué dice el Portavoz del Grupo Popular ante esta... ante este debate; porque si bien esta mañana el Portavoz del Grupo Popular, haciendo un uso abusivo manifiesto de un informe de una institución, como era el Consejo Escolar de la Junta de Castilla y León, para justificar que habida cuenta estaba siendo avalada... avalado el Proyecto de Ley porque el Consejo le había dado un informe favorable, vamos a ver, vamos a ver qué argumento tiene hoy el señor Portavoz, cuando el informe que presenta el Consejo de Universidades justamente deja en entredicho el que los elementos que conforman esta Universidad sean lo suficientemente seguros y lo suficientemente eficaces como para garantizar el que lo que se dice que se va a hacer sea posible hacerlo con los datos. Y repito que no quiero entrar en ese asunto.

Pero voy a entrar en dos elementos que son los que a este Grupo, fundamentalmente, le han obligado a presentar esta Enmienda de Totalidad.

Nosotros entendemos que el objetivo principal de cualquier Gobierno y, por supuesto, del Grupo de la Oposición, es... -por lo menos del Grupo Socialista o de la Oposición- es defender a la Universidad Pública. Nos parece esencial que el primer objetivo en defensa de la Universidad tiene que ser, tiene que ser la defensa de una Universidad Pública, de calidad, que permita que todos los alumnos de esta Comunidad que reúnan los requisitos que la legalidad les ampara puedan y deban hacer los estudios pertinentes.

Pues bien, Señorías, estamos ante una situación que es novedosa. En el año... en el año noventa y seis, el Decreto... el Consejo Interuniversitario de... de esta Comunidad presenta y aprueba un... el plan... el mapa de titulaciones. Son una serie de titulaciones que, para un período de diez años, ponen en marcha para que las Universidades puedan ir paulatinamente implantándolo. Diez años, ¿eh?, teniendo en cuenta que estamos hablando del año noventa y seis, y que el año noventa y seis tenía una serie de circunstancias especiales: no había Distrito Único, no estaban... había una demanda importante en la mayoría de las... de las Universidades y de las Facultades para cursar en ellas sus estudios; en definitiva, teníamos unas condiciones sociales, económicas, en cuanto a número de alumnos, determinadas, que hacían que en aquellos momentos determinadas especialidades o determinadas carreras debían de ser puestas previas a otras.

Han pasado diez... han pasado seis años. En este momento aparece una nueva Universidad Privada; y resulta que esta Universidad Privada solicita una serie de titulaciones que, previsiblemente... a juicio de los promotores, las que estima que tienen que ser más rentables para esa Universidad. Es razonable, no va a presentar aquí un proyecto para hacer especialidades que le cuesten dinero.

Pero nosotros decimos: ¿no sería más razonable que, a la luz de todos estos datos novedosos que hemos visto, las... cómo ha ido evolucionando la población universitaria, cómo han ido evolucionando la población que se matricula en determinadas carreteras y en determinadas especialidades; a la luz de lo importante que es para el conjunto de esta Comunidad, para el conjunto de esta Comunidad, los cuatro campus universitarios con todas y cada una de sus... de sus municipios, todos y cada uno de sus municipios que tienen un... que forman parte de ese distrito universitario? Pues bien, mucho nos tememos que, si ahora se abriera ese mapa de titulaciones, sería perfectamente posible que determinadas Universidades pudieran solicitar determinadas titulaciones que ha solicitado también la Universidad Privada Miguel de Cervantes.

¿Y qué es lo que creemos nosotros que tendría que hacer un Gobierno que se preocupe de la Universidad Pública? Pues lo primero que tendría que hacer es plantearse la apertura del mapa de titulaciones, dar opción a que las distintas Universidades Públicas de esta Comunidad puedan revisar sus mapas de titulaciones, puedan planificar los próximos años de cara a las titulaciones que demanda la sociedad; y una vez que ese proceso se haya realizado, es -pensamos nosotros- el momento para que cualquier otra Universidad, en el legítimo derecho que le corresponde a sus promotores, y con el respeto máximo a las leyes, pueda solicitar la creación de esa Universidad.

O sea que, Señorías, nosotros tenemos una... un interés especial en que, previamente a la aprobación, a la aprobación de esta Universidad Privada, pudiéramos, pudiéramos por favor -y se lo pedimos encarecidamente al Grupo Popular- revisar el mapa de titulaciones, dar opción a que la Universidad Pública de esta Comunidad determine cuáles son esas... esas titulaciones que desea, y después dejemos que la iniciativa privada entre en legítima competencia con la pública.

Porque se podría dar alguna circunstancia que yo no quisiera hoy aquí dejar de reseñar. Podría suceder que algunos de los campus que en este momento están funcionando, como consecuencia de estas expectativas que se abren ahora, pudieran sufrir algún tipo de situación de crisis; y nosotros creemos que no sería de justicia por lo menos no darle antes la oportunidad de que se reflexione conjuntamente sobre esto.

Este Grupo tiene pedida por activa y por pasiva en estas Cortes la presencia, no solo de los Rectores, sino también de los Presidentes de los Consejos Sociales. Nos hubiera gustado que hubiéramos podido discutir aquí sobre esto, que lo hubiéramos podido hablar en la Comisión de Educación, que hubiéramos podido escuchar los representantes políticos de estas Cortes... hubiéramos podido escuchar la opinión de los Rectores. Algunos lo han manifestado en algún momento; otros no lo han manifestado de una forma expresa, pero sí lo manifiestan en privado; y algunos no sabemos cuál es su posición. Pero nos parece razonable que, previo a cualquier modificación sustancial de la estructura universitaria de nuestra Comunidad, debería, debería de tenerse en cuenta a la Universidad Pública.

Y luego, en segundo lugar, una situación sobrevenida, una situación sobrevenida, que no es ni más ni menos que la derogación de la LRU y su sustitución por la LOU, la Ley del Partido Popular. Y esto, que también les permitiría a ustedes ser pioneros -van a perder ustedes una oportunidad magnífica de ser pioneros-, que sería poder poner en marcha una Universidad Privada acorde con la... con la Ley que ustedes han aprobado en el... en el Consejo de Ministros y en las Cortes Generales, pues no... como esta Ley está presentada el... este Proyecto de Ley está presentado el veintitrés de julio del año dos mil uno, nos encontramos que, en este momento, la ley en la que se basa esta... este Proyecto está ya derogada; y tendríamos que volver a poner el planteamiento de una ley que no está recogida en ningún párrafo del Proyecto de Ley, porque, obviamente, cuando el Proyecto se presenta no está todavía vigente, y que tendremos que buscar algún apaño administrativo para poder cambiar lo que dicen las... el texto, para poder sustituir donde dice "LRU" por... poner la "LOU", con todo lo que eso puede significar en algunos aspectos, que, dependiendo de cuál sea la posición del Grupo Popular, haremos o daremos lectura en nuestro segundo turno.

Por lo tanto, señor Consejero, le agradecería que nos aclarase -si no usted, su Portavoz- algo que ha dicho usted respecto a la adaptación a la LOU. Ha dicho usted que vamos a intentar adaptarla a la LOU, y es que no sé... no le he entendido muy bien -y he estado muy atento durante su intervención- qué ha querido usted decir, si lo que vamos a adaptar a la LOU es este Proyecto de Ley, o si lo que adaptamos a la LOU es, después que esté aprobado este Proyecto de Ley, la próxima ley tendremos, en virtud, en virtud de lo que dice la propia LOU de los meses y de los plazos que tenemos para adaptar las Universidades Privadas.

Pero a nosotros nos parece que eso sería una chapuza jurídica y legislativa -repito-, una auténtica chapuza. ¿Por qué? Porque si podemos hacer razonablemente el proceso devolviendo al Gobierno el texto, que se basa en la LRU, para poderlo adaptar y traerlo aquí con... en base... o basándonos en lo que dice la nueva Ley que ya está vigente, tendría... tendría bemoles -con perdón por la expresión- que aprobásemos una ley hoy aquí que tuviéramos que, una vez... una vez aprobada, lo primero que tendríamos que hacer sería cambiarla. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Tiene la palabra, para defender su Enmienda a la Totalidad, por parte del Grupo Mixto, ¿don Antonio Herreros?, ¿don Carlos Rad? ¿Van a compartir el turno? Entonces, tienen la mitad cada uno.

EL SEÑOR RAD MORADILLO:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Se nos trae aquí un proyecto de ley de creación de una nueva Universidad Privada, una nueva Universidad que se sumará a las existentes en Castilla y León -esas tres Universidades Privadas que tenemos en Castilla y León-, que se sumará, a su vez, a esas cuatro Universidades Públicas, que afectará de forma global a un conjunto universitario, en Castilla y León, bastante numeroso -cercano a los cien mil alumnos-, que se inscribirá dentro, aportando nuevas titulaciones, en unos casos, o por lo menos titulaciones que ya se ofertan en otros, a una amplia relación; porque la totalidad de las titulaciones que tenemos hoy en Castilla y León, prácticamente, recogen todo el espectro casi posible de estudios del panorama nacional.

Todo ello en un momento en el que la Universidad Pública tiene... pública de Castilla y León tiene un panorama regresivo. No hay que olvidar -y era un informe que aparecía en días anteriores- que en los últimos tres años, aproximadamente, las Universidades han perdido en torno... -las Universidades de Castilla y León- en torno a siete mil alumnos. Una regresión que está provocada, principalmente, por la natalidad, una natalidad en disminución, que ahora llega al mundo universitario; una disminución que puede ir a más, en virtud de la entrada de ese Distrito Único y la apertura, por tanto, a la libre competencia de nuestras Universidades; y una realidad que puede ser empeorada por medidas concretas, como esta, ante las que desde Tierra Comunera expresamos nuestro total rechazo y oposición, como atestigua esta Enmienda a la Totalidad.

Se trae aquí un Proyecto de Ley, a pesar de la existencia de informes desfavorables, a pesar de la existencia de reiterados informes desfavorables; informes como el de la Subcomisión de Alumnado y Centros, de la Dirección General de Universidades -de febrero del dos mil-, informe también negativo del Consejo de Universidades en su reunión de diciembre del dos mil y... informes, en definitiva, que manifiestan notables deficiencias, tanto en la documentación presentada como en la necesidad real de realizar una nueva titulación o... perdón, una nueva creación de una Universidad Pública.

Entre los argumentos para su creación se exponen el que muchos estudiantes de Valladolid, y también de Castilla y León, deben ir fuera de nuestra Comunidad o fuera de esta ciudad para realizar sus estudios universitarios, cosa que nosotros nos permitimos dudar, entendiendo que si muchos universitarios salen de esta Comunidad o de esta ciudad -la ciudad de Valladolid- muchas veces es por deseo propio, más que por una necesidad real de... de inexistencia de titulaciones suficientes.

También se ofrece como argumentación el que muchos universitarios no pueden cursar la titulación que ellos desearían realizar; cosa que creo que en el panorama conjunto de todas las Universidades Públicas de Castilla y León es radicalmente falso, y máxime en un momento en el que determinadas titulaciones que siempre han tenido números clausus, que siempre han tenido fuertes limitaciones para su entrada, pues en virtud de esa caída de la natalidad, hoy encuentran un panorama completamente diferente.

Desde luego, yo lo que sí que me plantearía es cuántos alumnos quieren introducir en la Enseñanza Superior, aparte de los que ya irían a nuestras Universidades Públicas, en una Universidad con un elevado coste de matrícula; una Universidad con un coste de matrícula cercano a las 700.000 pesetas/año. Yo creo que si lo que se intenta es que mayor número de alumnos accedan a la Enseñanza Superior, no podemos ir a que sean, precisamente, los alumnos que tienen prácticamente garantizado, por cuestiones económicas, el acceso a una Universidad.

Y, desde luego, si nosotros intentamos acercar o actualizar la demanda... la oferta de titulaciones a la demanda social existente, nos preguntamos por qué el grueso de las titulaciones que aquí se ofertan son, precisamente, de las enseñanzas que más extendidas o de donde existe una mayor oferta en nuestra Comunidad Autónoma.

Desde luego, el Informe del Consejo de Universidades de diciembre del dos mil para nosotros es bastante determinante. Desde luego, es un Informe que deja en manos de la Comunidad Autónoma la creación de esta Universidad, pero que la desaconseja. Por lo menos, el Informe lo podemos entender como claramente desfavorable.

Por lo tanto, este proyecto de Universidad es el proyecto de Universidad fruto de una decisión política, una decisión política del Partido Popular que, desde luego, no vamos, ni consentimos hoy, ni vamos a consentir el desarrollo de este Proyecto de Ley.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para compartir el turno, tiene la palabra don Antonio Herreros.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías, en primer lugar, decir que Izquierda Unida es absolutamente respetuosa con la legislación, aunque en absoluto comparte los criterios de privatización, que no han traído hasta el momento presente ningún tipo de beneficio o mejora sustancial en la mayor parte de los ámbitos en los que se ha desarrollado esa privatización; y cada vez es más amplia.

Y quiero partir de esa premisa por una razón: porque parece ser que quienes respetamos la legislación en este caso somos nosotros, y, salvo que haya alguna otra información que, desde luego, este Procurador desconoce, el Procurador que me ha precedido en el uso de la palabra también desconoce, y el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista también desconoce, pues, quien no cumple la legislación que en estos momentos existe para esta posible aprobación del Proyecto de Ley por el que se reconoce como Universidad Privada la Universidad Europea Miguel de Cervantes, con sede en Valladolid, es, precisamente, la propia Administración.

Yo lo digo porque mencionaba el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista -yo creo que hay que hacer alusión clara a él-, precisamente, ese informe del Consejo de Universidades en el que, como conclusión dice: "las referidas deficiencias impiden la emisión de un informe favorable, debiendo ser la Comunidad Autónoma quien valore la posibilidad de subsanación de las deficiencias expresadas". Y, una a una, recogidas las razones en que se fundamenta, bueno, pues, aunque algunas parece ser que han sido corregidas... ayer nos pasaban a última hora una información, no sé quién, pero nos daban algunos informes que significaban unos estatutos provisionales y un documento, bueno, pues, que será verdad, yo no lo voy a poner en cuestión, pero no son formas, en absoluto, para adjuntar a un informe que, lógicamente, debe de ser de conocimiento de la Cámara para que la Cámara se pronuncie, puesto que es la Cámara la que tiene que decir, en definitiva, si es aceptable o no aceptable esta cuestión.

Y este informe nos dice que, bueno, pues, la personalidad jurídica de los promotores todavía no ha sido acreditada, y es una de las condiciones que pone el Real Decreto 5/57, de mil novecientos noventa y uno. Tampoco se aporta escritura de la constitución de la sociedad limitada, ni de la relativa a la transformación de la misma en sociedad anónima, si es que fuese necesario.

Este informe nos dice que el Consejo de Universidades no ha podido conocer la justificación de la creación de Universidades en virtud de lo que el propio Decreto -o Real Decreto- exige, que son una motivación en virtud de las carencias que haya de la Universidad en general en la Comunidad Autónoma, o de las demandas explícitas que se produzcan por parte del alumnado. Y hace determinación, o hace un análisis, un estudio, concluyendo que en la práctica no se producen o no concuerdan esos elementos a la hora de poder apoyar esas enseñanzas privadas derivadas de la población escolar.

Hay un tercer punto en el que las normas de organización y funcionamiento no existían -parece ser que ahora pueden existir-, aunque la propia legislación demanda que no sean documentos provisionales, sino que tomen carácter de compromiso explícito, y, lógicamente, en varias de las estructuras -desde la composición, designación, funciones- de la propia organización universitaria.

Hay otro de los puntos en el que se hace referencia a la plantilla del profesorado, y es mejor que no se quieran acoger a la Ley Orgánica -recientemente aprobada- de Universidades, porque reduce, precisamente, las demandas al 25%, cuando la Ley de Reforma Universitaria plantea la exigencia de un 50% de doctores.

Y así sucesivamente en relación con edificios e instalaciones, con superficies habilitables o habilitadas para que pueda materializarse la función específica.

Por tanto, esto lo hace bastante difícil de una aprobación en sí. Yo he podido acceder -y me imagino que todo el mundo ha accedido también- a otros informes, concretamente el informe jurídico, que son de esos informes que a uno le llaman la atención cuando empieza a leer, porque dice: "Se ha recibido en esta Asesoría Jurídica General solicitud de informe en relación con el Anteproyecto de Ley por el que se reconoce como Universidad Privada la Universidad Europea Miguel de Cervantes. El presente informe se limita a examinar la legalidad del texto remitido, no comprendiendo el expediente de tramitación al desconocerse las actuaciones seguidas". Es decir, que a la misma Asesoría Jurídica la han soslayado la información y, de este modo, tan solo emite opinión en virtud de lo que es el Anteproyecto de Ley, pero no del expediente en todo su contenido, que, lógicamente, debería de obrar a efectos de mayor clarificación en estas Cortes, en la Asesoría Jurídica, en el Consejo de Universidades y, lógicamente, también en la propia Consejería.

Por tanto, creemos que deberían de rectificar, porque sería lo más lógico y no generaría incertidumbres de ningún género ni para ahora ni para el futuro.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para ocupar un turno en contra, tiene la palabra don Raúl de la Hoz.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Pues muchas gracias, Presidente. Y para expresar nuestra oposición a las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto y Grupo Socialista. Una exposición que va realizar este Procurador que, visto el contenido de las intervenciones anteriores, va a tratar de ser didáctica, porque, sinceramente -y lo digo desde la más absoluta humildad-, he observado un absoluto desconocimiento del procedimiento de reconocimiento, procedimiento administrativo de reconocimiento de una Universidad Privada y, además, del funcionamiento y del ámbito interuniversitario, y del funcionamiento, igualmente, del Consejo Interuniversitario y del mapa de titulaciones. Voy a ir explicando o desgranando las cuestiones -repito- tratando de ser didáctico.

En primer lugar, hay una norma, que se llama Constitución Española, que reconoce la libertad empresarial y la libertad de enseñanza, algo a lo cual todos en esta Cámara estamos absolutamente obligados a respetar. La libertad de enseñanza se plasma en el concreto reconocimiento de Universidades de carácter privado en el cumplimiento de una serie de requisitos, una serie de requisitos que establece el Artículo 58 de la antigua LRU y que plasma en idéntica forma el Artículo 4 de la LOU, requisitos que se desarrollan a través del Real Decreto 557/91.

El procedimiento para el reconocimiento de una Universidad Privada se inicia a instancia de la Universidad Privada. Es decir, no hay ningún empeño político, ni ninguna decisión política, ni ningún proyecto político del Partido Popular ni del Gobierno -como se ha indicado aquí- para que la Universidad Privada, en este caso la Miguel de Cervantes, sea reconocida como tal.

El procedimiento comienza presentando la documentación necesaria; se remite al Consejo Interuniversitario, que es el que decide sobre las titulaciones solicitadas; se remite después al consejo... al Consejo de Universidades, que emite un informe; y el Consejo de Universidades puede emitir tres tipos de informes: informe favorable, informe desfavorable e informe no favorable. En este caso -y como se ha dicho-, el informe, efectivamente, era no favorable -y ahora entraremos a las deficiencias que se encontraron y que se han subsanado- y decía y remitía a la Comunidad Autónoma a... para que valore la posibilidad de subsanación de las deficiencias expresadas, como ha sido expresado aquí por los Procuradores que me han precedido en el uso de la palabra. Y posteriormente se emite -y consta en la documentación incorporada- un informe jurídico de la Asesoría Jurídica General de la Junta de Castilla y León en la cual se dice que, "una vez subsanadas las observaciones formuladas, y siendo conforme a los artículos citados, al Anteproyecto de Ley remitido no se formula objeción alguna de legalidad".

Y respecto a una cuestión que ha dicho algún Procurador aquí, el expediente... que dice "el presente Informe se limita a examinar la legalidad", un informe jurídico suele limitarse a examinar la legalidad. Y en este caso también consiste en examinar la legalidad, es decir, en examinar si se recogen o se reconocen o se ajustan todos los requisitos establecidos a lo que establece ese Real Decreto 557 al que he hecho referencia antes.

Pero es que... y por entrar ya en algunas cuestiones concretas, vamos a ver, por principios procedimentales administrativos, un expediente administrativo que se inicia estando en vigor la LRU, la LRU tendrá aplicación transitoria en tanto en cuanto se termine el expediente de reconocimiento. Y no confundamos reconocimiento de una Universidad Privada con funcionamiento de una Universidad Privada, que no tiene nada que ver.

Entonces, primera cuestión: en tanto en cuanto no termine el procedimiento para reconocer a la Universidad Privada Miguel de Cervantes como Universidad Privada, se aplicará la LRU. Primera cuestión, primera cuestión. Y no por decisión política de la Junta, sino porque la solicitud de reconocimiento fue presentada estando en vigor la LRU. Y esto es un principio procedimental administrativo en el cual nosotros, y menos ahora, vamos a discutir. Primera cuestión.

Pero es que la siguiente cuestión -y hay que leerse la LOU, hay que leerse la LOU-, leamos el Artículo 58 de la LRU, comparémoslo con el Artículo 4 de la LOU y nos encontraremos con que, además, son idénticos. Es decir, las nuevas... lo único nuevo que aporta la LOU respecto al reconocimiento de Universidades Privadas se refiere nada más y nada menos que a que los promotores no deben de tener antecedentes penales. Es lo único de nuevo que se aporta. Y es más, además, le digo que la Junta de Castilla y León solicitó el informe de penales a los promotores, con lo cual, requisito también cumplido, que no era necesario.

Y luego otra cosa distinta es el funcionamiento. Y, por supuesto, la Universidad Privada Miguel de Cervantes tendrá, como todas las Universidades Públicas y Privadas de esta Comunidad Autónoma y todas las de España, que adaptarse a la LOU. Eso es absolutamente claro. Pero es que una cosa es el funcionamiento y otra cosa es el reconocimiento. El reconocimiento está cumplido cuando se cumplen los requisitos del 557; el funcionamiento, lógicamente, se adaptará a la LOU.

Pero es que no es decir "es que el Consejo Social no se adapta a la LOU". Primero, el Consejo Social no tiene por qué adaptarse a la LOU porque no tiene nada que ver con el reconocimiento. Y en segundo, y para agravar más la situación, las Universidades Privadas no tienen Consejo Social, para rematar la cuestión; no tienen Consejo Social.

"La selección del profesorado habrá de hacerse conforme a la LOU". Claro, claro, igual que la Universidad de Valladolid, conforme a la LOU. ¿Pero es que alguien ha dicho: "párese la Universidad de Valladolid en tanto en cuanto se modifiquen sus estatutos"? No. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Por lo tanto, tengamos muy claro cuáles son las cuestiones que matizan la cuestión.

Y aquí lo que se ha venido a hacer es ponerse la venda antes que la herida, y decir: yo no estoy en contra de las Universidades Privadas, pero estoy en contra de esta Universidad Privada. Hombre, vamos a ver, una... proyecto de ley que dice Proyecto de Ley de Reconocimiento de la Universidad Privada Miguel de Cervantes, desde luego, votar en contra es votar en contra de esta Universidad Privada. Y yo espero -y se lo voy a reiterar cuantas veces haga falta- que los Procuradores socialistas digan públicamente que votan en contra, y que van a votar en contra, y que han votado en contra -lo dirán en el futuro- de un Proyecto de Ley que crea una Universidad Privada en Valladolid.

Una Universidad Privada que -quiero decir- es una empresa que crea empleo en Valladolid, quinientos puestos de trabajo directos y ciento noventa puestos de trabajo indirectos; que crea un campus de quince mil metros cuadrados en Valladolid; y que supone una inversión de capital íntegramente castellano y leonés de 600.000.000 de euros. Entonces, aquellos que se echan las manos a la cabeza cuando cierran una empresa, que tengan muy claro que esto es una empresa también, y que, desde luego, el Grupo Popular está muy orgulloso, muy orgulloso de que un grupo de empresarios de Castilla y León haya decidido apostar por la cultura, haya decidido apostar por la educación y haya decidido crear e invertir en educación en Valladolid. Eso, desde luego, nos enorgullece; nos enorgullece como vallisoletanos, nos enorgullece como castellanos y leoneses. Y no somos nosotros los que nos echamos las manos a la cabeza cuando cierra una empresa y decimos: ¿qué está haciendo la Junta? Pues, desde luego, la Junta, garantizando el... la libertad de empresa y la libertad de enseñanza, está, lógicamente, muy agradecida a que un grupo de empresarios haya decidido instalar un foco de cultura, un foco económico en nuestra ciudad.

Respecto del cumplimiento de los requisitos, y -repito- remitiéndome al informe... al Informe de la Asesoría Jurídica General, que dice que están ampliamente cumplidos, y como parece ser que no ha quedado acreditado, yo voy a ir uno por uno exponiendo cómo se han acreditado cada una de las deficiencias encontradas por el Consejo de Universidades. En cuanto a la personalidad jurídica, se ha aportado o se ha presentado escritura pública de los acuerdos sociales relativos a la transformación de la sociedad limitada en sociedad anónima.

Respecto a las normas de organización y funcionamiento, la sociedad promotora ha presentado un proyecto de estatutos en el que aparecen las referidas normas. En cuanto a la plantilla del profesorado, la sociedad promotora acredita: "el número total de doctores constituye un porcentaje no inferior al 50% de la plantilla", superando previsiones, superando previsiones de la propia LRU, que era la que habría de aplicarse.

En cuanto a los criterios de elección de profesorado, en las previsiones estatutarias se señala que los profesores serán seleccionados teniendo en cuenta los criterios de valoración. Y en cuanto a la habilitación de edificios se cumplen los requisitos del 557.

Este es el informe, que, efectivamente, no está contenido, pero es el que provoca... es el que provoca un informe favorable de la Asesoría Jurídica General. Si ustedes dudan, dudan, de que la Asesoría Jurídica General haga un informe favorable, están ustedes insinuando un ilícito penal por parte del señor firmante, jefe de la Asesoría Jurídica General, de Ignacio Sáez Fidalgo. Si ustedes tienen dudas de que este señor actúa de forma ilegítima y fuera de la legalidad, eso no es una cuestión que haya de tratarse en este Parlamento. Desde luego, aquí hay que ser absolutamente serios con esto, hay que ser absolutamente serios con esto, y tener en cuenta las cosas.

Pero vayamos a otra cuestión: mapa de titulaciones. Le voy a explicar lo que es el mapa de titulaciones, porque no lo entiende; no lo entiende en absoluto. Vamos a ver, el mapa de titulaciones se aprobó en el año mil novecientos noventa y seis, vigencia de diez años: mil novecientos noventa y seis-dos mil seis. Es decir, es un documento pactado en el ámbito del Consejo Interuniversitario en el que se dice qué titulaciones se van a poner, en qué plazos, con qué coste económico, qué viabilidad económica y qué régimen económico van a tener. Y es un régimen que es aplicable a las Universidades de Castilla y León. Y llega el Partido Socialista y dice: hay que modificarlo, hay que modificar el mapa de titulaciones, hay que revisar el mapa de titulaciones, hay que revisar el mapa de titulaciones. Pero es que, casualmente, los Rectores nunca han dicho que haya que modificar ese mapa de titulaciones, nunca han dicho que haya de modificarse el mapa de titulaciones en la Comunidad Autónoma. Pero llega el adalid de la educación en Castilla y León, el Partido Socialista, y dice: hay que modificarlo; aunque no lo digan los Rectores, pero es igual. Aunque las Universidades no quieran modificarlo, es igual, hay que modificarlo.

Mire, no; vamos a ver, no. Las cosas... hay que ser muy serios para esto, hay que ser sobradamente serios para esto. Le voy a poner un caso concreto: ¿sabe usted de una de las titulaciones que aparecen aquí, la de Periodismo, que parece ser que ha suscitado mayores dudas entre algunos, entre algunos sectores... nunca públicamente, porque el Rector de Valladolid nunca ha manifestado, nunca ha manifestado, en el ámbito del Consejo Interuniversitario, que es donde habría que decirlo, que quiere tener Periodismo en Valladolid; nunca lo ha manifestado. Pero sí que se manifestó una vez, por la Universidad de Valladolid, su deseo de que se implantase en la Universidad de Valladolid la titulación de Periodismo -corría el año noventa y dos, corría el año noventa y dos-, el Ministro se llamaba Pertierra, Suárez Pertierra -me parece-, y dijo que no, que -directamente- eso no se ponía porque era muy caro. A los dos meses, en la Universidad Pontificia de Salamanca se autorizaba por parte del Ministerio la enseñanza de Periodismo. Eso es... eso es la forma de actuar.

Pero es que ahora ha cambiado eso, ahora ha cambiado. Y ahora resulta que el mapa de titulaciones es un mapa abierto, es un mapa abierto. Y aquella Universidad que quiera incluir la nueva titulación, lo puede hacer, como lo ha hecho. Y le voy a poner ejemplos concretos además.

Vamos a ver, en primer lugar, se pueden añadir nuevas titulaciones, y le voy a poner ejemplos concretos. Es decir, vea usted el mapa de titulaciones del año mil novecientos noventa y seis y verá cómo Ciencias del Trabajo, Universidad de Valladolid y Universidad de León no estaban contempladas. Sin embargo, hoy la Universidad de Valladolid y la Universidad de León tienen la titulación de Ciencias del Trabajo. ¿Por qué? Porque lo solicitaron. ¿Y por qué? Porque en el ámbito del Consejo... Por favor, le ruego... le ruego que se tranquilice, ya tendrá tiempo de hablar después.

La cuestión, le digo, le digo simplemente: Ciencias del Trabajo está en la Universidad de Valladolid, está en la Universidad de León, y no estaba en el mapa de titulaciones. Seguimos. Pero es que se pueden cambiar también unas titulaciones por otras, y le pongo ejemplos concretos: Criminología, en Salamanca, se va a poner; no estaba en el mapa de titulaciones. La Universidad de Salamanca, en el ámbito del Consejo Interuniversitario, ha dicho: queremos que nuestra Universidad tenga la titulación de Criminología, un... titulación de Criminología. Seguimos: Ingeniero Geólogo... en Geología, Universidad de Salamanca y Universidad de León, dos Universidades que han querido; y no estaba en el mapa de titulaciones que su Universidad imparta esa titulación.

Eso es el mapa de titulaciones, eso es el mapa de titulaciones: un mapa abierto, un mapa flexible, un mapa que hace una previsión a diez años para que se impartan titulaciones.

Y no sólo eso, incluso también ha habido modificaciones en fechas. Había titulaciones que estaban previstas para el año dos mil cinco y se han puesto en el año dos mil tres, como Dietética, por ejemplo, como Odontología, que se ha establecido en el año dos mil uno, cuando estaba prevista para el dos mil dos. Eso es un mapa abierto de titulaciones que el Partido Socialista quiere revisar, que no quiere revisar absolutamente nadie más en esta Comunidad Autónoma, pero sí el Partido Socialista. Explíqueme usted por qué, explíqueme usted por qué, y por qué su voluntad es contraria a la de los Rectores. Y por qué, los Rectores, si no manifiestan en ningún momento que quieren revisar el mapa de titulaciones, ustedes sí que quieren hacerlo.

Y respecto a la adaptación a la LOU. Vamos a ver, le he dicho antes que esta Universidad -como todas las Universidades Públicas y Privadas- se adaptarán a la LOU, se adaptarán a la LOU, en cuanto a su funcionamiento, no en cuanto a su reconocimiento. Y le digo -como le decía antes-: Artículo 58 y Artículo 4, mire a ver si tienen tiempo de leerlo, comparar un Artículo con otro, y verá usted que son idénticos, que son idénticos. No obstante lo cual -le repito, como le decía al principio-, no tiene nada que ver. Es decir, si no fuesen idénticos, todavía habría de aplicarse el Artículo 58 de la LRU y no el Artículo 4 de la LOU, y esto es una cuestión de norma... de aplicación transitoria de las normas, que me imagino a usted de algo le sonará.

Sencillamente -y para terminar, señor Presidente-, este Grupo cree -como le decía al principio- en la libertad de empresa, cree en la libertad de enseñanza. Y aunque algunos no lo digan claramente, yo lo que sí que espero, que explique claramente a la sociedad vallisoletana que hay personas en esta Cámara que están en contra de que una empresa íntegramente integrada por capital castellano y leonés, por promotores castellanos y leoneses, decidan invertir 600.000.000 de euros en nuestra ciudad, decidan crear quinientos puestos de trabajo en nuestra ciudad, decidan además establecer un campus de quince mil metros cuadrados en nuestra ciudad, y eso es algo que a algunos no les gusta. Explíquennos, los mismos que se echan las manos a la cabeza, explíquennos y expliquen a la ciudad de Valladolid, por qué... por qué no quieren que se cree en Valladolid, por qué no creen... no quieren que se cree riqueza en Valladolid, y por qué no quieren focos de cultura en Valladolid. Desde luego, este Grupo así lo quiere, y, desde luego, estas propuestas y otras muchas son las que hacen a esta Comunidad Autónoma una Comunidad Autónoma de futuro.

Y, para terminar, una cuestión: no tiene que ver nada el régimen de las Universidades Públicas con el régimen de las Universidades Privadas. No es competencia, no es competencia; es decir, si se establece Periodismo en esta... en esta nueva Universidad, en el futuro Valladolid podrá solicitar Periodismo. No tienen que tener ningún... ni derecho preferente ni no preferente, es decir, son regímenes totalmente distintos. Y no es obstáculo el régimen público de titulaciones al régimen privado de titulaciones. Y en Salamanca usted tiene claro ejemplo con titulaciones que comparten las dos Universidades, titulaciones que tiene la Universidad Privada y no la pública, y titulaciones que tiene la pública y no la privada. Por lo tanto, no confundamos y no tratemos de confundir a nadie, que las cosas están más que claras, y, desde luego, nuestro deseo y nuestro objetivo es claro para que esta Universidad Privada, para que esta empresa privada comience cuanto antes a funcionar en nuestra ciudad. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Para ocupar un turno de réplica, tiene la palabra, por parte del Grupo Socialista, don Cipriano González.

EL SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ:

Gracias, señor Presidente. Hay que ver qué dosis de demagogia suelta usted aquí, señor Portavoz. (Murmullos). Sí, sí, sí. Sí, aunque no le guste, aunque no le guste.

Vamos a ver. Mire, estaba absolutamente seguro de cuál era el argumento que usted iba a utilizar, y era que los socialistas nos oponemos al progreso. Ese es su discurso. Pero no... no, no, yo creo que usted quiere intentar confundirnos a nosotros, y supongo que a otros que estén ahí fuera, para que parezca lo que no es. Le dije desde el principio: los socialistas... -y se lo voy a decir un poquito más alto, porque parece que tiene usted algún problema auditivo-, los socialistas no nos oponemos en absoluto a que se cumpla la Ley en lo que a Universidades Públicas se refiere... privadas -gracias, señor Presidente-, privadas, pero exigimos, exigimos a la Junta -hay que decírselo alto, de verdad, a ver si lo entienden ustedes- que cumpla todas las normas para que eso se haga acorde con el Derecho.

Señor Consejero y Vicepresidente, yo tengo aquí un documento que dice, literalmente, literalmente, que no se corresponde lo que se pide con las necesidades de esta Comunidad -que lo dice aquí, lo dice aquí-, que no se corresponde; dice que no hay... que no se entiende la necesidad, que no hay garantías económicas suficientes; lo dice aquí. Y nosotros le pedimos que esos informes -que ustedes dicen disponer- que dicen lo contrario, se traigan a esta Cámara y se puedan poner a todos los ciudadanos para poderlo defender. Si yo lo que estoy defendiendo es la legalidad, si yo no estoy defendiendo... no estoy en contra de la Universidad Privada, estoy defendiendo la legalidad, y este es el papel que ustedes nos aportan a los Grupos para que podamos evaluar la... el Proyecto de Ley.

Y en este Proyecto de Ley... se lo ha leído don Antonio Herreros, y yo no voy a ser reiterativo, porque tengo muy poquito tiempo. Don Antonio Herreros le ha leído todos y cada uno de los puntos que dice el informe... que no se corresponde lo que dice usted aquí con lo que dice el papel, que es el que nosotros tenemos que... con el que tenemos que trabajar.

Ahora, si ustedes tienen informaciones privilegiadas, si ustedes tienen informaciones reservadas, si ustedes tienen acceso a fuentes de información a las que nosotros... tenemos vedado el asunto, pues entonces yo podré decir tranquilamente y me podré preguntar que a qué intereses sirve usted, a qué intereses; a qué intereses sirve usted. Porque díganos a todo el mundo los datos de los que ustedes disponen. Si a mí me gustaría... Mire, hemos pasado una etapa muy negra -y el señor Consejero lo sabe- con el tema de la SEK; muchas dificultades hemos tenido con el tema de la SEK; muchos padres de alumnos han tenido muchas dificultades con la SEK; algunos profesores siguen teniendo dificultades con la SEK; y todo aquello procedía, entre otras cosas, porque se autorizó una Universidad sin las garantías suficientes, sin las garantías suficientes. ¿Y qué es lo que nosotros queremos?, ¿que no haya aquí empleo? No, a nosotros nos gustaría que los hijos de Enertec pudieran ir a la Universidad, ¿sabe usted?, nos gustaría que pudieran ir a la Universidad.

Y no somos los socialistas los que hablamos de abrir el mapa de titulaciones; algún Procurador que se sienta en estas Cortes ha hablado de nuevas titulaciones en Zamora, por ejemplo, teleco, que no se ha dado. Segundo, algún Procurador que se sienta en estas Cortes ha hablado de teleco en Béjar, que tampoco se ha dicho aquí, ni estaba apuntado. Alguna Diputación y alguna Cámara de Comercio ha hablado de Soria. Y luego usted... y luego usted vuelve a mentir, vuelve a mentir, cuando habla de las titulaciones que se han ido modificando del mapa, para justificar que el mapa es flexible. El mapa lo que decía era que cuando no estuviera creada una... una... una titulación, si se crea después del año noventa y seis, efectivamente, esas nuevas titulaciones son las que son susceptibles de impartir en otras Universidades. Eso es lo que dice el acuerdo del Consejo Interuniversitario de diciembre del noventa y seis en Salamanca.

Por lo tanto, señor Portavoz, no nos venga usted diciendo aquí que esto es flexible. Pero además hay una solución mucho más sencilla: ¿por qué no dejan ustedes que vengan aquí los Rectores y los Presidentes de los Consejos Sociales y nos lo cuenten aquí? Porque yo no tendría ninguna duda, si llegan aquí los Presidentes, el Rector de Valladolid y el Rector de Salamanca, y el de León y el de Burgos, y dicen: "No, señor, no queremos ninguna titulación más. Nos parece muy bien con las que ya tenemos". No. Pero es que a mí me dicen otras cosas otras personas, señor Consejero. Y me dicen que les gustaría que eso se pudiera hacer, pero a veces no hay manera de que podamos entrar en comunicación directa. Y yo le quiero... le digo a usted: ¿qué tiene de malo que nos sentemos en la Comisión de Educación, vengan estas personas, puedan decir exactamente lo que opinan con absoluta franqueza...? Ya ustedes se opusieron aquí en una ocasión en esta Legislatura a que vinieran; no entiendo por qué.

Por lo tanto, señor Consejero, déjenos y deje a los socialistas que también podamos opinar al margen de lo que opinan los Rectores, señor Portavoz. Los socialistas somos un Grupo representativo de esta Región, y pensamos que eso es bueno. Los Rectores podrán pensar lo que quieran; a lo mejor, ustedes siguen pensando que son trasnochados, o que son progres, o que son... No, no, déjelos. Ellos opinarán lo que estimen conveniente.

Este Grupo, en el legítimo uso de las capacidades legislativa que tiene, cree que antes... -fíjese lo que le digo- antes de proceder a la autorización, hay que cumplir dos cosas: una, revisar el mapa de titulaciones; eso se lo volvemos a pedir, y se lo pediremos por activa, por perifrástica y por pasiva con "se". Se lo vamos a pedir de todas las maneras, y tantas veces como sea necesario. Hay que intentar revisar el mapa de titulaciones, porque a este Grupo le quedará siempre la duda de que ustedes han forzado esta situación para no autorizar el cambio de... la modificación de las titulaciones.

Y, por último, vamos a ver, le pregunto... -ya acabo, señor Presidente- yo le pregunto a usted: la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, el Artículo 1 del Proyecto de Ley, ¿menciona la LRU? ¿La menciona, verdad? Habrá que cambiarlo. Tendremos que hacer enmiendas técnicas, tendremos que hacer alguna chapucilla para poderlo arreglar, tendremos que hacer alguna chapuza, digo yo, ¿no?, porque el Grupo Socialista ni ninguno de los Grupos lo ha enmendado. Yo no sé, habrá enmiendas técnicas. Yo he estado leyendo los reglamentos y hay enmiendas para errores, para correcciones gramaticales. Pero yo no he visto... no sé si el señor Letrado nos pudiese alumbrar un poco más.

Lo que le quiero decir es: ¿por qué, señor Portavoz, tiene usted tantas dificultades para entender que sería mucho más fácil el que esta... este Proyecto de Ley, que tiene muy poquitos artículos, lo devuelvan al Gobierno, lo rehagan acorde con la nueva normativa, nos lo traigan aquí con toda la documentación pertinente? Y si este Grupo lo tiene en esas condiciones, este Grupo votará a favor. Pero si no lo hacen así, este Grupo votará en contra, no de la Universidad Privada Miguel de Cervantes -diga usted lo que quiera-, votaremos en contra del Proyecto de Ley que ustedes presentan. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para... el turno de réplica el Grupo Mixto lo van a compartir. Señor Rad, tiene la palabra.

EL SEÑOR RAD MORADILLO:

Gracias, señor Presidente. Y también muy brevemente. En todas las explicaciones que hemos oído en contra al Portavoz del Partido Popular no hemos entendido, o por lo menos no hemos percibido ninguna que nos haga mover de lo que nosotros entendemos es la razón de nuestra oposición a este Proyecto de Ley de creación de la nueva Universidad.

Una Universidad que está injustificada. No entendemos ni su necesidad ni su argumentación. Y por eso rechazamos este Proyecto de Ley.

Yo no sé si se puede presentar el Proyecto de Ley acorde con la nueva Ley de Ordenación Universitaria. Lo que sí que le garantizo es que, aunque ustedes pongan el texto acorde con esa nueva Ley Ordenación Universitaria, con el proyecto de estudios que aquí figura, le tengo garantizado el voto en contra de mi partido, tráigalo una o las veces que quiera.

Creemos que es una Universidad innecesaria porque, fundamentalmente, no contribuye a mejorar el panorama universitario, el panorama de las titulaciones de Castilla y León. Y, desde luego, introduce un factor negativo en lo que creo que debiera ser el objetivo principal de su Consejería, que son las Universidades Públicas que dependen de usted.

Yo, desde luego, si tuviera una preocupación, sería la de aquellos universitarios que no pueden acceder... perdón, aquellos estudiantes de Secundaria que no pueden acceder a la enseñanza universitaria por cuestiones económicas o por cuestiones sociales. Ése debiera ser mi objetivo, y no, desde luego, aquellos que tienen 700.000 pesetas para irse donde quieran.

También tenemos serias dudas sobre algunas de las previsiones que aquí se han hecho. Desde luego, yo tengo serias dudas que una Universidad que tiene previsto tener dos mil quinientos alumnos pueda tener quinientas personas... pueda generar quinientos puestos de trabajo. Tengo mis soberanas dudas de su viabilidad económica.

Y, desde luego, tengo muy fundadas dudas en cuanto a lo que es el objeto: por qué el Partido Popular se empeña en mantener este Proyecto de Ley. Yo... este Proyecto de Ley es un Proyecto, como han sacado ustedes otras cosas en materia de Educación Universitaria, ajeno a la realidad universitaria, en contra de la opinión de las instituciones universitarias -más fundada-, en contra -yo creo que claramente- de ese Dictamen del Consejo de Universidades, y en contra de las declaraciones -las declaraciones libres-, pues, de algunos Rectores de Universidades, más en concreto aquellas sobre las que incide directamente este Proyecto, como la Universidad de Valladolid, que claramente se han posicionado en contra. Yo creo que se pueden hacer bastantes más servicios hacia la comunidad universitaria de Castilla y León, bastantes más servicios que agregar una nueva Universidad, que lo único que hace es entrar en directa competencia con las Universidades existentes.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señor Herreros.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, menos euros, menos euros, que se le llena la boca: 600.000.000 de euros. Si nos atenemos a la información que, incluso, usted ayer, a última hora, debió ser el que nos la pasó, 600.000, 600.000, no 600.000.000. No, no, no. Es que es importante, es que es importante. Y no dos mil quinientos alumnos -ésa es la opción máxima-: dos mil ciento noventa alumnos.

Nosotros somos absolutamente respetuosos con la ley, y nos parece perfecto el que incluso una empresa de la construcción quiera dedicarse a esta materia; es un tanto complejo, un tanto raro de entender y de comprender. Pero si una empresa de la construcción de aquí, de Valladolid, al final decide dejar la construcción por lo que sea o compatibilizarlo con otras, nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente. Ahora, desde el punto de vista formal, ustedes tienen que ser respetuosos también.

Fíjense, tan sencillo como lo siguiente: cuando se remite esa documentación, y se remite con dos informes del Consejo de Universidades, y dicen ustedes que están corregidas, den opción de nuevo al Consejo de Universidades para que venga con un tercer informe en el que diga: efectivamente, hay un reconocimiento de haber hecho las correcciones o las modificaciones pertinentes para atenernos al Real Decreto 558 de mil novecientos noventa y uno, para atenernos a la LRU, si ustedes quieren, o a la Ley Orgánica de Universidades, si les parece también. Pero en este caso concreto -yo lo lamento- no hay ese respeto con lo que es la ordenación jurídica de reconocimiento, no del desarrollo posterior, porque sí exige que haya unos mínimos, y esos mínimos, por el momento, no están cumpliéndose.

Es tan sencillo como sustituir todos los papales, que se los han remitido, por otros nuevos que confirmen, no con sus criterios exclusivamente, sino contrastados con la Asesoría Jurídica y con el Consejo de Universidades. Así de sencillo.

Y digo -que, además, insisto-: respetando la Ley, nosotros estamos absolutamente en contra de la Universidad Privada, sin ningún tipo de ambages, porque creemos que los servicios básicos deben de ser cubiertos por los servicios públicos... Izquierda Unida, no digo el resto de las formaciones políticas. Ahora bien, lo que, además, sí exigimos es que haya ese respeto, haya ese cumplimiento indispensable y mínimo para que podamos atenernos a esa claridad jurídica y a esa certidumbre.

Y decía, por otra parte, Su Señoría: "si ustedes cuestionan el informe de la Asesoría Jurídica General, están planteando un ilícito penal". No creo. Porque ya han sido lo suficientemente hábiles los propios interesados, es decir, la propia letrada que firma y el conforme del Jefe de la Asesoría Jurídica General, para hacer un informe correcto, adecuado, pero advirtiendo: "exclusivamente nos limitamos a examinar la legalidad del texto remitido, no del expediente, que debe de obrar también en poder de ese Consejo Asesor Jurídico".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Para el turno de dúplica, por último, señor De la Hoz tiene la palabra.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Muchas gracias. En primer lugar, lamentar que el Procurador del Grupo Socialista... que ya ha llegado, no iba a decir... iba a referirme sólo y exclusiva... agradezco su presencia, por supuesto.

Vamos a ver, señor González, no hay peor sordo que el que no quiere oír, sinceramente. Y al que acaba de usted llamar demagogo ha tenido que escuchar ahí sentado que "yo quiero que los hijos de Enertec, de los trabajadores de Enertec vayan a la Universidad". ¡Pero qué tiene que ver! Qué tiene que ver el reconocimiento de una Universidad Privada con que los hijos de los trabajadores de Enertec vayan a la Universidad. ¿Me quiere decir qué tiene que ver? ¿Qué relación tiene, por favor? No hay relación alguna. Una cosa es la Universidad Pública, otra cosa es la Universidad Privada; una cosa son las titulaciones públicas, otra cosa son las titulaciones privadas. Y si hay unos señores que quieren voluntariamente establecer una Universidad Privada en Valladolid, pues encantados, encantados. Pero no mezclemos las cosas, no mezclemos las cosas que no tienen nada que ver; no mezclemos las cosas.

Porque es que lo que no se puede hacer y lo que no se puede venir a esta Cámara a decir es que vamos a ver si quedamos bien con la Universidad, pero nos oponemos; es decir, yo estoy a favor de las Universidades Privadas, pero yo me opongo. ¡Hombre, vamos a ver! Vamos a ser serios, vamos a ser serios, y vamos a decir las cosas con claridad. Desde luego, nosotros nos vamos a encargar de decirlo, porque, desde luego, como vallisoletano, me desilusiona muchísimo que haya Grupos Políticos con cierta representación que se opongan a proyectos empresariales en nuestra ciudad. Me desilusiona muchísimo, sinceramente se lo digo. Me desilusiona.

Pero, vamos a ver, y centrándonos en cuestiones más concretas: ¿conoce, señor González, qué es el principio de autonomía universitaria, reconocido por la Constitución también? Pues el principio de autonomía universitaria nos dice que son las Universidades las que eligen qué tipo de enseñanza quieren impartir; es decir, no son ni las personas prestigiosas, ni los Ayuntamientos, ni las Diputaciones las que le dicen a la Universidad de Valladolid, a la Universidad de Salamanca y a la Universidad de León qué titulaciones tienen que impartir. Es decir, si el Rector es el representante de la Universidad de Valladolid, será el Rector el que haya de manifestar si quiere revisar o no el mapa de titulaciones de la Universidad de Valladolid, en el ámbito del Consejo Interuniversitario, que -como usted sabrá, y, si no, se lo explico- es un órgano de representación de las Universidades de nuestra Comunidad Autónoma, en el cual se encuentra también la Junta de Castilla y León.

Y, en cualquier caso, si las Universidades Públicas de nuestra Comunidad Autónoma quisiesen revisar el mapa de titulaciones, podría revisarse el mapa de titulaciones, como se ha hecho.

Y le digo otro error que ha caído usted: Ciencias del Trabajo, efectivamente, nueva titulación. Se pueden incorporar nuevas titulaciones. Le voy a hacer una pregunta: ¿sabe usted si Criminología era una titulación nueva? Ya se lo... se lo contesto yo: no. No era una titulación nueva. ¿Sabe usted si Ingeniero de Geología era una titulación nueva? No, no era una nueva titulación. Eran titulaciones que ya existían y que las Universidades de Salamanca y la Universidad de León quisieron implantar. Eso es la flexibilidad del mapa de titulaciones, señor González; eso es la flexibilidad del mapa de titulaciones. Y lo demás, desde luego, es hacer lo que usted dice que hago yo: demagogia.

Vamos a ver, otra cuestión: la Universidad SEK; mire que estaba esperando, y, sinceramente, le agradezco que lo haya sacado usted, porque yo me resistía a no hablar de ello. Hace muy poco tiempo asistimos en esta Cámara a una intervención de un Procurador Socialista que nos decía y nos hablaba de la absoluta dejadez de la Junta de Castilla y León, del absoluto inhibición de la Junta de Castilla y León en un problema tan grave como el de la Universidad SEK. Era una vergüenza que la autoridad académica, Junta de Castilla y León, se estuviese inhibiendo y no estuviese haciendo absolutamente nada y permitiendo los hechos que estaban ocurriendo en la Universidad SEK.

Casualmente, y recientemente, el Procurador del Común dice que la actuación de la Junta de Castilla y León es absolutamente correcta; casualmente, la actuación de la Junta de Castilla y León es absolutamente correcta, ajustada a Derecho y ajustada a la normativa: LRU, Real Decreto 557/91. ¡Qué casualidad, hombre! ¡Qué casualidad! ¡Fíjese usted!

Es que aquí estamos exactamente lo mismo: "¿qué están haciendo ustedes?", "¿qué va a pasar?", "es que no hay garantías", "es que tal". Mire, vamos a ver, vamos a ser absolutamente serios, vamos a ser absolutamente serios con estas cuestiones.

Le vuelvo a repetir -ahora va a tener usted tiempo-: compare el Artículo 4 de la LOU con el Artículo 58 de la LRU. ¿Vale? Una cuestión.

Otra cuestión: comparemos y miremos principios procedimentales administrativos, expediente iniciado bajo la vigencia de la LRU, aplicación transitoria de la LRU en tanto en cuanto termine el expediente. Eso es básico. Y eso no tengo por qué explicarlo yo aquí. Eso se presupone. Ahora, es que se hace dudar y algunos hacen dudar a la sociedad de que eso sea así. ¿Es que no tiene que adaptarse a la LOU? Efectivamente, tendrá que adaptarse en su funcionamiento -como todas las Universidades de España-, pero no en el reconocimiento, pero no en el reconocimiento, porque esta Universidad Privada se reconoce sobre la base de la LRU, y le repito, además, que coincide.

Y dos cuestiones, señor Herreros: no es lo mismo capital de la sociedad que capital inicial desembolsado del 25%. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con otra. Vamos a ver si aclaramos términos tan claros como este.

Y, sinceramente, pocos argumentos más, aparte de los iniciales. Es decir, "no vamos a meternos con la institución, por si acaso, por si acaso... No vaya a ser que algún miembro de esta Cámara tenga la suerte de ser profesor -como se rumorea-, no nos vamos a meter con este proyecto, pero vamos a oponernos". Y para ello criticamos a la Junta de Castilla y León, para... para ello criticamos al Gobierno.

Vamos a ser claros y vamos a decir sí o no a esta Universidad, sí o no a un proyecto empresarial, sí o no a una inversión importantísima, sí o no a una inversión cultural, sí o no a un proyecto cultural, un proyecto económico que, desde luego, va a generar riqueza en nuestra Comunidad Autónoma. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Se procede a someter a votación las Enmiendas de Totalidad del Grupo Socialista y Grupo Mixto sobre el Proyecto de Universidad Privada en Valladolid "Miguel de Cervantes". ¿Votos a favor de las Enmiendas? Gracias. ¿Votos en contra?

Resultado de la votación: votos emitidos, sesenta y cinco; veintiuno a favor, y cuarenta y cuatro en contra. No hay abstenciones. Las Enmiendas quedan rechazadas, y el Proyecto de Ley será remitido a la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara para que prosiga su tramitación en forma reglamentaria.

Señor Secretario, ruego dé lectura al siguiente y último punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Decimoctavo punto del Orden del Día: "Designación de un Consejero General de Caja de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, y designación de dos Consejeros Generales de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, Caja Duero".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Por lo que respecta a Caja España, el Grupo Parlamentario Socialista propone, para sustituir a don Jaime González González, que ha renunciado, a don Manuel Cañavate Villamil. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, y para su designación como Consejeros de Caja Duero, propone a don Félix Cubilla Romera... Romera en sustitución de don Isaías López Andueza; y a don Agustín Ayuso Jiménez en sustitución de don Francisco de Miguel Huerta.

De acuerdo con las normas que rigen la designación a realizar por esta Cámara de Consejeros Generales de Cajas de Ahorros, se someten a votación. ¿Se aprueban por asentimiento las respectivas propuestas? Se aprueban, y los anteriormente citados quedan designados como Consejeros de Caja España don Manuel Cañavate, y de Caja Duero don Félix Cubillo y don Agustín Ayuso.

Antes de levantar la sesión, el señor Secretario procederá a dar lectura a una Declaración Institucional que, con la firma de los Portavoces de los Grupos, se ha presentado ante esta Presidencia con motivo del día ocho de marzo. Señor Secretario, proceda.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Declaración Institucional con motivo del día ocho de marzo.

"Tras los graves acontecimientos acaecidos en Afganistán, la presencia de un Gobierno que manifiesta su voluntad de trabajar a favor de un sistema democrático, en el que las mujeres puedan disfrutar de libertad, abre una puerta a la esperanza. Sin embargo, la situación sigue siendo difícil, y todavía lo es aún más para las mujeres.

Es necesario modificar muchas cosas para dignificar la vida de las mujeres, garantizarles su derecho a la educación, a la salud, a la independencia económica, a la libertad de movimiento, a su imagen y a ser dueñas de su cuerpo y de su sexualidad; derechos todavía muy lejos de ser una realidad para las mujeres afganas.

En Afganistán, la democracia no será posible sin las mujeres, ni tampoco será posible el desarrollo económico y social. No podremos hablar del cumplimiento de los derechos humanos, si no se garantizan los derechos humanos de las mujeres.

La comunidad internacional debe ayudar a la reconstrucción de Afganistán, no sólo a la reconstrucción económica, sino también al avance social, político y cultural; y este avance debe incluir el desarrollo de una cultura de convivencia que garantice la libertad y la dignidad de las mujeres y su derecho a ser respetadas en un entorno de igualdad. Esta ayuda de la comunidad internacional debe condicionarse a la garantía de los derechos humanos y, de forma específica, a la garantía de los derechos humanos de las mujeres.

El pasado trece de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución en defensa de los derechos de las mujeres de Afganistán, pidiendo a la autoridad provisional afgana, entre otras cosas, el establecimiento lo más pronto posible de medidas que permitan a las mujeres circular libremente, acceder a la educación, recibir atención sanitaria y trabajar, así como la elaboración de leyes que reconozcan la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.

El Pleno del Parlamento de Castilla y León, por mayoría de todos los Grupos Políticos en él representados, acuerda, en el marco de sus competencias, apoyar la Resolución del Parlamento Europeo sobre las mujeres de Afganistán aprobada el trece de diciembre del dos mil uno, y fundamentalmente a los apartados relativos a:

La sugerencia hecha a Naciones Unidas para que designe una ponente para la igualdad de género que vele por el cumplimiento de los compromisos contraídos en relación con las mujeres durante el proceso de transición y reconstrucción de Afganistán.

La solicitud a los Estados donantes, y en particular a la Unión Europea, para que garanticen que las mujeres afganas se beneficien directamente de un 25 a un 30% de las ayudas económicas que se destinen a la reconstrucción de Afganistán.

Y el apoyo a las mujeres que han sufrido y sufren violencia, mediante el desarrollo de programas específicos".

Está firmado por el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Portavoz del Grupo Socialista y el Portavoz del Grupo Mixto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

¿Se aprueba por asentimiento la Declaración? Queda aprobada. Y se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las dieciocho horas cincuenta y cinco minutos).